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Francisco Elías Valencia
Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
José Luis Merino, candidato a diputado por San Salvador por el FMLN, y de los máximos dirigentes de dicho instituto político de izquierda, ve en la demanda de inconstitucionalidad que supuestas organizaciones de la sociedad civil presentaron en contra de su candidatura, una maniobra por parte de la derecha para debilitar a su partido. Además, indicó que de perpetrarse este golpe a la democracia, de negarle competir en los comicios del 4 de marzo, la Sala de lo Constitucional cumpliría como en otras ocasiones los deseos de sus patronos.
– ¿Cómo valora la admisión de la demanda de inconstitucionalidad contra su candidatura a diputado?
La valoro como una maniobra política ilegal, abusiva, retrógrada y hasta visceral. Quienes han promovido esta maniobra son gente de ARENA, abogados o servidores fieles de la oligarquía que pretenden descarrilar el avance que estamos teniendo como gobierno y como FMLN en la profundización de los cambios a favor del pueblo salvadoreño. La Sala de lo Constitucional, al admitir esa demanda, cumple sin ninguna vergüenza una tarea de sus patronos.
A estas alturas a nadie en nuestro país le pueden quedar dudas que estos magistrados no tienen absolutamente nada de imparciales, y que actúan por encargo de la oligarquía salvadoreña en general, y del partido ARENA específico. Baste recordar el fallo que cambió las reglas del juego electoral apenas unos días antes de los comicios de 2015, y que luego eliminaron de golpe a los 84 diputados y diputadas suplentes, sin que nadie presentara un recurso en contra de su elección, pues es bien sabido que los jueces no pueden actuar “de oficio”, no pueden emitir fallos sin que medie una causa presentada por alguien. Son cuatro señores que se han colocado por encima de los poderes del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo y del propio Judicial, y que interpretan y burlan la letra y el espíritu de la Constitución a su antojo. En términos jurídicos eso se llama prevaricato.
– ¿El hecho que la Sala de lo Constitucional admitiera la demanda lo considera usted como una persecución política en su contra?
Sí, por supuesto, pero siguiendo el hilo de la respuesta a la pregunta anterior, debo decir que esta no es solo una acción contra mi persona, ni contra mi partido. Por demás, esta acción no tiene nada de original. Esto es parte de una estrategia mundial y continental de las fuerzas de derecha. Esas fuerzas están acostumbradas a monopolizar los poderes del Estado en todos los países del mundo, incluida América Latina. En nuestra región, con mucha sangre, mucho sudor y mucho sacrificio los pueblos lograron obligar a la derecha a aceptar que sus organizaciones participen con pleno derecho en el sistema político electoral, y como eso va contra sus intereses egoístas, hacen todo lo posible, sea legal, seudo legal o ilegal, para obstaculizar esa participación.
Uno de los principales métodos para hacer eso es lo que se ha denominado judicialización de la política, guerra judicial (lawfare) y dictadura de los jueces. La judicialización de la política es la manipulación de un poder del Estado, el Poder Judicial, que no es electo directamente por el pueblo, para que se coloque por encima de los poderes que sí son electos por el pueblo, es decir, el presidente y la legislatura, para que obstaculice su funcionamiento y hasta que expulse de ellos a las autoridades constitucional y legítimamente electas, a quienes llegan a criminalizar, judicializar y condenar. Bien conocida es la persecución judicial a la que están sometidas figuras como la expresidenta Cristina Fernández, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y otros muchos compañeros y compañeras de diversos países de América Latina. Yo solo soy uno más de los incluidos en esa larga lista. Todo esto es parte de lo que los politólogos llaman “golpes suaves” en contra de las fuerzas políticas democráticas y progresistas. Por eso, tampoco me sorprende.
San Salvador. Foto Diario Co Latino/
Ludwin Vanegas.
– Una resolución en su contra, ¿cómo afectaría al FMLN, a la democracia lograda mediante la firma de los Acuerdos de Paz?
¡Ojalá que, por el bien de la democracia, no se apruebe esa resolución!
Ya expliqué que esto es una estrategia general, que la dictadura de los jueces es uno de los recursos que la derecha utiliza contra las fuerzas populares en toda América Latina. Antes hablé de los espacios democráticos conquistados por los pueblos de la región. En el caso de El Salvador, la apertura de esos espacios fue posible gracias a una larga historia de luchas del pueblo, en la que juega un papel fundamental la combinación de formas de luchas empleada por el FMLN durante doce años, cuyo desenlace fue la firma de los Acuerdos de Paz. Todo lo que la oligarquía ha hecho desde 1992 ha estado dirigido a arrancarle pedazos a los Acuerdos de Paz, a veces pedazos más grandes y otras veces pedazos más chiquitos, en dependencia de las circunstancias. Una resolución de este tipo sería una acción más en detrimento del proceso democrático.
– Usted dijo recientemente que la oligarquía tiene un odio brutal contra el Gobierno y el FMLN, ¿es esta demanda muestra de ello?
Por supuesto, porque la oligarquía salvadoreña estaba acostumbrada, desde la fundación misma de la República, a que los poderes del Estado eran una propiedad privada suya, igual que sus fincas de café, sus ingenios azucareros y cañaverales, sus campos de algodón, su ganado, sus fábricas, sus bancos y sus grandes centros comerciales. Y ese monopolio fue el que llevó al FMLN a luchar contra la oligarquía, que no nos pudo derrotar militarmente, que se vio obligada a firmar con nosotros unos Acuerdos de Paz de los que ya hablamos, y por eso le tienen al Gobierno, al FMLN y a todos sus dirigentes y militantes un odio brutal, porque consideran que estamos ocupando lo que les pertenece, que estamos poniendo al servicio del pueblo poderes del Estado que son de su propiedad privada.
– ¿Con este tipo de medidas se estaría dando un retroceso en los procesos electorales?
Sí, sería un manoseo más de la voluntad popular, un golpe más al proceso democrático que tanto costó iniciar, una acción más que desconoce, vulnera y atropella el valor del voto ciudadano.
– ¿Qué conclusión pueden sacar los sectores populares y medios de la sociedad?
Que participan en un proceso electoral donde se supone que están decidiendo mediante el voto, pero hay unos señores que antes, durante o después, lo cambian todo. Buscan desanimar al pueblo, incomodarlo. Es un mensaje a los sectores populares y medios que su voto no vale nada, que quienes deciden son ellos. Por eso hay que dar la pelea contra cualquier intento de desconocimiento, de vulneración y de atropello. No se puede permitir que le sigan arrancando pedazotes y pedacitos a los Acuerdos de Paz. No se trata de defender la candidatura a diputado de José Luis Merino. Se trata de decirles a estos señores: ¡Basta!
– ¿Cuál cree que sea la percepción que se genera en los electores y en la comunidad internacional por este tipo de medidas que hacen depender una diputación de una resolución judicial?
La percepción es que se trata de un abuso de poder. No solo se inmiscuyen e interfieren en la esfera de competencia de otros poderes del Estado, del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino también en la de otros órganos del propio Poder Judicial. Ya el Tribunal Supremo Electoral aceptó mi candidatura y su presidente dijo que no procedían impugnaciones porque había vencido el plazo, y es contra el Tribunal Supremo Electoral que falla la Sala de lo Constitucional. Repito la palabra “supremo”, cuyo significado aquí es que, en materia electoral, no hay ningún otro poder sobre él. Pero, en eso precisamente consiste la dictadura de los jueces, que primero poquito a poquito, y luego en forma desenfrenada, le han ido quitando espacio a las demás instituciones del Estado y se han ido colocando por encima de ellas.
– La próxima legislatura será la responsable de elegir magistrados de la CSJ: ¿impedir su candidatura puede tener como objetivo afectar al FMLN para garantizar el nombramiento de magistrados que respondan a los intereses de la derecha?
Ya señalé que no es solo en mi contra, que iría en contra del proceso de cambios estructurales que el FMLN, sus gobiernos, sus diputados y diputadas, y sus alcaldes y alcaldesas estamos impulsando. Hay un coro desafinado de agentes entrenados y pagados por la derecha que quieren profundizar la guerra judicial, el ‘lawfare’ en El Salvador.
Impedir mi candidatura sería una acción más de las que ya han hecho durante estos años para obstaculizar y disminuir la elección de candidatos y candidatas del FMLN a todos los cargos de elección popular. Esto es parte de una cadena. Cada vez que la oligarquía quiere obtener algo por la vía de la judicialización de la política y la dictadura de los jueces, inicia el proceso con la campaña mediática. Los medios empiezan a repetir que tal cosa es necesaria, luego que esa cosa necesaria debe decidirla la Sala, luego le encargan a alguien, a un ciudadano que dice actuar por iniciativa propia, que presente el recurso ante la Sala. Entonces, la Sala emite el fallo esperado en el momento que considera más conveniente, y el asunto vuelve a los medios, encargados de repetir que la actuación de la Sala fue ejemplar.
Esta cadena también opera para “proteger” el control de la derecha sobre el Poder Judicial. La derecha tiene que garantizar que los órganos estatales y no estatales que presentan candidatos estén bajo su control para que sean “sus” candidatos, y tienen que garantizar una correlación de fuerzas favorable en la Asamblea Legislativa para que se elijas a “sus” jueces, y esa es una de las razones por las cuales, impidiendo mi candidatura, buscan disminuir la correlación fuerzas del FMLN en la Asamblea Legislativa y aumentar la de ARENA. Insisto en que toda la actuación de la Sala, tanto en lo general, como en este asunto en específico, es una actuación política, y la argumentación jurídica, sea cual sea, tanto en este caso como en cualquier otro, es pura justificación.
– Usted ha sido blanco, además, de ataques de funcionarios extranjeros que lo han relacionado hasta con el narcotráfico: ¿qué les responde?
Por fortuna, los revolucionarios no padecemos de nervios. Nunca han logrado atemorizarnos. El FMLN no le teme a la oligarquía; la oligarquía es la que le teme al FMLN. El más notorio de los funcionarios extranjeros que me atacan es el senador Marco Rubio, quien seguramente ni sabía que yo existía, pero los empleados que le hacen este tipo de “encargos” a la oligarquía lo fueron a ver, le llevaron un papel con calumnias contra mí y él, ni corto ni perezoso, se prestó para hacer el eco. Por supuesto que todo eso es falso, yo no soy narcotraficante ni un traficante de armas. Soy un luchador popular. Esta línea de ataques tampoco esto es original. Es parte de la guerra judicial, del ‘lawfare’ continental. Los medios hacen una campaña de descrédito contra un dirigente de izquierda, basada en mentiras y medias verdades manipuladas, los medios juzgan y condenan a ese dirigente, incurriendo en el delito de difamación y violando sus derechos ciudadanos, luego el asunto pasa a los jueces que emiten el esperado veredicto de culpabilidad, sin preocuparse demasiado por el debido proceso, y los medios saturan a la opinión pública con su apoyo al veredicto de los jueces. Hay toneladas de papel fundamentando la falta de pruebas y las violaciones procesales cometidas, por ejemplo, contra el expresidente Lula. Hay muchos ejemplos más pero baste mencionarlo a él porque es el más conocido. También se sabe que el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil que orquestó el ‘impeachment’ de Dilma estaba siendo procesado por la mal llamada justicia, que le permitió mantenerse en el cargo hasta que Dilma fue destituida y luego fue a la cárcel. Y es público que más de la mitad de ese congreso está integrado por senadores y diputados que también están en proceso judicial por graves acusaciones, que en algunos casos son de homicidio. Yo solo soy uno de los tantos luchadores y luchadoras sociales a quienes intenta criminalizar y judicializar esta mal llamada justicia.
– Usted que ha sido un luchador social y un revolucionario de gran trayectoria, ¿cómo ha sobrellevado estos ataques?
Como ya dije, los revolucionarios no padecemos de nervios. Estamos claros y convencidos de la razón de nuestra lucha. Como se refleja en mis respuestas a sus preguntas anteriores, aunque, por supuesto que a cualquier ser humano le afecta ser objeto de ataques infundados, sucios, bajos y malintencionados, que tienen repercusiones también para la familia, yo los asumo y los respondo con la comprensión de que, en última instancia, no son ataques contra José Luis Merino como persona, sino ataques contra mi partido, contra los intereses populares que mi partido representa y contra el pueblo salvadoreño para el cual luchamos y trabajamos. Me atacan a mí como mismo bloquean la aprobación de fondos para la salud del pueblo, para la educación del pueblo, para la seguridad del pueblo. Cuando uno entiende eso, lo enfrenta igual que enfrenta el bloqueo de fondos para el Hospital Rosales o para la PNC. Es lo mismo.
– El próximo domingo serán las elecciones, ¿qué le dice a la militancia del FMLN y al pueblo en general sobre los ataques en su contra?
Les digo que defiendan su derecho a decidir el futuro del país, sin temores y con la seguridad que seguiremos avanzando en la democratización política, económica y social de El Salvador, y que como FMLN y como gobierno nos comprometemos subsanar las debilidades y erradicar los errores que hayamos cometido en el ejercicio de nuestras responsabilidades y en el cumplimiento de nuestros compromisos con el pueblo.
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