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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
Este jueves se cumplieron 18 meses desde la captura arbitraria de los líderes comunitarios de Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico de Santa Marta (ADES). En este sentido, la presidenta de ADES, Vidalina Morales, señaló que “hay un interés político y el Estado salvadoreño es cómplice” de la prolongación del proceso penal injusto.
El 11 de enero de 2023, fueron capturados por las autoridades salvadoreñas los ambientalistas Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, por supuestos delitos de asesinato y asociaciones ilícitas. En este contexto, ADES señaló que ellos solo “defendían el agua y el medioambiente amenazados por la posible reactivación de la minería metálica”, en Santa Marta, Cabañas.
“El caso desde su origen tiene las patas torcidas, hay una tendencia de mantener el caso desde que inicia el proceso (…) a los compañeros se les captura y se les trata como personas detenidas bajo el régimen de excepción y, si eso no fuera poco, el caso lo declaran bajo reserva total. Yo creo que hay varios intereses de mantener a los compañeros presos”, comentó Morales.
Según ADES, durante estos meses, diversas organizaciones, instituciones y personalidades nacionales e internacionales instaron al Estado salvadoreño a cerrar el caso. En contraste, “diferentes voces han pedido al Estado terminar con esta instrumentalización de la justicia para perseguir al activismo ambiental; entre ellas se encuentran 250 organizaciones de 30 países, 17 congresistas de Estados Unidos y la Relatora de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.
En este contexto, ADES detalló que el proceso penal está nuevamente en la Cámara Penal de Cojutepeque, ya que el pasado 19 de junio la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó resolver los recursos de apelación presentados por la defensa legal de los ambientalistas.
Para ADES, dichos recursos de apelación plantean, entre otros argumentos, que el supuesto delito, si existiera, ya habría prescrito, basándose en el Código Penal de 1974 que se está aplicando al caso, y que, además, estaría cubierto por la exención de la acción penal establecida en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, puesta en vigencia nuevamente por la sentencia de “inconstitucionalidad” contra la Ley de Amnistía.
Asimismo, la defensa apeló el auto de apertura a juicio debido a la falta de pruebas. De la misma manera, enfatizaron que la Fiscalía no cuenta con “pruebas reales de la existencia de delitos y basa su acusación en el relato contradictorio de un testigo protegido que primero dijo que presenció los hechos y luego que le contaron lo sucedido”.
“Hay un interés político y responsabilizamos al Estado salvadoreño porque el Estado es cómplice (…) hay grandes intereses de mantener a los compañeros presos y esto les permite seguir sosteniendo un caso realmente insostenible. No tienen pruebas y la única supuesta prueba es un supuesto testigo protegido”, dijo Morales.
Por su parte, Alfredo Leiva, de la dirección de ADES, argumentó que las autoridades indirectamente buscan armar más casos para detener a más ambientalistas de Santa Marta. “Se da la captura del hijo de Vidalina, quien es nuestra voz líder, como una manera de amedrentar a nuestra compañera (…) ha habido una serie de hechos que no han personalizado, pero sí han estado dirigidos a la comunidad y a los ambientalistas”, agregó.
Por tanto, ADES exigió a los magistrados de la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque que resuelva favorablemente los recursos de apelación pendientes. “Ellos tienen la valiosa oportunidad de hacer valer la legalidad y la justicia terriblemente avasalladas en este caso”, indicaron mediante un comunicado.
ADES realiza foro comunitario sobre el peligro de la minería
En el marco de los 18 meses desde la captura arbitraria de los líderes comunitarios y los 15 años desde el martirio de Marcel Rivera, ambientalista mártir de la lucha contra la minería metálica en El Salvador, ADES realizó un foro comunitario titulado “Por el agua y la vida: Defendamos nuestra casa común”.
“El objetivo de estos foros es informar y también que la gente tome conciencia del peligro de los proyectos mineros. Ahora, precisamente, hemos coincidido los 18 meses desde la detención de los compañeros y el sepelio de Marcelo Rivera, que fue hace 15 años”, indicó Alfredo Leiva, de ADES.
En el foro participaron representantes del Foro Nacional de Salud, Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica y la Alianza Centroamericana Frente a la Minería. Asimismo, participaron aproximadamente 70 personas de comunidades como El Dormilón, Santa Marta, San Isidro y Santa Lucía.
De la misma manera, los expositores como Omar Serrano, Amalia López y Miren Martínez trataron temas relacionados con el cuidado y preservación del medioambiente y el rol de la mujer en defensa de los territorios. Finalmente, se realizaron bailes del grupo de danza María Ideco, una interpretación del grupo teatral Realidad en Escena de Santa Marta y la participación de un grupo de baile de jóvenes llamado Dance Big.
