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Gloria Silvia Orellana
@Diario CoLatino
“Lamentamos la suspensión de la nueva vista pública y denunciamos la estrategia dilatoria del proceso judicial contra los ambientalistas de Santa Marta y ADES”, dijo Alfredo Leiva, líder comunitario e integrante de directiva de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES).
Con la decisión de suspender por tercera vez la Vista Pública contra los ambientalistas de Cabañas: Antonio Pacheco, Saúl Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Rivas y Miguel Gómez, lo que queda claro es esa estrategia dilatoria y con ello la retardación de justicia.
Los cinco ambientalistas se han visto involucrados en un proceso judicial desde el 11 de enero de 2023, luego de ser acusados por la Fiscalía General de la República de un supuesto crimen ocurrido en 1989, el cual de ser cierto ya prescribió, sin embargo, hay evidencia de que se trata de un caso inventado, por la falta del cuerpo del delito y por las contradicciones e inconsistencias del “testigo clave”.
Desde que comenzó este proceso de criminalización contra nuestros compañeros ha habido varias acciones en donde ha quedado claro que obedecen a una estrategia dilatoria del proceso, alegó Leiva.
“Para nosotros, el proceso penal contra los compañeros no debió pasar del Juzgado de Paz de Victoria, Cabañas (2023), pero sin mayores pruebas ni indicios los pasaron a Instrucción, y luego los mandan a juicio sin tener pruebas contundentes que afirmaron que ese hecho existió”, acotó.
Representantes de organizaciones sociales y movimientos populares acompañaron a los miembros de la directiva de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) y de la comunidad histórica Santa Marta en la denuncia contra lo que consideran una manipulación del proceso judicial contra los cinco ambientalistas de Cabañas.
Alfredo Leiva señaló que el argumento presentado por el Juzgado de Sentencia de San Vicente, para suspender de nuevo la Vista Pública, contra sus compañeros, por problemas de logística no era más que una “estrategia para dilatar” el proceso judicial.
“Tal justificación nos parece sospechosa y poco creíble, pues la audiencia había sido confirmada por el mencionado tribunal al final de la semana pasada, cuando informó sobre la orden de recaptura de los procesados y cuando citó a las partes involucradas en el proceso, lo cual significa que todo estaba listo para su realización”, manifestó.
“Ahora precisamente que ya son varias postergaciones a la tercera Vista Pública, porque la primera fue programada para el 3 de enero, luego se traslada para el 3 de febrero y no la pudieron realizar. Y luego, la mandan para el 9 de abril, que como sabemos también fue suspendida”, sostuvo Leiva.
El Juzgado de Sentencia de San Vicente ha reprogramado la vista pública de los cinco ambientalistas para el 26, 27 y 28 de mayo del presente año, lo que calificó Leiva como una “estrategia perversa” que tiene otros intereses.
“Es decir, mientras se desarrollan los planes nefastos de establecer la minería metálica en El Salvador, tendríamos este caso abierto de nuestros compañeros para mantenernos ocupados. Y así tener allanado el camino para que las empresas mineras no encuentren resistencia en los territorios”, opinó.
“Creemos que por ahí puede ir la decisión de posponer la audiencia y eso pues, realmente nos preocupa porque si en realidad esto obedece a esa estrategia dilatoria podríamos estar frente a una situación interminable con el caso de nuestros compañeros”, sostuvo Leiva.
Ex guardia nacional es juez de causa
A la denuncia de las “estrategias dilatorias”, Leiva agregó el hallazgo, a través de un programa en YouTube, de César Fuentes, quien afirmó que el actual juez Hugo Bánzer Flores fue guardia nacional y subalterno de Fuentes, dentro de la extinta Guardia Nacional.
“Pensamos, también, que la suspensión del juicio puede estar motivada por la noticia de la participación del juez Hugo Bánzer Flores, que estuvo en la Guardia Nacional durante el conflicto armado, y en donde hemos fijado postura que renuncie a conocer el caso porque esto tiene implicaciones éticas”, reiteró Leiva.
“Creemos que no puede haber imparcialidad en las decisiones que este Juzgado vaya a tomar respecto al caso. Y eso tendría implicaciones que pueden llevar a una condena, a pesar de no tener pruebas suficientes en contra de los compañeros, mucho menos que el caso existiera. Entonces, en ese sentido no hay garantías”, sostuvo el líder Santa Marta y ADES.
De igual manera, sugirió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) investigar este tipo situaciones, como la del juez Hugo Bánzer Flores, porque podría haber otros jueces dentro del sistema judicial con un pasado militar o policial y están juzgando personas que pudieron haber estado en la parte beligerante del conflicto interno.
En cuanto la “recaptura” para los cinco ambientalistas, Leiva, señaló, que el pasado viernes, se los notificaron a los líderes comunitarios por parte del Juzgado de Sentencia de San Vicente.
“Tenemos entendido, como el procedimiento es por edictos judiciales, es decir, tienen que notificarse, esos edictos ya llegaron a las viviendas de los compañeros. Y a excepción de la casa de Saúl Rivas, que estuvo custodiada por policías varios días, al resto de compañeros no tenemos conocimiento si estaban custodiadas o habían llegado”, manifestó.
“Ratificamos nuestra denuncia de que éste es un caso montado por la Fiscalía General de la República, para perseguir judicialmente al activismo ambiental, y responde al interés gubernamental de reactivar la minería metálica, lo cual se confirma claramente con la aprobación de la Ley General de Minería Metálica, aprobada sin ningún criterio técnico y sin escuchar a la población”, puntualizó Leiva.
