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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Alfredo Leiva, miembro de la Comunidad Santa Marta y ADES, manifestó que la “prisión innecesaria y cruel de los líderes comunitarios, afecta a la comunidad”, y por tanto, exigían a la Fiscalía General de la República y al Sistema Judicial liberarlos de esa “falsa acusación” que sólo esconde el intento de la reactivación de la minería metálica en Cabañas.
“Desde hace 6 meses nuestros líderes comunitarios no están con nosotros y nosotras. El Estado salvadoreño los mantiene injustamente encarcelados desde el pasado 11 de enero, bajo una acusación falsa, que intenta esconder el verdadero motivo de su detención, su activismo ambiental”, sostuvo Leiva.
Fue el 11 de enero de 2023, cuando Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes comunitarios de la Comunidad Santa Marta y directivos de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), fueron detenidos por un supuesto hecho ocurrido durante el conflicto armado, como señala el requerimiento fiscal ante el sistema judicial.
Sobre la actuación de las autoridades del Estado, Leiva agregó que desde hace 6 meses, la Fiscalía General de la República y el Sistema Judicial, específicamente el Juzgado de Paz de Victoria, el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, se han “ensañado con estos defensores sociales”, al considerar que su único delito ha sido defender las fuentes de agua frente a la minería metálica industrializada.
“Están en prisión innecesaria y cruel, según los estándares internacionales de derechos humanos y resoluciones de la Sala de lo Constitucional salvadoreña, la prisión preventiva es una medida extrema que se implementa sólo en casos donde es necesaria; y éste no es el caso de los líderes comunitarios. No hay ningún riesgo de fuga y todos ellos padecen enfermedades crónicas”, acotó.
“Es una acusación sin pruebas y hasta la fecha no hay indicios atribuidos, razón suficiente para desestimar la acusación penal y cerrar el proceso judicial. Además, la acusación es totalmente improcedente debido a disposiciones de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992”, afirmó Leiva.
En cuanto a la actuación de los tribunales, Leiva agregó, la “falta de imparcialidad e independencia judicial” como primer obstáculo a la justicia de sus compañeros y les llama la atención la “beligerancia” que han atestiguado frente al caso de los defensores ambientales de ADES y Santa Marta, que linda en la ilegalidad.
“Particularmente, nos llama la atención del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, quien se ha negado en dos ocasiones a revisar la detención y considerar medidas sustitutivas. Y la misma actitud mostró el Juzgado de Paz de Victoria, mandándolos a prisión sin argumentos. Y la jueza de Instrucción llegó al extremo de amenazar a los abogados defensores y les advirtió que si insistían en la revisión de medidas los iba a sancionar”, expresó Leiva.
En cuanto, las últimas diligencias judiciales en terrenos de la Comunidad Santa Marta, Elvis Nataren, relató, que luego de realizar por más de 72 horas un proceso de exhumación en donde supuestamente el testigo criteriado, señaló como el lugar donde se encontraba la víctima, no se encontró nada por parte del Instituto de Medicina Legal.
Nataren explicó que en el requerimiento la Fiscalía señaló, luego del testimonio de su testigo criteriado, en donde estaba una osamenta de la supuesta víctima del caso, por lo que la jueza de Sensuntepeque giró la orden judicial de la exhumación que se prolongó más de 72 horas, sin encontrar ningún resto óseo, no obstante, la búsqueda se amplió en su perímetro, sin encontrar nada.
“Llegó maquinaria pesada para realizar este proceso que no llegó a nada, no hay cuerpo del delito, por lo tanto, en un proceso legal en un país normal, este caso debería cerrarse. Porque la única prueba de este caso se trata de una partida de defunción y ni sabemos quién la registró ni testigos que confirmen esto”, señaló.
“Ahora, no sabemos que hará la Fiscalía luego que su caso se ha caído totalmente, cerraron un perímetro amplio y la gente no podía llegar a sus cultivos, se los destruyeron. No le informaron a la cooperativa Santa Marta, que es la dueña de esos terrenos. La Fiscalía dijo que la tierra no era de nadie, pero luego, le presentaron las escrituras de tenencia de la tierra, entonces, al final dijeron que era problema de la jueza (Sensuntepeque) y nadie va a responder a los daños al cultivo de maíz”, indicó.
Sobre la labor de los forenses y agentes policiales, luego de tres días de búsqueda se encontraban agotados, pero la jueza ordenó un día más de trabajo en la zona “hasta los mismos forenses dijeron que no había nada”, alegó Nataren, al señalar que así se manejó el proceso de exhumación que fue fallido.
La Comunidad Santa Marta y ADES reiteraron en su llamado a la Fiscalía General de la República, al sistema judicial y penitenciarias salvadoreñas acatar el llamado de la ONU. El pasado 16 de mayo, Mary Lawrol, Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, expresó su preocupación por la situación de los defensores y pidió su libertad. Asimismo, un total de 250 organizaciones de 30 países alrededor del mundo exigen la libertad de los líderes comunitarios, pero el Estado no responde, a pesar de que no pueden comprobar un presunto delito.
