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Por Leonel Herrera*
El retorno de Raquel Caballero de Guevara podría representar la claudicación definitiva de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), no solo por su falta de idoneidad y de moralidad notoria que quedó demostrada en su anterior gestión (2016-2019) caracterizada por el nepotismo, otras prácticas antiéticas y su actitud anti derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+; sino también porque su regreso sería para cumplir un papel funcional al régimen autoritario, intransparente, populista y antidemocrático de Nayib Bukele.
Ante el reclamo de fanáticos bukelistas por lo que consideran el “reciclaje” de una funcionaria del pasado de “ARENA-Frente”, el presidente justificó la designación como una concesión de transparencia y democracia. Según él, nombrar a una persona que en el pasado fue avalada por los ahora principales partidos de oposición es la mejor prueba de que no hay concentración de poder y todavía menos la dictadura que cacarea “el tres por ciento” de la población que no apoya al gobierno, discurso que -a regañadientes- han repetido “yutubers” y otros propagandistas del oficialismo.
Sin embargo, la realidad parece distinta. Como revela el semanario digital El Faro, Raquel Caballero tiene nexos con el oficialismo: es cercana al partido GANA, un familiar suyo ocupa un importante cargo en el gobierno y ella tuvo una relación comercial con el ahora jefe del grupo parlamentario de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, durante su primera gestión como titular de la PDDH (https://elfaro.net/es/202209/
Probablemente por eso Cristian Guevara se mostró muy entusiasmado al anunciar a Caballero como la propuesta del bukelismo para dirigir la PDDH, a pesar del escandaloso historial de prácticas antiéticas de la procuradora, quien -incluso- fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental por contratar a una hijastra, subirle indebidamente el salario a otra y utilizar vehículos institucionales para transportar a su esposo en asuntos particulares.
La revista Factum destaca otro hecho que confirma las actuaciones arbitrarias de Raquel Caballero: la destitución de Mirna Rojas, delegada departamental de la PDDH en Sonsonate, en enero de 2018 (https://www.revistafactum.
Por este flagrante acto de desobediencia y desacato a una resolución judicial, la Fiscalía (del anterior fiscal Raúl Melara), incluso, recomendó a la Asamblea Legislativa hacer un antejuicio a Raquel Caballero, pero la procuradora terminó su mandato sin rendir cuentas por sus actuaciones ilegales. Ahora regresa por la puerta ancha que le abre el bukelismo.
Así que, más allá del falaz argumento de poner a una procuradora “afín a la oposición” y a quien no se le puede achacar simpatía con el actual gobierno, se trata de colocar a alguien cercana y que podría ser condescendiente (y cómplice) con acciones violatorias de derechos humanos realizadas por la administración Bukele. De hecho, Caballero de Guevara ya expresó que no perderá su tiempo en cosas que considera irrelevantes como el estado de excepción, sino en aspectos “realmente importantes” como las próximas elecciones (en las que el presidente buscará mantenerse en el cargo a pesar de las contundentes prohibiciones establecidas en la Constitución de la República)
El acabose de la PDDH inició cuando el anterior procurador Apolonio Tobar traicionó su mandato y se replegó al régimen de Bukele en busca de la reelección. El regreso de Raquel Caballero es la confirmación de la caída de esta hija predilecta de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a la guerra civil y abrieron el proceso de democratización del país.
Igual que la PDDH, la Policía Nacional Civil (PNC), también resultante de los Acuerdos de Paz, sufre un acelerado proceso de desnaturalización. La semana pasada, en entrevista con El Faro, Marvin Reyes, vocero del movimiento de trabajadores policiales, alertó sobre la militarización del cuerpo policial y los abusos que éste comete, sobre todo en el marco del estado de excepción que ya lleva siete meses vigente (https://elfaro.net/es/202210/
Lo anterior representa un enorme desafío para la ciudadanía democrática del país, en el sentido de esforzarse más para recuperar la institucionalidad estatal y frenar el acelerado retroceso democrático que resultó ser la verdadera novedad del bukelismo: concentración del poder, irrespeto a la legalidad, confrontación permanente, falta de transparencia, remilitarización, negociaciones con grupos criminales y la posible reelección presidencial inconstitucional.
*Periodista y activista.
