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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Organizaciones sociales rechazaron lo que consideran “campaña de desprestigio” hacia un grupo de abogados que aspiran a una magistratura en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), utilizando argumentos provenientes desde los tanques de pensamiento y asociaciones de abogados que comulgan con el pensamiento hegemónico de la derecha.
A través de un campo pagado, una docena de organizaciones jurídicas, cívicas y de derechos humanos, denunciaron la intención de grupos y fundaciones, que por línea ideológica han defendido los intereses de un grupo político y económico nacional, y mencionaron a FUSADES, FUNDE, Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y la Fundación DT, que al final defienden los intereses de un reducido grupo político-económico de El Salvador.
“Coincidentemente es FUSADES, FUNDE, CEJ y la Fundación DT, que buscan la conformación de una Sala de lo Constitucional complaciente a los intereses del poder económico y de los intereses hegemónicos. La preocupación del Consorcio por la Transparencia y Anticorrupción y de medios de comunicación afines, es evitar que personas que tengan compromiso por la justicia favorezcan las mayorías nacionales, al llegar a la Corte Suprema de Justicia”, denunciaron.
Asimismo, descartaron el argumento que presentan los grupos de derecha, sobre posible toma del Órgano Judicial, por parte del partido de izquierda. Por lo que, llaman al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) a filtrar y garantizar independencia.
“Es evidente que en las preocupaciones de estas organizaciones no caben los claros vínculos materiales que algunos candidatos tienen con el orden económico, con sectores de la oligarquía financiera. Obviamente, no les importa que no haya independencia de la judicatura, si les preocupa que haya otros pensamientos independientes a los intereses relacionados a estos sectores. Al fin, la historia judicial, con escasas y honrosas excepciones, ha sido de genuflexión al poder económico”, señalaron.
Ante esta situación las organizaciones realizaron un llamado a otras instancias de la sociedad civil organizada y sociedad salvadoreña en general, a estar pendientes de este nuevo intento de agenciar a intereses particulares la justicia universal y constitucional.
“Las y los ciudadanos en El Salvador tenemos los derechos políticos consagrados en el artículo 72 de la Constitución, en ninguna parte dice que para ser ciudadano se debe renunciar o renegar de vínculos con un partido político, incluso de pensamiento político e ideológico. ¿A qué límite se ha llevado la violación a la Carta Magna, que vía sentencia de la Sala de lo Constitucional se han agregado requisitos para que un salvadoreño pueda ejercer su ciudadanía? Esto resulta peligroso para la vida institucional del país, especialmente para la seguridad jurídica”, subrayaron.
Del pronunciamiento, se desprende además un llamado al gremio de abogados de la república consecuentes y respetuosos de la ley, a fin de evitar abusos que violentan derechos constitucionales.
“No se debe permitir el manoseo del que está siendo objeto el proceso de selección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sería muy grave, que por las presiones ilegítimas de un sector, se violentara la voluntad de los miembros del gremio de abogados, que fueron a elegir a sus candidatos”, manifestaron.
