Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
En el contexto de la emergencia nacional por las lluvias, organizaciones sociales manifestaron que el gobierno actual ha “abandonado la gestión de riesgos en el país”. Asimismo, exigieron que se retomen las acciones de mantenimiento adecuado de canales y bordas en el Bajo Lempa.
“Es una preocupación que emana debido a todas las situaciones de desastres que está enfrentando el país (…) ya son varias vidas humanas las que hemos perdido y también hay varios daños en diferentes zonas del país. Creemos que son resultado también de la forma en cómo se gestionan o se mitigan este tipo de fenómenos naturales”, dijo Marisela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP).
El gobierno decretó Alerta Naranja desde el viernes 14 de junio a causa de la afectación por lluvias intensas, y de tipo temporal, según pronósticos de organismos meteorológicos nacionales. Fue hasta el domingo 16 de junio que se emitió la Alerta Roja y se decretó Estado de emergencia nacional.
El BRP señala que, en los informes actuales del Sistema Nacional de Protección Civil, las incidencias del 18 de junio aún no han incluido a las familias que ya habían sido afectadas por la pérdida de cultivos anterior a la Alerta Roja.
“Los daños ocasionados por las lluvias dejaron en evidencia a una institucionalidad gubernamental que, por un lado, es completamente ausente para garantizar la prevención de riesgos, y por otro, se dedica a la concesión ilimitada de permisos de construcción, afectando áreas naturales que deben ser protegidas y aumentando la vulnerabilidad de la población y ecosistemas”, denunció el BRP.
Asimismo, señala que el cambio climático es causado por la emisión de gases de efecto invernadero que resultan de las actividades diarias propiciadas por las grandes corporaciones empresariales.
“Actualmente, el cambio climático se manifiesta a través de eventos climáticos extremos: incremento de períodos de sequía, aumento de la temperatura, lluvias intensas, tormentas y huracanes más fuertes que en el pasado reciente”, comentó María Inés Dávila, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico.
De la misma manera, el BRP mencionó que la desigualdad socioeconómica entre personas enriquecidas y personas empobrecidas es cada vez mayor. Como también, “un pequeño grupo de empresarios ricos controla la mayoría de los recursos económicos y tecnológicos del mundo. Este grupo utiliza estos recursos en beneficio propio, sin importar que, como consecuencia, se dañe el ambiente y se empobrezca a la mayoría de la humanidad”.
En este sentido, el BRP enfatizó que la mayoría de la población a escala mundial sufre las consecuencias del cambio climático en condiciones desventajosas. Además, viven en áreas muy propensas a lluvias intensas y sequías, y no cuentan con los recursos necesarios para protegerse y prepararse ante cualquier emergencia.
“En nuestra nación, un grupo conocido como el clan Bukele ha tomado ilegalmente el control del gobierno con el objetivo de enriquecerse rápidamente. Este grupo está explotando los recursos del Estado y perjudicando a grandes sectores de la población. Como resultado de las acciones gubernamentales y empresariales se está agravando el deterioro del medio ambiente”, sostuvo.
“El gobierno salvadoreño ha abandonado la gestión de riesgos y ha descuidado el mantenimiento de las infraestructuras que protegen las áreas vulnerables a inundaciones. Por ejemplo, a pesar de las repetidas peticiones de las comunidades del Bajo Lempa, de Tecoluca y Jiquilisco, el gobierno no ha invertido en el mantenimiento de los canales y bordas que reducen el riesgo de inundaciones en la zona”, agregó el BRP.
Las organizaciones sociales exigieron que se retomen las acciones de mantenimiento adecuado de los canales y bordas en el Bajo Lempa, ya que es una de las áreas más afectadas a escala nacional. También que se reactiven los espacios de participación ciudadana en el sistema de protección civil.
Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, mencionó que “el efecto pudo haber sido menor, pero el desmantelamiento de las 262 comisiones municipales de Protección Civil ha sido una de las principales causas” por las que no se manejó adecuadamente la emergencia.
“El Salvador ya tenía experiencia (…) los fenómenos naturales no se pueden detener, pero se puede preparar para ello, no en el momento del evento, sino que prepararse con tiempo”, concluyó Ramírez.
