Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Los afectados por el desfalco de la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI de RL), a través de una carta solicitaron al congresista estadounidense, James Patrick McGovern, la colaboración e intervención del FBI para resolver el caso.
“Dentro de los afectados de la cooperativa se encuentran salvadoreños con ciudadanía norteamericana. Al haber ciudadanos norteamericanos afectados con una cooperativa que está siendo investigada por lavado de dinero y activos, abre la posibilidad para que las autoridades norteamericanas y particularmente el FBI pueda intervenir en el esclarecimiento del caso”, indica el escrito.
También, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, ha señalado que parte del dinero sustraído ha sido rastreado en territorio estadounidense, motivo por el cual, los afectados enviaron una carta al embajador de Estados Unidos en el país, William Duncan, en la que le solicitan una audiencia, para darle a conocer el caso y conocer sobre la veracidad de las declaraciones del fiscal.
Sin embargo, desde el 31 de julio de 2024 que enviaron dicha petición, no han obtenido respuesta por parte del funcionario norteamericano.
Los afectados detallaron en la carta al congresista que COSAVI de RL es una cooperativa la cual fue víctima de un desfalco de $35 millones en cuyo caso se encuentran involucrados funcionarios de la cooperativa y muy probablemente funcionarios de gobierno de Nayib Bukele, vinculados al partido político Nuevas Ideas.
Declaraciones públicas hechas por Wilfredo Flores, fundador y miembro importante de la dirección de dicho partido, ha señalado con nombres y apellidos a muchos funcionarios y dirigentes del partido de gobierno, y ha expresando que el dinero de COSAVI ha servido para la compra de BITCOIN por parte del gobierno salvadoreño. COSAVI y los involucrados en el desfalco están siendo investigados por los delitos de lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública y asociaciones ilícitas, el principal sospechoso falleció en condiciones aún no esclarecidas por parte del gobierno salvadoreño en un accidente aéreo donde también murieron las altas autoridades de la Policía Nacional Civil.
“Solicitamos en calidad de congresista y funcionario de Estados Unidos, pueda recibir en territorio norteamericano a una delegación de afectados, para darle a conocer en detalle el caso y al mismo tiempo solicitar su mediación para que el congreso de los Estados Unidos conozca este caso que ha alcanzado connotación nacional e internacional”, reza el documento. Según Juan José Ortiz, vicepresidente de los afectados de COSAVI, el hecho que existen ciudadanos estadounidenses afectados y la investigación del lavado de dinero, vuelve el caso un delito federal y abre la posibilidad para que el congresista de a conocer lo ocurrido en el Senado y la Cámara Baja de representantes de Estados Unidos. Ortíz explicó que de concederles una audiencia el congresista McGovern, le entregarán documentos probatorios del caso.
Y mientras los afectados insisten en que les resuelva el tema de sus ahorro, el gobierno, a través de la Superintendencia del Sistema Finaciero, decidió declarar el caso en “Reserva” por espacio de siete años.