Afectados de la Hacienda La Floresta demandan justicia

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“Cuando vimos que andaban botando iglesias y casas grandotas, entonces, ya allí nos pareció que debíamos buscar ayuda para que esto parara. Nosotros pagamos por este terreno, nos daban recibos y un traspaso, y pagamos hasta la escriturización”, dijo, María Dolores Deras, habitante de La Hacienda La Floresta.

El Día de la Madre, María Dolores, presenció la destrucción de la casa de su hija Maleni, mientras cuidaba a su nieta. Y aunque hizo esfuerzos por desmontar la casa con sus otros hijos sólo lograron recuperar algunas láminas y Polinesia. La estructura quedó destruida en minutos por las retroexcavadoras. Ahora su hija migró a alquilar una habitación fuera de la comunidad.

Los testimonios de los habitantes de la Hacienda La Floresta, son los mismos. Llegaron hace 15 u 8 años, a unos terrenos que estaban en abandono décadas atrás, que les fueron vendidas producto de una estafa, sin saberlo. Y ahora, no cuentan con recursos económicos para solventar el pago a los propietarios legítimos quienes tienen planeado lotificar.

Por ahora, ya existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los daños a las viviendas de la comunidad, y aunque quienes realizaron este desalojo son los dueños legítimos, estos no podían tomar decisiones unilaterales, explicó Carolina Ortez, del Bufete Jurídico Ortez y Asociados, la asesora legal.

Por tanto será instituciones como la Fiscalía General de la República, que tendrá que dirimir la situación de este grupo de pobladores que en su mayoría son jornaleros que viven de un salario que no sobrepasa los 10 dólares diarios para subsistir junto a su grupo familiar.

“Los propietarios se saltaron el debido proceso cuando se trata de un desalojo, porque esto es canalizado a través de un juez, eso lo omitieron. Y llegaron simplemente con una hoja redactada -por ellos mismos- , diciéndoles a las personas que tenían 3 días para irse y, caso contrario, irían a la cárcel” , manifestó.

“Y si bien es cierto, que se pudo verificar en el CNR que ellos son los dueños del inmueble, pero no se ha hecho una investigación exhaustiva de ¿Cómo ellos obtuvieron ese inmueble?, claro, la Fiscalía deberá garantizar los derechos de ellos (comunidad La Floresta), y de los dueños”, consideró Ortez.

En cuanto al proceso dentro del ente fiscal, Ortez agregó que la denuncia ya fue interpuesta, y ya hay un fiscal asignado, y existe un número de referencia que este día sería certificado el proceso de investigación que puede llevar varios meses del presente año.

“Ya llegaron por parte de la Fiscalía a hacer un recuento de los daños que hicieron al botar sus casas, porque -los dueños no tenían la autorización de hacerlo, si no iniciar el proceso para que un juez de lo civil canalizara la acción y dictaminó que ellos tenían que desalojar el inmueble”, alegó.

“No existe hasta este momento una orden emanada por un juez, a parte de que es una comunidad entera,  o sea, tenían que haber iniciado un proceso legal y no directamente realizado por los dueños, sino por las autoridades correspondientes y no de contratar las máquinas y llegar ellos a destruir”, argumentó Ortez.

Utilizaron a la Policía Nacional Civil para intimidarnos

Noé Navarro, un veterano de guerra, narró que llegó con su esposa en el año 2016, cuando compraron “su pedacito de tierra”.

El veterano comentó, como los agentes policiales llegaron como si “fueran trabajadores” de los dueños.

“Los agentes de la PNC andaban anunciando las reuniones de los dueños, como si estaban pagados, porque andaban con ellos y los apoyaron. Diciendo que quien se opusiera se lo iban a llevar preso y la gente tuvo miedo, a veces, andaban soldados y policías que decían que andaban cuidando solamente”, relató.

“Nos daban sólo un día para desmontar la casa, y luego teníamos que hacerlo obligadamente, nos metían la máquina y botaban todo de un sólo. Yo tuve que deshacer una parte de mi casa y otra me quedó en pie. Gracias a Dios que vino el abogado y pararon las máquinas porque si no me hubieran botado todo”, sostuvo Navarro.

Instituciones deben de apoyar a la comunidad La Floresta

Como denuncia colectiva ingresada a la Fiscalía General de la República, el 10 de mayo, Ortez añadió que buscarán que esta comunidad tenga acceso a las instituciones,  primero, por su condición económica, y porque muchos tenían miedo de ser encarcelados por exigir sus derechos.

“Estoy tratando de acercarme a las instituciones para que apoyen a la comunidad, y para hacer un llamado a la ministra de Vivienda (Michelle Sol), porque son 200 familias, donde hay mucha gente que son ancianos, personas con discapacidades y niños, es una situación bastante complicada”, indicó.

“Cuando llegamos -nos dijeron- que tenían miedo, porque el apoderado legal de los dueños, les había dicho que si denunciaban los meterían a la cárcel, claro, nosotros sabemos que esto no es así. Y para que lleguemos a la cárcel tenemos que haber cometido un delito para que el Estado lo persiga”, expresó Ortez.

“Tocar las puertas de las instituciones” es primordial para la asesora jurídica, y luego buscar una solución adecuada, pero reconoce que será un proceso de largo plazo. Y lo más probable es que deberán de llegar a un acuerdo mutuo.

Primero porque son familias completas y son “poseedores regulares”, o sea, tienen más de 10 años de vivir en la comunidad y según lo establece el Código Civil, esa es una posesión regular e incluso estos habitantes podrían ser los primeros aspirantes de llegar a convertirse en una lotificación.

“Me imagino que aquí debe involucrarse el Fondo Social para la Vivienda (FSV) o FONAVIPO, a fin de que lleguen a un acuerdo con los dueños -y si ellos- han obtenido el terreno sin ninguna ilegalidad, entonces, que sea FONAVIPO que compre el inmueble”, sugirió.

“Y claro, esos terrenos deben tener un precio justo, porque es un terreno rústico sin acceso al agua, sin acceso a luz eléctrica, entonces, no van a valer 10 o 20 mil dólares. Estas familias pagaron recibos de 500 dólares por el derecho a una escritura y fue una estafa de unos miembros de ANTA, quienes ya fueron detenidas e incluso condenadas”, reiteró Ortez.

Alcaldía Municipal no ha querido atender la petición de la comunidad

Carlos González, líder comunitario de La Floresta, manifestó que la Alcaldía de San Juan Opico no ha intervenido y optó por mandarlos al Ministerio de la Vivienda y la Procuraduría General de la República, para hacer la denuncia del desalojo del territorio que ocupan en la zona.

“El 10 de mayo que ya estaban destruyendo el sector 1, fue cuando los policías (PNC) trataba de detener a la gente para que no se opusieron al desalojo. Mucha gente, tuvo miedo y lastimosamente se fue lejos por miedo”, afirmó.

“Ojalá, esto llegara al oído del presidente (Nayib Bukele) y las instituciones, para que la gente pueda tener un alivio, es un proceso bastante largo y esperamos buenas respuestas, pero les pedimos ayuda porque hay muchos que se quedaron sin casa y no tienen como sobrevivir para su alimentación”, puntualizó González.