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Por Leonel Herrera*
La comunidad Santa Marta y la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) han exigido durante más de 30 años justicia por las horrendas masacres cometidas por el ejército salvadoreño durante la guerra civil; sin embargo, la Fiscalía y el Sistema judicial responden criminalizando a la comunidad y a su Asociación, en vez de perseguir a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidas en su contra. Esto es la “justicia al revés”, en cuya lógica absurda la víctima es victimaria y el victimario es víctima.
Como muchas comunidades rurales de El Salvador, Santa Marta, ubicada en el norte del departamento de Cabañas, sufrió varias masacres que obligaron a sus pobladores a huir masivamente hacia Honduras. Una de éstas es la “Masacre del Río Lempa”, perpetrada entre el 15 y el 18 de marzo de 1981, a inicios de la guerra civil, donde murieron más de 200 personas, en los primeros operativos de “tierra arrasada” realizados por el ejército gubernamental con el objetivo de “quitarle el agua al pez”, es decir: aniquilar a la población civil considerada base social de la guerrilla.
(https://focostv.com/los-
Estas masacres fueron cometidas por las tropas del Destacamento Militar No 2 de Sensuntepeque, dirigidas por el recién fallecido coronel Sigfredo Ochoa Pérez, con el apoyo de batallones élites, como el Atlacatl, entrenados por el gobierno de Estados Unidos en la tristemente célebre “Escuela de las Américas”. Y la terrorífica estrategia de “tierra arrasada” fue implementada primero por el ejército norteamericano en Vietnam, luego por los militares genocidas guatemaltecos contra las comunidades indígenas y después en El Salvador.
Sumando las víctimas de -al menos- cinco masacres en Santa Marta y otros cantones cercanos del municipio de Victoria, los masacrados son entre 900 y 1,000 personas, según registros de la comunidad y de ADES. Estos crímenes permanecen en total impunidad, como también las masacres de El Mozote, El Sumpul, Las Hojas, El Junquillo, etc. En igual situación está la masacre de los padres jesuitas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), el magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y miles de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas.
Y frente a este panorama vergonzoso de falta de justicia, el régimen actual no solo perpetúa la impunidad de los autores intelectuales y materiales, sino que hace algo todavía más perverso: burlarse de las víctimas. Por ejemplo, en diciembre de 2020 el presidente Nayib Bukele fue a decirle en su cara a los familiares de las víctimas de El Mozote que la guerra civil y los Acuerdos de Paz “son una farsa” y luego le impidió al juez que investigaba la masacre acceder a los archivos militares que contenían información relevante sobre el caso.
Para Santa Marta la burla incluye un engaño impropio de cualquier instancia estatal mínimamente seria y respetuosa de la dignidad humana. A finales de 2022 personeros de la Fiscalía recorrieron la comunidad, entrevistaron a varios pobladores y reunieron a su liderazgo para decirle que estaban investigando las masacres, que sus demandas habían sido escuchadas y que -por fin- tendrían justicia para sus víctimas. Sin embargo, los capturados el pasado 11 de enero no fueron los verdugos de Santa Marta, sino tres miembros de la comunidad y dos representantes de ADES.
Esta es una burla extrema, contra una víctima como si fuera la victimaria, por un sistema de “justicia al revés”. Así trata el régimen del presidente Bukele y sus hermanos a una comunidad heroica que es ejemplo en organización y lucha social, reivindicación de la memoria histórica y promoción del desarrollo humano integral; así trata también a una Asociación defensora de derechos humanos y del medioambiente que tuvo un rol fundamental para librar al país de la nociva minería metálica, la cual habría causado un terrible desastre ecológico e inviabilizado la continuidad de la vida.
Esta arremetida de la “justicia al revés” contra Santa Marta y ADES es -como planteé en un artículo anterior- intimidar, debilitar y desarticular a una comunidad y una Asociación que representa el principal obstáculo para la tenebrosa pretensión gubernamental de reactivar los proyectos extractivos proscritos en forma definitiva en la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada por unanimidad en marzo de 2017 como resultado de un amplio consenso nacional anti minero basado en que “el agua vale más que el oro” y “la vida es más importante que la minería”.
(https://www.diariocolatino.
*Periodista y activista.
