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Oscar A. Fernández O.
En buena parte del mundo, viagra las últimas décadas han sido testigo de transformaciones fundamentales, salve tanto en las relaciones entre los Estados y sus sociedades nacionales como en los patrones de organización económica y política en el plano internacional.
Fenómenos como la desregulación y apertura de mercados, el ajuste del Estado y la economía, la desocupación y flexibilización laboral, la privatización de empresas y servicios públicos, la descentralización administrativa y la integración regional, han redefinido los roles tradicionales del Estado nacional -principalmente sus funciones benefactoras y empresarias- replanteando a la vez el papel del mercado, la empresa privada, los actores y espacios sub y supra-nacionales. Estos procesos han contribuido a conformar distintas modalidades de un capitalismo desorganizado y difuso, pero hegemónico respecto de otras formas de organización económica.
En los inicios de la década del 60 en el pasado siglo, la Administración Pública de los países de América Latina inició procesos sistematizados en búsqueda del mejoramiento, la racionalidad y la equidad en la prestación de servicios y la ejecución de acciones por parte de las instituciones públicas. Estos procesos que en buena medida aumentaron la capacidad del servicio público, fueron interrumpidos abruptamente por la imposición de un modelo basado en la teoría de la eficacia del mercado sin regulación.
Desde ese momento, ininterrumpidamente, ha persistido un interés por la eficiencia y la eficacia “empresarial” en las instituciones y procesos de gestión del sector público. Es decir un Estado apéndice de los grandes capitales transnacionales que impone los vaivenes del mercado.
Los análisis funcionalistas, las visiones pragmáticas y los teóricos de la lógica del capital, instituyenla explicación de la crisis política en una disfuncionalidad del tipo de acumulación y su forma estatal y, en consecuencia, la entienden como una reestructuración sistémica de las relaciones sociales de producción, no como el producto de las contradicciones históricas de clases entre explotadores y explotados.
La ilusión de que la lucha de clases ha desaparecido y es una batalla obsoleta se la han hecho creer a las clases trabajadoras; el capital siempre ha tenido clara supermanencia. Así lo enunciaba sin ningún pudor en una declaración pública uno de sus magnates, el multimillonario Warren Buffet, cuando le preguntaron si creía que la lucha de clases era ya un concepto obsoleto e inútil, respondió que obviamente no, que la lucha de clases se mantenía, sólo que ahora esta lucha, la estaba ganando su clase.
Así, hoy la lucha de clases aparece como síntoma y los actores sociales, como portadores de una nueva racionalidad funcional a la reestructuración. En esta interpretación, las formas del Estado son derivadas del patrón de acumulación y las clases populares son externas a la nueva configuración estatal. Son objetos de dominación.
La nueva “hegemonía” que una reestructuración del capital impone, atañe más a la re-configuración de los bloques de las clases dominantes que a una reconstrucción del tejido social. En definitiva, en esta visión estrecha, el Estado se simplifica como un agente clasista de dominio, en vez de ser la expresión de nuevas relaciones de fuerza sociales que atañen a todas las clases y sectores de clases. Hablamos del Estado democrático con un componente fundamental de participación activa de la gente.
De tal manera que cuando proponemos repensar el Estado, no estamos hablando de restablecer el Estado sin cambiar el sistema y reenfocar las alianzas estratégicas. Estamos hablando de una nueva naturaleza del Estado, que no se coloque por encima de la sociedad, sino inmerso en la sociedad, con capacidad y fuerza para hacer los cambios que demandan los pueblos.
En el fondo existe un rechazo existencial a entender las formas del Estado como expresión dinámica de las relaciones de fuerza sociales y políticas y comprender los intereses contradictorios que adquiere la misión de la reproducción social capitalista con las formas a las que se ve obligado el Estado capitalista para lograrlo.
Función y forma pueden estar en contradicción, y el grado en que lo hagan, puede decirnos mucho sobre la configuración del Estado y del carácter de la articulación hegemónica (Sanmartino: 2009)
Al comienzo del nuevo siglo irrumpió la crisis del neoliberalismo latinoamericano. Los desequilibrios generados por ese modelo salieron a flote en toda la región, junto a la creciente primacía del sector exportador en desmedro del desenvolvimiento interno. Aumentó la heterogeneidad estructural de la economía y se concentraron las actividades más rentables en un puñado de empresas. La capacidad del estado para priorizar las decisiones de inversión quedó muy debilitada.
Las dos etapas neoliberales de ajuste y apertura no sólo deterioraron los ingresos populares. También provocaron la desintegración de la vieja industria local gestada durante la sustitución de importaciones. Se acentuó la vulnerabilidad de todas las economías ante la descontrolada afluencia o salida de capitales externos. También se intensificó la dependencia del vaivén internacional de los precios de las materias primas.
Todas las prédicas de ortodoxia fiscal, cuidado monetario y prudencia en la expansión de la deuda pública fueron archivadas. Se optó por el costoso crédito externo para lidiar con las asfixias generadas por el propio modelo. En muy poco tiempo los mitos del rigor neoliberal en el gerenciamiento del estado quedaron desmentidos. Esta política desembocó en la misma opresión de pagos que ha hostigado repetidamente a la región.
Los levantamientos populares no se hicieron esperar. El neoliberalismo latinoamericano fue socavado. Este resultado determinó la principal singularidad de este proyecto en la región. Las protestas pusieron un límite a la ofensiva del capital, especialmente luego de cuatro alzamientos victoriosos (Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela) que tumbaron a los artífices del ajuste.
La retórica que adoptó el Banco Mundial es muy representativa de este cambio. Los promotores del ajuste han endulzado sus recetas y esgrimen una hipócrita preocupación por la pobreza. Reconocen las “fallas de mercado” y promueven alguna regulación del estado parar corregir los excesos de la acumulación (Buket: 2003)
En lo que se refiere a democracia, ésta se ha prestado a mucha confusión en el lenguaje político, la variedad de definiciones (algunas de ellas a conveniencia de quienes detentan el poder) provoca que se entienda y funcione de manera infortunada, pero para la explicación científica de lo político y la política, es fundamental, como el cuerpo humano para la medicina, o como la materia y la energía para la física. Saber lo más objetivamente posible su definición y sobretodo su funcionamiento en forma maximalista, nos llevará a entender sus posibilidades y límites. El ideal democrático, sostiene Sartori, no es totalmente la realidad democrática, ni la demostración real es totalmente ideal.
Con Estados débiles y mínimos sólo puede aspirarse a conservar democracias electorales. La democracia de los ciudadanos, requiere de una estatalidad que asegure la universalidad de los derechos y el cumplimiento por igual de los deberes. Repensar el Estado en un contexto de desmontaje del neoliberalismo, es tener la visión de un cambio fundamental, que supere tanto la lógica neoliberal como la neo-institucional, en el sentido de que los problemas de nuestras sociedades, no son esencialmente institucionales.
El asunto del Estado en El Salvador, es promovido desde una visión reduccionista del problema de lo político, a una cuestión de instituciones y administración. El verdadero problema es en realidad, cómo impulsar un nuevo sistema de desarrollo integral, que garantice permanencia en el tiempo, promueva la conciencia política y la participación del pueblo y sea inclusivo, para lo cual se requiere re-conceptualizar y rediseñar el Estado, replantearnos la problemática del poder y construir la democracia auténtica y efectiva.
Por lo tanto, no se trata únicamente de redefinir el perfil del Estado, sino también de establecer, incluso como condición necesaria de su reforzamiento, el papel que cabe a la sociedad, en el nuevo matriz socio-política que se está configurando. (Ozlak: 1997)
Este tipo de inquietudes replantea la legitimidad del espacio público y el espacio privado, así como la aproximación deseable entre sociedad y Estado. Rescata también el papel de la representación política y de la participación social, es decir, de los nuevos espacios, actores y mecanismos a través de los cuales podrían crearse contrapesos sociales e institucionales inspirados en valores democráticos participantes, para que la agenda pública refleje efectiva y equitativamente las demandas y necesidades del conjunto de la sociedad. Para ello es necesario recuperar la memoria histórica, la Agenda de nuestra lucha social, pues está no se construye solo en los libros o en los archivos, sino a través de lo que Noam Chomsky denomina los “aparatos de producción del consumo ideológico dominante”, y estos aparatos están hoy sesgados relegando a las izquierdas.
