Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En la madrugada del 11 de enero de 2023, un combinado de policías y militares rodearon la Comunidad Santa Marta y las oficinas de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), en San Isidro, departamento de Cabañas.
El fin era la captura de los dirigentes comunitarios Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes comunitarios y directivos Ades, que ahora cumplen 20 meses de un proceso judicial arbitrario. El supuesto hecho corresponde a un asesinato ocurrido durante la guerra civil.
“Tal como ha señalado Naciones Unidas a través de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, este caso reúne todas las características de un proceso de persecución judicial contra defensores del derecho a un medioambiente sano”, dijo Vidalina Morales, directiva de ADES Santa Marta.
“Antonio Pacheco y los demás compañeros criminalizados fueron protagonistas de la lucha heroica que logró la prohibición de la minería metálica. Y ahora tienen un rol importante en la defensa del agua, los ecosistemas y la vida gravemente amenazada por empresas extractivas cuya presencia en nuestros territorios ha sido confirmada por investigaciones periodísticas”, agregó.
Los cinco ambientalistas detenidos el 11 enero de 2023 pasaron los primeros ocho meses encarcelados, en condiciones inhumanas y bajo medidas delr égimen de excepción. Ahora, en su arresto domiciliario, tienen problemas de salud y afectaciones de tipo psicoemocional, por lo que su salud es aún delicada.
La comunidad Santa Marta y organizaciones populares han reiterado el rechazo a esta acusación penal que, explican, está basada en “declaraciones contradictorias” de un testigo protegido que se contradijo al decir que presenció los hechos y, luego, corrigió diciendo que le contaron lo sucedido.
Asimismo, las organizaciones reiteran que la Fiscalía General de la República no cuenta con evidencias de la existencia de los supuestos delitos y -menos- pruebas reales de la participación de los detenidos en su cometimiento.
“Queremos recordar a la población que ya hemos vivido situaciones similares en Cabañas, recuerdo allá por el 2009, la situación se volvió tensa para las comunidades en resistencia a la minería metálica y que culminó con asesinatos de nuestros ambientalistas y que quedaron en total impunidad”, indicó Morales.
“Y pensamos que toda esta criminalización contra nuestros compañeros es justamente despejar el camino para que entre la minería metálica al territorio, los indicios son más que evidentes en este país. De esos intereses mezquinos de las empresas nacionales e internacionales de la industria minera, pese a existir un marco jurídico que lo prohibe”, reiteró.
Entramos en “alerta” por la Vista Pública de nuestros compañeros
Alfredo Leiva, líder de la Comunidad Santa Marta, afirmó que seguirán denunciando y exigiendo justicia para sus compañeros procesados. Y principalmente llamó a la Fiscalía General de la República, al Sistema Judicial y al Gobierno mismo, cesar la instrumentalización de la justicia para dar persecución a personas defensoras del medioambiente y derechos humanos.
“Exigimos que realice un proceso justo de cara a la audiencia de Vista Pública a desarrollarse los días 8, 9 y 10 de octubre próximo. Esta es la oportunidad de hacer justicia y finalizar con este injusto proceso judicial en contra de los compañeros y que ellos puedan quedar en libertad e incorporarse a sus trabajos y defensa de nuestro territorio seriamente amenazado por intereses extractivistas que han puesto los ojos en el país”, expresó.
“Nuestra expectativa es que se resuelva el caso; pero, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, hay intenciones de trasfondo político del caso de nuestros compañeros, que nos lleva a prepararnos a condiciones diferentes, si es que no se puede resolver su libertad”, manifestó Leiva.
La petición colectiva de la comunidad Santa Marta y Ades fue a crear un colectivo junto a las comunidades, organizaciones no gubernamentales y sociedad en general, para impedir que se urda un “precendente negativo a derechos ciudadanos”.
Señalan que el manejo del régimen de excepción no sólo se ha utilizado para perseguir la criminalidad en el país, sino también, para amedrentar las voces críticas de opositores políticos y ahora a personas defensoras de derechos humanos.
“Y por esto hacemos el llamado cuando decimos que nos ponemos en emergencia, es para mantener la alerta y evitar que se pueda dar una condena en esta audiencia. Que sería una condena a muerte dada las condiciones del sistema carcelario y las condiciones de salud de los compañeros”, alegó Leiva.
Crisis ambiental y la criminalización de personas defensoras
Para el abogado Luis González, de la Mesa la Nacional frente a la Minería Metálica, el caso de los cinco ambientalistas de ADES-Santa Marta es una muestra de la “criminalización de los defensores ambientales”, que está en auge en el país.
“Lo preocupante es que somos un país con alta vulnerabilidad ambiental que se ve incrementada por actividades o industrias extractivistas como la minería metálica, que es ignorada por el Gobierno, pese a hacer pública varias veces las muestras de la reactivación minera en el país. Y en esta lógica, frente a la magnitud de la crisis y frente a esta vulnerabilidad contra los derechos de las personas defensoras, enfrentamos este proceso”, argumentó.
“Lo lógico sería que a las personas defensoras se les proteja, se les resguarde y se promueva su trabajo, pero lo que tenemos es una realidad contraria. Aquí los defensores están criminalizados y en el caso de la minería metálica, que es una actividad proscrita por el Estado salvadoreño, es todavía más grave estos indicios de reactivación” acotó González.
Las organizaciones ambientalistas que acompañan a la Comunidad Santa Marta Ades expresaron que las últimas medidas tomadas por el Gobierno actual les obliga a pensar que existe un intento de eliminar cualquier tipo de oposición a esta industria en el país, pese a lo lesiva que es contra el medioambiente y la salud de la población.
Solidaridad internacional con los ambientalistas de Santa Marta
“A partir del llamado de la Comunidad Santa Marta y ADES, y otras organizaciones salvadoreñas, ahora vamos a lanzar también una convocatoria internacional de acciones de solidaridad con los compañeros de Santa Marta, fuera de El Salvador”, dijo Pedro Cabezas, representante de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN). Sobre la campaña de solidaridad con los cinco ambientalistas de Cabañas, estará activa desde el 22 de septiembre al 4 de octubre, en donde habrá plantones, protestas y giras de conferencias en Estados Unidos, Canadá y Europa.
“El día 25 de septiembre hemos convocado a la Comunidad Internacional, para abocarse a los diferentes consulados y embajadas de El Salvador en diferentes partes del mundo. Tenemos ya cuatro confirmaciones de conferencias, plantones y presentación de peticiones, acciones que fuera del país puedan hacer presión para que el Gobierno por fin deje la persecución contra los compañeros de Santa Marta”, puntualizó Cabezas.