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Las organizaciones sociales ISD, purchase doctor ARPAS, sickness APES, FESPAD, Oveja Negra, IMU, celebraron la admisión de una segunda demanda de inconstitucionalidad interpuesta en contra de la Ley de Telecomunicaciones.
La demanda –presentada en abril de este año– impugna varios aspectos del régimen de concesiones del espectro radioeléctrico: el carácter de bien privado, la renovación automática, la falta de límites antimonopólicos, los excesivos anchos de banda y el no reconocimiento de los medios públicos, privados y comunitarios indican las organizaciones.
Con ésta, son dos las demandas admitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la primer en el 2012 y la segunda en el 2014.
La primera fue presentada en agosto de 2012 y se refiere a la subasta como único mecanismo para asignar frecuencias radioeléctricas, argumentando que ésta violenta los principios constitucionales de igualdad, libertad de expresión, orden económico con justicia social, prohibición de prácticas monopólicas y supremacía de tratados internacionales sobre leyes secundarias.
La segunda demanda también plantea la violación de estos principios, más el referido a disposiciones sobre concesiones estatales establecidas en el Artículo 120 de la Constitución.
Oscar Campos, deL ISD, aseguró que “ven con muy buenos ojos que la Sala de lo Constitucional admita una segunda demanda”, la cual hace un análisis muy legal y Constitucional, de los artículos que se impugnan, tienen algún vicio de inconstitucionalidad.
A criterio de Campos, es ahora cuando la Sala de lo Constitucional debe de actuar a la brevedad, posible, resolver ambas demandas presentadas, para que en el pleno se puede discutir una “reforma legal de la Ley de Telecomunicaciones”, vigente o debatir una nueva.
Las organizaciones razonan que la Sala decidió no ordenar una medida cautelar para frenar o congelar todos los procesos de concesiones abiertos, porque ya se dictÓ en la admisión de la demanda de 2012.
“Ellos no ven conveniente volver a decretar una medida cautelar que ya se encuentra vigente”, explica Campos.
Mientras que José Luis Benítez, de la APES, aseguró que la decisión de los magistrados permite discutir a nivel de país, un aspecto tan estratégico como es las comunicaciones.
“Esta decisión de la Sala de paralizar el sistema de concesiones de frecuencias es un tema serio para el país, es un tema delicado, porque se está tocando algo que no puede permanecer tanto en esa situación de inseguridad, si hay o no posibilidades de inversión”, advirtió.
Asimismo, indican que la Sala sabe que se está a las puertas de un proceso de digitalización, de el existen intereses de inversión; de la presión de la Relatoría de Libertad de Expresión que dice “qué está pasando en este tema”.
El Salvador es el único país en América Latina que no define cual será su estándar en televisión digital, ya otros definieron que lo harán con un estándar Estadounidense o Japonés, y El Salvador no toma esa decisión.
“La SIGET esta en ese proceso y tiene la responsabilidad, entendemos que el Presidente Saca en su momento dijo que sería Estadounidense y el su momento el Presidente Funes dijo que se revisaría, pero allí esta eso”, explicó.
Leonel Herrera, Diector Ejecutivo de ARPAS, espera que los magistrados de la Sala de lo Constitucional resuelva a la brevedad posible, luego de avalar todas las argumentaciones presentadas para sostener que existe una inconstitucionalidad con algunos artículos de la Ley.
“Bien la Sala podría declarar inconstitucional la renovación automática de las concesiones”, indica Herrera.
Explicó que como organizaciones pidieron a la Sala que resuelva cuanto antes, para abrir una espacio de debate en la Asamblea Legislativa sobre la reformas a la Ley de Telecomunicaciones, que permita actualizar el marco normativo de las comunicaciones en el país.
Incluso, las organizaciones ya tienen una propuesta para impulsar estas reformas o la creación de una nueva Ley.
