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París/Prensa Latina
El partido La Francia Insumisa (LFI) advirtió hoy al presidente Emmanuel Macron con activar un proceso de destitución bajo el argumento de que ignora los resultados de las recientes elecciones legislativas.
En una declaración que pública La Tribune Dimanche, líderes de la organización de izquierda acusaron al mandatario de ejecutar “un golpe de fuerza institucional contra la democracia”.
LFI junto a los socialistas, los ecologistas y los comunistas integró el bloque Nuevo Frente Popular, alianza que logró la mayor cantidad de diputados en los comicios del 30 de junio y del 7 de julio, aunque lejos de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.
Al amparo de la tradición republicana, la fuerza de izquierda exige a Macron nombrar un nuevo primer ministro salido de sus filas, con la economista Lucie Castets como propuesta, pero el jefe del Estado no parece dispuesto a satisfacer la demanda, en medio de presiones de su campo de que se incline hacia la derecha.
Damos a este mensaje un tono de advertencia solemne, señalaron los firmantes del texto, entre otros el líder de los insumisos, Jean-Luc Mélenchon, su coordinador, Manuel Bompard, y su jefa de bancada en la Asamblea, Mathilde Panot.
Asimismo, subrayaron que serán empleados todos los medios constitucionales para evitar “que nos someta a un golpe contra las reglas básicas de la democracia”.
Macron aceptó hace un mes la renuncia del primer ministro Gabriel Attal y de todo su Gabinete, tras las derrotas oficialistas en las europeas de junio y las legislativas, sin embargo, les pidió seguir en sus cargos hasta que se nombre un nuevo responsable en Matignon y reciba la encomienda de formar gobierno.
El presidente anunció consultas con los jefes de partidos y de bancadas parlamentarias a partir del 23 de agosto, postura que el Nuevo Frente Popular critica, insistiendo en el alegado derecho de contar con un primer ministro.
Para el éxito de la activación de un proceso de destitución del mandatario en Francia deben superarse serios obstáculos, que pasan por convencer a la Asamblea Nacional y al Senado de crear una “alta corte” y por una resolución adoptada por el Buró de la Asamblea, la Comisión de Leyes y dos tercios de ambas cámaras del Parlamento.
