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Por Leonel Herrera*
Los Acuerdos de Paz y el “consenso nacional anti minero” son, sin duda, los acuerdos más relevantes en la historia salvadoreña. Los primeros pusieron fin a doce años de cruenta guerra civil y a cinco décadas de militarismo atroz, permitieron importantes reformas institucionales y abrieron un proceso de democratización del país; mientras que el segundo evitó un desastre ambiental de nefastas consecuencias, que ponía en peligro la continuidad de la vida misma.
Ambos acuerdos nacionales convirtieron a El Salvador en un ejemplo para el mundo: por ser el único país que resolvió exitosamente una guerra interna, a través de diálogo y negociación política; y por ser también el único en prohibir, por ley, la minería de metales. Sin embargo, los Acuerdos de Paz han sido desmantelados por el actual gobierno y el “consenso nacional anti minero” podría ser igualmente revertido si la ciudadanía lo permite.
Los Acuerdos de Paz fueron posibles por la demanda de la población cansada de la guerra, el convencimiento de las partes enfrentadas (ejército gubernamental y guerrilla) sobre la imposibilidad de una victoria militar y el acompañamiento de Naciones Unidas, países amigos y otros actores de la comunidad internacional; y el “consenso nacional anti minero” se logró porque los distintos sectores nacionales coincidieron en que esta industria extractiva es inviable en el país debido a la estrechez territorial, la alta densidad poblacional y el grave deterioro de los recursos hídricos.
Los Acuerdos de Paz, firmados en enero de 1992, se concretaron con reformas constitucionales y nuevas leyes que institucionalizaron la reforma judicial, la depuración de la Fuerza Armada y la creación de la Policía Nacional Civil (PNC), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Tribunal Supremo Electoral (TSE); mientras que el “consenso nacional anti minero” se materializó en la Ley Prohibitiva de la Minería Metálica, aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa, en marzo de 2017.
Los Acuerdos de Paz fueron desmantelados en tiempo récord por el régimen de Nayib Bukele. En menos de cuatro años, este gobierno desnaturalizó la PNC, politizó la Fuerza Armada, cooptó al TSE y acabó con la institucionalidad, independencia judicial y separación de poderes. Para justificar este grave retroceso nacional, los sepultureros de los Acuerdos pregonan un discurso negacionista de la historia según el cual “la guerra no existió” y “los Acuerdos de Paz son una farsa”.
Y ahora todo apunta a que el bukelismo se apresta a revertir también el “consenso nacional anti minero”. Aunque todavía no ha derogado la Ley Prohibitiva de la Minería Metálica, en mayo de 2021 este régimen incorporó a El Salvador a un foro de países que promueven la “minería sostenible”, en octubre del mismo año aprobó una nueva Ley de Creación de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, y en el presupuesto estatal del 2023 incluyó una partida de 4.5 millones de dólares para “revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería”.
La detención arbitraria e injusta de los representantes de Santa Marta y ADES tiene que ver con ambos procesos. Sobre el desmontaje de los Acuerdos de Paz, la captura de los líderes comunitarios busca estigmatizar como delincuentes a protagonistas del proceso de paz y criminalizar cualquier organización actual que tenga conexión con las luchas revolucionarias del pasado; y con respecto al intento de desmantelar el “consenso nacional anti minero”, la criminalización de los defensores ambientales pretende debilitar la resistencia comunitaria para reactivar la minería.
Por eso la Fiscalía General de la República y el Sistema Judicial actúa implacables en este caso: el Juzgado de Paz de Victoria decretó detención provisional sin ningún argumento y el Tribunal de Primera Instancia de Sensuntepeque rechazó la petición de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, a pesar de los problemas de salud de los detenidos que padecen enfermedades crónicas, la ausencia del peligro de fuga y aun cuando en otros casos sobre delitos del conflicto armado los acusados son procesados en libertad.
Fiscalía y sistema de (in) justicia se comportan como verdugos de los líderes de Santa Marta y ADES. Parece que quieren, a toda costa, que este arbitrario proceso judicial continúe y que los defensores ambientales sigan en prisión, porque hay que terminar de sepultar los Acuerdos de Paz y comenzar a revertir el “consenso nacional anti minero”. Ése es el nefasto objetivo que se enconde detrás de la aparente intención de investigar un supuesto delito de la guerra.
*Periodista y activista social.
