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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Es duro, es frustrante y desgastante estar entre funcionarios adultos mayores -que obvio- por tener su vida resuelta no son capaces de entender a quienes tenemos necesidades. No están en la capacidad de darnos respuestas porque no tienen los mismos problemas”, afirmó, Yolanda Fabián, integrante de AJUPEBES, que integra la Coalición Nacional por la Dignidad de Personas Adultas Mayores El Salvador Centroamérica
“Somos una población de un millón 200 mil personas, creemos que alguna atención debemos merecer de la presente administración (Gobierno) y de la sociedad en su conjunto”, agregó Fabián.
Las organizaciones que integran la Coalición Nacional por la Dignidad de Personas Adultas Mayores El Salvador Centroamérica, en el marco del cuarto año de la administración del presidente Nayib Bukele, y en vísperas de la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, este próximo 15 de junio , llamaron al Estado salvadoreño a cumplir la “Ley Especial de Derechos de las Personas Mayores”, con la redacción de su Reglamento Interno y la asignación de un presupuesto para su funcionamiento.
La Coalición Nacional por la Dignidad de Personas Adultas Mayores El Salvador Centroamérica, señaló una serie de obstáculos, vacíos e incumplimientos de marcos jurídicos que benefician los derechos de los Adultos Mayores en el país.
La Ley Especial de Derechos de las Personas Mayores entró en vigor en el año 2022, y fue aprobada por el presidente Nayib Bukele, señaló, Fabián, al considerar que los funcionarios pueden hablar de enfoque de derechos humanos, pero ese “discurso distaba de la verdad” por la falta de coherencia ante la ausencia de normativas que beneficien a esta población.
“Nos parece maltrato la contradicción del discurso y maltrato a nuestros derechos humanos es triste verificar la ausencia de personas mayores en las áreas de políticas públicas sobre envejecimiento y vejez, pero asumimos el desafío de crecer en la toma de conciencia y envejecer con mayor compromiso y audacia en nuestro papel como sujetos de derechos”, expresó.
Igualmente, criticaron el bajo perfil del Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), para hacer valer los derechos de la población adulta mayor. Que lejos de verificar el cumplimiento de los compromisos del Estado a nivel nacional e internacional, estas no se han manifestado.
En cuanto al Ministerio de Desarrollo Local, a quien le fue asignada la tarea de atender a los adultos mayores y que tiene a cargo la ministra María Ofelia Navarrete, Emilio Espín, representante de la Coalición Nacional por la Dignidad de Personas Adultas Mayores El Salvador Centroamérica, señaló que la transición de gobiernos incidió en los retrocesos y demoras para garantizar los derechos humanos de las personas adultas mayores.
“Desde la transición de un gobierno a otro (Sánchez Cerén -Bukele Ortez) no hubo un relevo adecuado, de tal manera, que el nuevo gobierno no conocía nada de las personas adultas mayores. El presidente (Bukele) dijo que el tema del Adulto Mayor lo vería el MINDEL y dentro de este el CONAIPAN para integrar las funciones públicas relacionadas con el tema y la presentación de sociedad civil, pero no resultó”, afirmó.
“Lo que hicimos fue acercarnos con actitud de cooperación para que se pusieran al día, les entregamos toda la información en físico y en digital para que conocieran los antecedentes de lo presentado, aprobado y lo que estaba en proceso, o sea, los documentamos de toda la temática y tratamos que esto fuera tratado en serio pero la práctica no nos sentimos correspondidos”, indicó Espín.
“Nos han fallado, porque no nos han respondido”, agregó Espín, al expresar que en el cuarto año del gobierno del presidente Nayib Bukele y en vísperas del Día Internacional contra la Violencia y el Maltrato hacia los Adultos Mayores, unían sus voces par exigir sus derechos en este momento coyuntural para sus derechos.
Asimismo, refirió que el actual Estado salvadoreño está “incurriendo en una acción de maltrato y violencia a la dignidad de las personas adultas mayores”, luego que en diciembre de 2021, aprobaran una legislación moderna y de avanzada a nivel de Centroamérica para este grupo poblacional, pero no fue aplicada.
“Veamos, no hay ninguna universidad nacional que prepare recursos humanos en geriatría o gerontología. Los que hay estudiaron fuera y de esos 13 médicos sólo 3 de ellos están en el ámbito público y en el área metropolitana. Los otros están en el área privada, en donde no todos pueden llegar a ellos por los costos”, explicó.
“Esta realidad hace que nuestra gente mayor siga sufriendo y muriendo por enfermedades que si tienen solución o siga sufriendo y muriendo pese a los derechos conquistados y aprobados. La paradoja es que, a pesar de que hay buenas leyes, muy completas, no cuentan con un reglamento interno para implementarlas ni un presupuesto para su operatividad”, sostuvo Espín.
Sobre el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, Miguel Vega, representante de la Asociación del Adulto Mayor de Olocuilta, departamento de La Paz e integrantes de la Coalición Nacional por la Dignidad de Personas Adultas Mayores El Salvador Centroamérica, llamó a la reflexión acerca del maltrato y violencia hacia las personas mayores.
“El maltrato a los mayores es una realidad irrefutable, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 6 mayores sufre algún tipo de maltrato,una cifra superior a las estimaciones anteriores y que según la previsiones, aumentará debido al envejecimiento de la población en todo el mundo. Porque los derechos no envejecen”, señaló.
“A nivel de país, pedimos intensificar las acciones de entidades como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM), a quienes corresponde promover, monitorear, evaluar y verificar que a los adultos mayores se les atienda dignamente, y cumplan sus derechos humanos en los centros de atención, hogares o residencias u otras instituciones públicas o privadas”, manifestó.
