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@RoxmeryLopez
La imputación a Mario Antonio Ruíz Ramírez, clinic rector de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), presentada en septiembre pasado en la Fiscalía General de la República, por supuesta estafa agravada contra JM Telcom S.A de C.V., debido a un desembolso económico no realizado a dicha empresa, no tiene validez, sostuvo la abogada del acusado.
En abril de 2012, la UFG adquirió un equipo de videoconferencia de la compañía UPC Group. El monto de dicha inversión fue de 67 mil dólares, según consta en comprobantes de abono bancario realizados por la universidad, que respalda con facturas que la empresa en mención generó para constatar la cancelación de dicho pago, que nunca transfirió a su proveedor JM Telcom S.A de C.V.
De tal manera, que el rector Mario Ruiz habría cancelado la deuda. Además, ellos poseen la documentación pertinente que va a ser expuesta en la etapa de instrucción, que es la fase comprobatoria para aclarar que la acusación carece de todo fundamento legal en contra de la universidad, cuyo representante legal es el Rector Ruiz.
“La UFG tuvo una relación comercial con UPC Group, instancia que no ha desembolsado el dinero a JM Telcom S.A de C.V, sociedad con quien nunca la universidad sostuvo una relación directa de forma contractual”, declaró Yalile Flores, abogada defensora.
El proceso de instrucción se desarrolla en el Juzgado Tercero de Paz. Este contempla la parte de comprobación, es decir, la exposición de toda la documentación necesaria por parte de los abogados defensores. En esta etapa del proceso, se dictamina si se procede el siguiente nivel. En caso de que siga su curso, la etapa de instrucción durará un par de meses más de investigación antes de que se dicte sentencia. Por otro lado, el acusado se encuentra fuera del país, en Nicaragua, en un evento educativo en el que ha sido invitado por la Universidad Católica “Redemptoris Mater” (UNICA). Sin embargo, por lo que está siendo procesando como imputado ausente.
Pese a las acusaciones hechas al rector de la UFG, Flores afirmó que la comunidad educativa se encuentra tranquila, ya que cuentan con todas las pruebas pertinentes que desligan, en su totalidad, a la universidad de la acusación.
Por otra parte, una vez esclarecido el problema, la universidad y el rector se reservarán todos los derechos de ir en contra de la persona que los difamó, expresó la abogada del académico.
