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Mirna Jiménez
@DiarioCo Latino
El proceso de negociación de los Acuerdos de Paz (1992) entre la guerrilla y el Gobierno salvadoreño, sales no fue inclusivo en lo social ni en lo económico, store según plantea una investigación cuyos avances globales fueron presentados en el foro “El Tránsito de la Guerra a la Paz y de la Paz a la Democracia, Lecciones en El Salvador y el Mundo”, desarrollado en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Dicha investigación, auspiciada por la Fundación Berghof de Alemania, desarrolla un estudio comparado de los mecanismos de inclusión social implementados en los procesos de paz de Colombia, Sudáfrica, Nepal, Indonesia, Sudán del Sur y El Salvador.
Tres se encuentran en fase de transición (menos de 10 años) y en la implementación de la construcción de la paz y de la reforma del Estado. Estos son Indonesia, Nepal y Sudán del Sur.
Según el director de la Fundación Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), Ricardo Córdova Macías, en el caso salvadoreño, “los temas económicos y sociales ocupan un papel relativamente periférico en el corazón de los objetivos del acuerdo político”.
El énfasis “prioritariamente político” en la negociación de la paz en El Salvador, añadió Córdova, se puede revelar ya claramente en el acuerdo previo de Ginebra (abril 1990), pactado entre el gobierno salvadoreño y FMLN, donde se plantean los cuatro objetivos principales del proceso de pacificación en el país.
Estos son: terminar el conflicto armado por la vía política, impulsar la democratización del país, garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña, explicó el académico.
“En el caso de El Salvador, como la negociación se concentró prácticamente en acuerdos políticos, las fuerzas políticas que estaban participando en las mesas de negociación sí se vieron incluidas en los acuerdos logrados”, manifestó por su parte el director del Departamento de Sociología de la UCA, Roberto Oswaldo López.
No se puede decir lo mismo, dijo López, sobre el tema de los acuerdos económicos y sociales “porque los acuerdo económicos y sociales tocaban realidades que tenían que ver con sectores del país que no participaron en la mesa de negociación y que tampoco se han visto invitados a participar en la implementación”.
Se trataría, en todo caso, de una “inclusión parcial”, de acuerdo con el sociólogo, y el “fallo de la negociación” en el punto de la inclusión social obedece a que “los sectores directamente afectados por los problemas económicos y sociales no estuvieron representados”.
Además, toda la implementación de los Acuerdos de Paz “siguió en manos de los sectores políticos”, según López. El director del departamento de Sociología de la UCA consideró que la investigación es importante por el hecho de que la exclusión social es uno de los factores que más conflicto genera en los países, por lo que sin inclusión social, los fenómenos relacionados con las desigualdades seguirán apareciendo.
La Directora de la Fundación Berghof, Véronique Dudouet, explicó los pormenores de la investigación y que a su vez es parte del programa internacional: “cómo evitar la recaída en el conflicto mediante acuerdos Políticos y Construcción de Estado Incluyente” .
Dudouet Dijo que en el estudio se indagaron las siguientes interrogantes: “¿qué tan inclusivos han sido los procesos de negociación?, ¿qué tan inclusivos han sido los procesos de implementación de los acuerdos? y ¿qué tan inclusivos han sido las sociedades que han resultado de estos procesos de paz en esta negociación?”,
Dudouet dijo que, paradójicamente, el concepto de inclusión es muy popular dentro de la comunidad de paz y desarrollo, pero está sumamente sub investigado.
“Lo que encontramos es que se utiliza el concepto de inclusión sin una definición apropiada, sin criterios de medición y sin medios para hacer un análisis crítico para ver quién debería estar incluido, porque quién decide hasta qué punto es suficiente y cuáles son las condiciones supuestamente inclusivas”, destacó.
Dudouet señaló que participación no necesariamente quiere decir inclusión y que alguien puede estar dentro de un proceso, pero no implica que sus opiniones son tomadas en cuenta y en la práctica está excluido.
“No se traduce a influencia real, sustantiva o poder de toma de decisiones, encontramos que participación en términos igualitarios muchas veces es prohibido por desequilibrios estructurales o de capacidad y nos referimos a la presencia sin poder como exclusión interna”, argumentó.
La extranjera comentó que los grupos insurgente siempre han promovido al centro de sus agendas que defienden intereses de grupos excluidos y que por eso se han armado; por ello, la pregunta que se intentó contestar en la investigación es ¿hasta qué punto los antiguos insurgentes que logran ser agentes estatales promueven una política incluyente? o tienden a replicar las prácticas excluyentes de las antiguas élites.
La investigación se ha presentado en los 6 países estudiados y se publicarán todos con el propósito de que llegue a las universidades y gobiernos de turno, para que puedan analizarlos con más profundidad. La fundación Berghof es una organización sin fines de lucro que apoya a las partes de interés y actores de conflictos, en sus esfuerzos por lograr la paz sostenible a través de la construcción de paz y transformación de conflictos.
Jorge Schafik (hijo), quien estaba en el público que asistió al foro, dijo que no hay leyes para la paz, construir de la paz es un proceso de relación entre dos fuerzas, los acuerdos de paz no llegaron porque alguien dijo “ya estuvo seamos condescendientes”.
Según Handal, los Acuerdos de Paz han permitido una rústica, insípida y principiante democracia pero que se puede mejorar, aunque dependerá del desarrollo de las fuerzas sociales.
El hijo del líder histórico Schafik Hándal, dijo que su padre había dicho en su discurso en Chapultepec, México, que el FMLN había logrado los acuerdos, pero el papel prioritario y protagonista pasaba a la sociedad y no hay leyes en estas cosas, sino son principios, argumentó al opinar.
El Foro fue dedicado al jesuita Segundo Montes, uno de los seis sacerdotes asesinados el 16 de noviembre de 1989, en el marco de la ofensiva de la guerrilla contra las fuerzas del Gobierno.
“Han pasado 25 años y la vida de los mártires nos siguen mandando mensajes que nos hacen caer en la cuenta de que todo es posible cuando se trabaja por una causa justa y que aún falta mucho por hacer para que nuestra sociedad logre ser reconocida, ya no solo por la capacidad de soportar tanta tragedias y de tolerar tanta violencia y desigualdad, sino por su capacidad de construir nuevas relaciones y nuevas formas de organización social”, consideró el director del Departamento de Sociología de la UCA, Roberto López.
Añadió que hoy en día la paz sin la justicia, verdad y reconciliación no va a poder sostenerse si la sociedad no se compromete a “transformar las estructuras que sirven de base para la violencia, las desigualdades y la exclusión social que siguen golpeando en la actualidad”, coincide.
