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Saúl Méndez
Colaborador
La Asociación de Desarrollo Económico Social “Santa Marta” (ADES) denunció la posible «implicación ética y conflicto de interés» por parte Hugo Banzer Flores Alas, juez del Tribunal de Sentencia de San Vicente, por lo que piden que se separe del caso «Santa Marta». Según la organización, su presunta vinculación con la Guardia Nacional comprometería su imparcialidad en el proceso contra los ambientalista de ADES.
César Fuentes, comunicador salvadoreño radicado en Estados Unidos y quien dice haber sido compañero de Flores Alas, en la Guardia Nacional, aseguró que el ahora juez fue su subalterno en dicho cuerpo de seguridad estatal.
ADES sostiene que un exmiembro de la Guardia Nacional no puede juzgar a antiguos integrantes de una organización beligerante del conflicto armado en un caso que se remonta a hechos supuestamente ocurridos durante la guerra civil.
«Nos sorprende que, con semejante impedimento ético y legal, Flores Alas no se haya apartado del caso desde el inicio», mencionó la organización.
La información, revelada esta semana, ha generado serias dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial. El segundo proceso de vista pública, que representa un doble juzgamiento, responde a un supuesto asesinato ocurrido durante el conflicto armado.
Para ADES, el pasado militar del juez constituye un serio obstáculo para garantizar un juicio justo, ya que estaría juzgando a excombatientes que, durante la guerra, fueron sus adversarios.
Los miembros de ADES manifestaron su desconfianza en la calidad del proceso judicial. De igual manera, señalaron los supuestos vinculos del juez Flores Alas con cuestionados actores políticos, revelados por Cesar Fuentes, su antiguo compañero de armas. «Creemos que el juez en cuestión no tiene condiciones para actuar de manera imparcial y justa», afirmaron.
Por este motivo, pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se investiguen las implicaciones éticas y legales del posible conflicto de interés del juez en el proceso judicial contra los activistas ambientales de Cabañas. «No descartamos recurrir formalmente a la Dirección de Investigación Judicial de la CSJ con tal propósito», declaró la organización.
Asimismo, exigen al presidente Nayib Bukele que permita el acceso a los archivos militares para determinar qué jueces y magistrados pertenecieron al ejército y a los cuerpos de seguridad estatales, y que, por tanto, tienen conflictos de interés en casos relacionados al conflicto armado.
«Bukele debe cumplir su compromiso de abrir esos archivos de la A a la Z», como lo prometió en algún memento, recordaron.
Los miembros de la comunidad de Santa Marta han rechazado la repetición de la vista pública contra los cinco líderes ambientalistas de ADES. Alegan que es un doble juzgamiento para los líderes que ya habían sido absueltos por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque en 2024.
«También denunciamos la nueva fase de persecución con la orden de recaptura emitida por el Juzgado de Sentencia de San Vicente», manifestó la organización.
