Carta Económica
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En artículos anteriores de la Carta Económica se hizo un análisis de la economía de guerra en El Salvador y el intervencionismo del imperialismo estadounidense en el conflicto armado, view el cual constituyó un negocio altamente lucrativo para Estados Unidos y la Banca Multilateral. Para continuar en esta línea histórica, ask en el presente artículo se realiza una reflexión sobre la situación económica y social en El Salvador luego de la firma de los Acuerdos de Paz.
Hay que recordar que los doce años de conflicto armado en El Salvador repercutió negativamente en la estructura económica, política y social del país, que de por sí ya presentaban profundos problemas estructurales de pobreza, desempleo, violación de los derechos humanos y laborales, asesinatos, torturas, en el marco de una dictadura que duró desde 1930 hasta 1979, cuya función era garantizar los intereses económicos de la oligarquía salvadoreña antes de la guerra de liberación que hizo el pueblo con el FMLN. Esta violación de derechos humanos durante el conflicto armado, significó más de 75 mil muertes, 25 mil desaparecidos, desintegración familiar y migración. La guerra además trajo destrucción de infraestructura pública y privada, y, estancamiento económico y social; con los Acuerdos de Paz se pretendía superar todas estas secuelas históricas que dieron fundamento social y político a la guerra de parte del pueblo, consecuencias que se profundizaron con la guerra.
No obstante, luego de 24 años de los Acuerdos de Paz que se firmaron el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, México, el estado salvadoreño sigue teniendo una deuda con el pueblo ya que dichos Acuerdos no se han cumplido, más allá de los aspectos políticos que permitieron que el FMLN se convirtiera en un partido político legalizado y, por lo tanto, en una fuerza política en el marco de la estructura de la democracia burguesa, que ha buscado cambiar los aspectos estructurales que originaron la guerra, pero hasta ahora no ha podido por la predominancia del gran capital nacional y transnacional en el poder político, como una extensión lógica del poder económico que le da el control del capital en un contrato social, aludiendo a Descartes, entre la burguesía oligárquica, el capital transnacional instalado en el país y el imperialismo americano a través de su estado.
La afirmación anterior es respaldada por una publicación que realizó en el 2012 el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, “luego de dos décadas de haberse firmado la paz, la mayor parte de ciudadanos considera que los Acuerdos de Paz no fueron cumplidos a cabalidad, por lo que el proceso adolece de importantes deudas. Esto sin duda está asociado al balance negativo que en general hace la población sobre la situación del país luego del fin de la guerra. De hecho, para una importante mayoría de la población, este acuerdo político no ha representado una mejora de la situación del país e incluso, prevalece la opinión de que el país se encuentra en una situación aún peor de la que estaba durante el conflicto armado ”. Cabe mencionar que esta negativa apreciación es atribuida fundamentalmente al aumento del crimen, violencia, pobreza y desigualdad que se vive en el país.
Los Acuerdos de Paz pactados entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), establecían una serie de medidas económicas, políticas y sociales que permitirían dar un nuevo rumbo al país. Los puntos centrales que se plasmaron en el documento son: cese al enfrentamiento armado, reestructuración de la Fuerza Armada, creación de la Policía Nacional Civil (PNC), establecimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE), participación política del FMLN, y, búsqueda del desarrollo económico y social del país (tema que se ahondará en este artículo).
En cuanto a los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz en el área económica y social fueron: resolver el problema agrario, otorgar crédito para el sector agropecuario; gestionar cooperación externa directa destinada a impulsar proyectos de asistencia y desarrollo de las comunidades; creación de un Foro para la Concertación Económica; y, establecer y poner en marcha un Plan de Reconstrucción Nacional. Mientras que en tema de seguridad se destaca la creación de la PNC, la cual según el documento de los Acuerdos de Paz, “será el único cuerpo policial armado con competencia nacional. Será su misión la de proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, la de prevenir y combatir toda clase de delitos, así como la de mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como en el rural”. No obstante, vemos que los índices delincuenciales se han incrementado en los últimos años y el país vive en una situación alarmante de inseguridad, esto indica que la PNC, en los 20 años de gobierno de ARENA representante del contrato social mencionado, desde sus inicios fue corrompida por el gran capital, desarrollando una complicidad de forma tal que este siguiera actuando impunemente en su lógica de reconstruir su poder económico.
Por otra parte, en cuanto al tema agrario, es evidente que en el país no se logró ninguna mejoría, al contrario, este rubro fue totalmente desatendido ya que con la implementación del modelo neoliberal instaurado por los gobiernos de ARENA en el año 1989, se desarticuló toda la política de apoyo a la agricultura.
“En el período 1990 – 2012 el PIB Agropecuario redujo su capacidad de aporte al PIB nacional en un 143%, así su peso pasa del 17% de aporte al PIB en el año 1990, a un aporte de apenas el 7% en el año 2012. Esto es un resultado directo de todas las políticas neoliberales, que desmontaron las pocas políticas que existían antes de la reforma neoliberal, de incentivo al sector y además crearon un marco de leyes de apertura de la economía, junto con la dolarización, que hizo que el sector perdiera competitividad y su capacidad de oferta, por lo tanto, no tuviera mayor desarrollo. Este comportamiento se da en una situación de casi estancamiento de la economía en su conjunto, lo que significa que la crisis productiva del sector (producto del neoliberalismo) ha sido y sigue siendo de mayor envergadura en relación a sus impactos negativos en el resto de sectores de la economía real ”. Esta situación se ha continuado agravando con la crisis del café, el mercado internacional del azúcar, los fenómenos naturales adversos a la agricultura, y la falta de una política agrícola en la cual el Estado asuma la transformación del agro en una estrategia donde la agricultura familiar y su agroindustrialización, deje atrás las medidas neoliberales de alivio a este sector.
Si los agricultores contaran con crédito y asistencia técnica para mejorar la producción sin duda el agro del país estaría desarrollado. En este sentido, hay que recordar un compromiso que asumió el gobierno con los productores agrícolas, sin embargo, quedó en letra muerta; “el Gobierno de El Salvador velará porque el sistema financiero nacional cuente con los recursos suficientes para atender la demanda crediticia del sector agropecuario en general, y en especial para la micro y pequeña empresa, la pequeña producción campesina, incluyendo las cooperativas del sector reformado y no reformado. Asimismo, establecerá las normas para los créditos a la producción agrícola e industrial a fin de que éstos sean otorgados oportunamente y que su cuantía sea suficiente para sustentar la capacidad productiva y la comercialización de la producción. Para ese efecto, facilitará el incremento de la participación de los microempresarios y de la pequeña empresa en la cartera de crédito de la banca comercial ”. Es importante señalar que, el crédito agrícola es casi inexistente si le restamos a la cartera agropecuaria de los bancos, el crédito canalizado al café y a la caña de azúcar, los cuales básicamente favorecen a los grandes agricultores, a los ingenios de azúcar y a los beneficios de café de la burguesía oligárquica.
Por otra parte, la poca gestión de cooperación externa directa que se dio en el país no fue destinada a impulsar proyectos de asistencia y desarrollo de las comunidades, sino que al contrario contribuyó al aumento de la deuda externa, afectando así a la población salvadoreña quienes al final terminan pagando.
En cuanto al Foro para la Concertación Económica y Social (FCES) se creó con “la participación igualitaria de los sectores gubernamentales, laboral y empresarial, con el objeto de lograr un conjunto de amplios acuerdos tendientes al desarrollo económico y social del país, en beneficio de todos sus habitantes ”, sin embargo, este foro fue de corta duración.
“El FCES, se desmontó en la víspera electoral de 1994, argumentando los empresarios que no debía contaminarse el Foro, con la campaña política, primera en la que participó la izquierda ex-guerrillera. El fondo de esa decisión avalada por el gobierno de Cristiani, fue no dar reconocimiento y beligerancia social al sindicalismo, y evitar cualquier desarrollo de la organización sindical en las empresas ”. Como podrá advertirse, el gobierno en ese entonces no quería reconocer el papel fundamental de los trabajadores en las decisiones económicas del país, ya que les convenía mantener al margen a la población para seguir aumentando sus riquezas y defendiendo los intereses de la burguesía oligárquica y de las grandes transnacionales. Este Foro fue una artimaña de la derecha del país y su aliado el imperialismo yanqui para tomar el modelo de acumulación capitalista, el cual fue reactivado y reestructurado a partir de las privatizaciones, el robo de la banca, la política fiscal donde el pueblo tiene una fiscalidad promedio del 25.32%, contra una fiscalidad del capital de apenas 3.59% de la riqueza generada por el trabajo. Igual la corrupción en la administración de las finanzas públicas y la corrupción fiscal ha sido otra medida para reestructurar el capital de la burguesía oligárquica en su alianza con el capital transnacional. A continuación podemos ver la matriz básica (Cuadro N° 1) del robo de la banca y su venta a la banca transnacional, que le dio a la burguesía oligárquica el dominio de la economía para construir sus inmensas riquezas, que tiene como contrapartida la pobreza de más del 80% de los hogares del país y un Estado financieramente quebrado.
Por último, también se estableció en los Acuerdos de Paz la creación de un Plan de Reconstrucción Nacional que tenía como objetivos principales “el desarrollo integral de las zonas afectadas por el conflicto, la atención de las necesidades más inmediatas de la población más afectada por el conflicto y de los ex combatientes de ambas partes y la reconstrucción de la infraestructura dañada. En particular, en el contexto de los programas nacionales correspondientes, se adoptarán medidas tendientes a facilitar la reincorporación del FMLN a la vida civil, institucional y política del país, incluyendo programas tales como becas, empleos y pensiones, programas de vivienda y para la instalación de empresas.
El Plan brindará especial atención a la necesidad de fomentar la creación de oportunidades de empleo masivo y el aumento de la producción de alimentos básicos, la cual gozará de promoción prioritaria de parte del Estado. Para tal propósito, el Gobierno promoverá el desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales y garantizará la prestación de servicios sociales básicos, e iniciará la construcción y rehabilitación de la infraestructura económica y social. Asimismo, el Plan de Reconstrucción Nacional incorporará programas que beneficien tanto a los lisiados como a los familiares de las víctimas entre la población civil”.
El Plan de Reconstrucción Nacional hasta ahora no ha existido, en su lugar se estableció el modelo neoliberal que en Junio próximo cumple 28 años, el cual además de favorecer a la burguesía oligárquica ha favorecido al capital transnacional (como podemos ver en el Cuadro N° 2), que ha sacado del país sólo entre el año 2001 y el 2015 más de 15,000 millones de dólares por utilidades y repatriación de capital, desangrando al país y, por lo tanto, siendo una de las causas claras de la falta de inversión, del gran desempleo y la pobreza.
Así, el Plan de Reconstrucción o neoliberalismo, hace que sus objetivos fueran totalmente negados, ya que en la actualidad persiste la pobreza, desigualdad, desempleo, mala infraestructura y las condiciones de vida de los pensionados y excombatientes son indignas.
En síntesis, no ha habido desarrollo y tampoco crecimiento, lo que tenemos es una economía en una lógica entre el estancamiento y la recesión, después de la firma de los Acuerdos de Paz. Ver el Gráfico N° 1. Este nos muestra que la economía en el país no mejoró, al contrario se ha visto un retroceso, como resultado de la dolarización, privatización y firma de tratados de libre comercio que no han traído beneficios para El Salvador.
En conclusión, a 24 años de la firma de los Acuerdos de Paz, el Estado tiene una deuda creciente con el pueblo salvadoreño.
Esto en la medida que tiene al pueblo sumergido en una situación de pobreza, estancamiento y lento crecimiento. Lo anterior, como producto de la implementación de medidas y políticas tendientes a la desregulación y liberalización del mercado que conforman el Modelo Neoliberal, que fue en lo que se convirtieron los Acuerdos de Paz en el campo económico.
Este como ya mencionamos, promovió la acumulación y centralización de la riqueza en manos de la burguesía oligárquica y el capital transnacional. Sin duda, los Acuerdos de Paz en la práctica, solo constituyeron, un acuerdo político para redefinir el poder económico de la burguesía oligárquica de El Salvador, en su alianza con el capital transnacional y el imperialismo yanqui.