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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Armando Flores, director general de Aduanas (DGA), denunció ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR), a siete empresas nacionales por presunto contrabando de mercancías por un monto de $2.4 millones.
El funcionario expuso que las denuncia de estos posibles infractores es parte de un plan bien estructurado por la unidad que preside con el que se pretende identificar a quienes evaden impuestos.
El titular de Aduanas informó que esta es la segunda denuncia presentada por sospechas de contrabando, ya que en agosto del año pasado se presentaron las pruebas necesarias contra una empresa.
“En esta ocasión traemos siete expedientes de empresas salvadoreñas a quienes se les atribuye la comisión supuestamente del delito de contrabando de mercancías, se trata de un total de 18 declaraciones de mercancías que hemos identificado por un monto de dos millones cuatrocientos mil dólares entre impuestos y multas que no pagaron”, dijo Flores.
El director de la DGA agregó que para la inversión de estos casos contó con la colaboración de las autoridades aduaneras de Estados Unidos y Honduras, gestión que le permitió disponer de suficiente información documental de los siete casos.
“Esta denuncia se suma a la presentada el 22 de agosto. Las ocho empresas denunciadas por este delito suman tres millones novecientos mil dólares evadidos en concepto de impuestos y multas. Estamos comprometidos en continuar mejorando la gestión aduanera, evitar la comisión de ilícitos y que la aduana se modernice para facilitar el comercio y fortalecer los controles”, afirmó Flores.
De las empresas denunciadas, dos trabajan con productos alimenticios y cinco de mercancía y funeraria. La dirección General de Aduanas solicitó a la FGR implementar todos los procedimientos para detectar si existe culpabilidad por parte de los denunciados y ejecutar las acciones legales que la ley mandate. Según la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras y el Código Penal de ser encontradas culpables las empresas o sus representantes deberán pagar al Estado la cantidad aproximada de $2.4 millones en concepto de impuestos y multas o enfrentar un proceso penal que podría dignificarles una pena de entre seis y ocho años de prisión.
