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Santiago de Chile/Prensa Latina
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue acusado este jueves ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad desde el inicio de la revuelta social en octubre de 2019.
La acusación fue presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) y el exjuez español Baltazar Garzón, muy conocido por su participación en una acusación contra el dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990).
Una declaración del presidente de la CChDH, Carlos Margotta, señala que recurrir a esa instancia internacional es un deber y un derecho ‘cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables’ de tales hechos.
La declaración denuncia los homicidios, torturas –incluida las sexuales-, traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, lesiones graves, detenciones arbitrarias, cometidas por agentes estatales en contra de miles de chilenos en el marco de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos.
Asimismo señala el incumplimiento del Gobierno a las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y asegura que los ataques a la población civil por agentes del Estado, entre octubre de 2019 y abril de 2021, han persistido.
Esto, puntualiza, ‘mediante patrones de conducta apartados de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos’.
Asimismo, advierte que los tribunales de justicia ha impuesto medidas cautelares de prisión preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social.
Califica ese accionar de ‘asimétrica conducta’, pues en cambio, ‘han liberado de responsabilidad a los agentes del Estado y autoridades de los altos mandos y autoridades civiles aquiescentes, involucradas en las violaciones masivas, graves y sistemáticas cometidas desde octubre de 2019 a la fecha’.
Los denunciantes apuntan la omisión de la Fiscalía Nacional en ‘su deber constitucional y legal de investigar’, al disponer el cierre de más del 55 por ciento de las investigaciones por denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, impidiendo así el acceso de las víctimas al derecho a la Justicia. El documento fue firmado también por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), Vanessa Ramos, de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), representado por Fabio Marcelli.
