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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La captura de Antonio Pacheco, director de ADES, el jurídico Saúl Rivas y los líderes comunitarios Pedro Antonio Rivas, Alejandro Laínez y Miguel Gámez, fue denunciada por miembros de la comunidad Santa Marta e integrantes de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES).
La comunidad denunció que en la madrugada de este miércoles 11 de enero, miembros de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron el allanamiento de los hogares y detención de los ahora capturados.
En su pronunciamiento detallaron que ante los habitantes de la comunidad Santa Marta, el fiscal dio lectura de la orden de detención en donde vinculan a los ahora capturados con un hecho ocurrido durante el conflicto armado en los años ochenta. A la que sumaron la pertenencia a “asociaciones ilícitas”, que consideraron irresponsable en términos del contexto actual salvadoreño por el Estado de Excepción que hoy cumple 10 meses de implementado.
Mientras en las redes sociales la Fiscalía General, Rodolfo Delgado, fiscal general, informó de la captura de los tres líderes comunales. “En agosto de 1989, María Inés Alvarenga fue sacada de su casa en el cantón Santa Marta, Cabañas, por guerrilleros del FMLN. La acusaban de colaborar con el ejército, por lo que fue torturada y ejecutada”, dice el tuit del fisacal general.
Para la población de Santa Marta, las capturas se deben a un “entramado que pone en evidencia la construcción de un caso en forma exprés”, lo que tiene como finalidad real un ataque directo a la comunidad Santa Marta y la Asociación ADES y sus liderazgos.
“Nos parece indignante y sospechoso que a casi a 31 años del fin de la guerra civil salvadoreña y a 40 años de las atrocidades cometidas contra la población civil de Santa Marta, donde fueron cometidas incontables violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, el Estado salvadoreño no fue capaz de judicializar un solo caso, y hoy, cuando dicen actuar, revictimizan a la misma comunidad, algo que a todas luces es una venganza política”, sostuvieron.
“Los voceros de la fiscalía presentes en la comunidad aseguraron que el caso no tiene nada que ver con el régimen de excepción, por lo que esperamos que antes de las 72 horas se realice una audiencia inicial y se siga el debido proceso”, dijeron los representates de la comunidad. Por lo que llamaron a la Comunidad Internacional y población en general a exigirle al Estado salvadoreño el respeto de la población.
Entre las reacciones de las capturas de los líderes de ADES, Ariela González, abogada de FESPAD, expresó que se encuentran monitoreando la situación que ha pasado en la Comunidad Santa Marta y su organización de derechos Humanos ADES.
“Lo que sabemos es que las capturas de estas personas que pertenecen a la organización tiene una connotación de hechos que ocurrieron durante el conflicto armado“, señaló.
“Y llama profundamente la atención de FESPAD, que la Comunidad Santa Marta, que fue altamente violentada durante la década del conflicto armado por la Fuerza Armada y cuerpos represivos, sus casos tengan poco avance de investigación por parte de la Fiscalía General de la República, sobre esos hechos ocurridos”, acotó González.
En cuanto a las capturas, la abogada de FESPAD señaló que los detenidos tienen derecho a hacerse de una representación legal para su defensa ante el juzgado de paz y ser informados de sus derechos de forma inmediata. Ya que están fuera de la aplicación del Régimen de Excepción.
Otro de los pronunciamientos públicos fue el de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, de la cual, ADES Santa Marta es integrante de la lucha contra la minería en el país, y exigieron el respeto a la vida de los defensores ambientalistas.
“Nuestra solidaridad con los defensores ambientales capturados en las oficinas de ADES Santa Marta, así como a liderazgos de la comunidad, en un hecho registrado en horas de la madrugada de este miércoles 11 de enero de 2023 por la orden de la Fiscalía General de la República; acompañamos a su familias y personal de una de nuestras organizaciones”, expresó.
“Reconocemos el trabajo desempeñados por ADES Santa Marta, en defensa de los derechos humanos y ambientales, especialmente en la defensa del derecho humano al agua y contra los intereses de las empresas mineras en el departamento de Cabañas, en donde se instaló Pacific Rim/Oceana Gold, quien perdió su demanda millonaria contra el Estado salvadoreño (2016)”, reseñó.
“Demandamos de las autoridades el respeto a la integridad física y moral de los defensores detenidos, garantizar el debido proceso, sus derechos humanos, y que se facilite el acceso a la representación legal de los compañeros capturados, ya que la situación en los centros de detención en el país es crítica”, reiteró.
En similares términos se pronunció el Foro Nacional de la Salud (FNS), quienes extendieron su solidaridad con la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES Santa Marta), a la que reconocen como “miembro histórico” del movimiento popular por la defensa del derecho a la salud.
“Las autoridades argumentan que se trata de una investigación por un caso sucedido durante el conflicto armado, sin embargo este ocurrió en 1973 y 1974, años antes que estallara la guerra en el país. Creemos que estas acciones buscan reprimir los derechos y libertades de la organización y la comunidad para atentar contra su lucha social y ambiental”, afirmaron.
“Exigimos cuanto antes la liberación de nuestros compañeros y líderes comunitarios, así como el cese de acciones de persecución y represión contra la organización popular”, reiteró la Mesa en su comunicado.
