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Las cuidadoras familiares que en su mayoría son mujeres están abandonadas, sin acreditación, sin el reconocimiento, por parte de los gobiernos.
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Nos uniremos para ser más fuertes pero aceptando que tenemos particularidades, debemos estar unidos y vamos a trabajar de la mano y esta conferencia a la prensa, es el inicio de una nueva etapa”, dijo Emilio Espin, coordinador de la Coalición Nacional por la Dignidad de las Personas Mayores.
En el lanzamiento de su campaña reivindicativa, la Coalición Nacional por la Dignidad de las Personas Mayores y la Alianza Nacional por la Dignidad de las Personas con Discapacidad, demandaron de los tomadores de decisión y autoridades a fortalecer los derechos de estos sectores poblacionales y generar un verdadero cambio a sus realidades actuales.
Emilio Espin explicó sobre ambos colectivos, que estos compartían algunos objetivos centrales, pero cada uno cuenta con especificaciones particulares, como la Coalición Nacional por la Dignidad de las Personas Adultas Mayores, que cuenta con una política pública de derechos que aprobó la Asamblea Legislativa y ratificó el presidente Nayib Bukele,.
“En la Ley del Adulto Mayor hay señales, pero no estamos borrachos de alegría (de los avances), pero vamos a estar en la jugada y con el dedo en la llaga. Esta ley entró en vigencia este enero de 2022, buscamos beneficios reales”, afirmó Espin.
La cifra de personas mayores en El Salvador ronda el millón 200 mil y de ellos, solo 200 mil cuentan con algún nivel de pensión mezquino, al que se suma un millón de personas mayores que no cuentan con apoyo del Estado. No obstante su trabajo productivo que dio aporte y crecimiento al país.
Yolanda Fabián, representante de la Coalición Nacional por la Dignidad de las Personas Mayores señaló que de este grupo poblacional un 54% lo integran mujeres y un 46% hombres . Y que un 56% de esas mujeres mayores aún desarrollan actividades de cuido y responsables de cuidar a sus nietos y nietas, algonos son personas que padecen alguna discapacidad y lo realizan en condiciones precarias
“Al ver esta situación podemos decir que las cuidadoras familiares que en su mayoría somos mujeres estamos abandonadas -es decir- sin acreditación, sin el reconocimiento, por parte de los gobiernos no tenemos ingresos, no hay capacitación para dar un mejor cuido a las personas a las que asistimos y obviamente hace que la salud de las cuidadoras se deteriore de una forma más rápida”, expresó.
“Durante la pandemia (por COVID-19) sufrimos la discriminación en la atención integral de las enfermedades crónicas degenerativas. Es decir, se perdieron 500 mil consultas médicas. El ISSS trabajó a paso lento y eso deterioró nuestra salud, aunque reconocemos que tuvimos prioridad con las vacunas”, agregó Fabián.
A esta situación se suma que el país solo cuenta con 10 especialistas en Geriatría (los que se encargan de las enfermedades de los adultos mayores) de los cuales 7 se encuentran en servicio privado y solo 3 en el sistema público de salud, con el agravante que prestan sus servicios solo al área metropolitana, dejando sin acceso a una atención integral de salud a personas mayores en la zona rural.
Fabián calificó como un logro importante en más de una década de incidencia política, un marco institucional con la Política Pública de Derechos de las Personas Mayores, así como la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA), el modelo de atención integral de salud con enfoque geronto-geriático y la nueva Ley Especial de Derechos de las Personas Adultas Mayores.
“Son buenas legislaciones nacionales e internacionales, pero no se aplican desde el Estado, es por esto que pedimos un reglamento de aplicación de la nueva ley especial de derechos a personas mayores presupuesto, y activar mecanismos, una pensión básica universal e implementar la nueva institucionalidad del CONAIPAM, como manda la ley”, reiteró Fabián.
En cuanto, a la Alianza Nacional por la Dignidad de las Personas con Discapacidad, esta cuenta con dos instrumentos legales, la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que entró en vigencia el 1 de enero de 2021 y, a un año después que debería estar nombrado y activado su tribunal sancionador “el silencio es total”, afirmó Emilio Espin.
“La Alianza nace porque el tejido del mundo de la discapacidad está disperso, atomizado, y, algunas veces, hay conflictos entre liderazgos, y esto busca aglutinar e integrar con una agenda común los derechos de ambos sectores de la población”, afirmó.
Y como dijo nuestro amigo Miguel Vega “los tomadores de decisión del gobierno no negocian con los débiles, negocian si tienes fuerza, si tienes propuestas y si tienes una política inteligente y creativa de incidencia, solo así negocian contigo y ese es el origen de agrupar ambas agendas”, señaló Espin.
La deficiencia de datos estadísticos y cifras actualizadas forman parte de los obstáculos en cuanto a establecer la población de personas con discapacidad en el país, señaló Carolina Vásquez, de la Alianza Nacional por la Dignidad de las Personas con Discapacidad.
Fue en el 2015 que se realizó una encuesta con ese propósito, que contó con el apoyo de UNICEF, y que en el año 2016 dio origen al primer informe sobre estos datos, que fueron validados por el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD).
“Según esos datos la cifra de personas con discapacidad es de aproximadamente 500 mil personas entre hombres, mujeres y niñez. Esta cifra es alarmante, ya que demandan de atención integral y reconocimiento de sus derechos”, refirió.
“En 2020 fue creada la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, y, ya está en vigencia, pero para que funcione debe proporcionarse herramientas, asignación de presupuesto para su ejecución y la creación del Reglamento de la ley, por tanto pedimos que se cumplan estas peticiones”, manifestó Vásquez.
“No vemos nada concreto por parte del gobierno”, aseveró Daniel Portillo, de la Alianza, al considerarlo una utopía sino cuenta con una partida presupuestaria para su implementación y activar las funciones del Tribunal Sancionador, que señala las infracciones, sanciones y procedimientos del contenido de esta ley.
“Se habla de 500 mil personas entre adultos y menores con discapacidad, es tiempo que nos presten atención y reivindiquen nuestros derechos y tenemos desde el 1o de enero de 2020 una ley que los reconoce, pero no hemos visto el Reglamento, y necesitamos el Tribunal Sancionador para hacer cumplir la normativa”, sugirió.
“Si no hay reglamento no se aplica la ley, desde ahí están violando nuestros derechos como al trabajo, salud, educación, porque tenemos distintas barreras y no vemos apoyo del gobierno. Se deben comprometer porque por ahora nada está en conciso y menos aprobado”, puntualizó Portillo.
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