Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Los afectados por el desfalco de COSAVI se concentraron la mañana de este martes frente a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), para solicitar a la institución la devolución de los ahorros para las personas que tienen de $15 mil a $500 mil. De igual forma, pidieron una audiencia con la superintendenta para exponer sus casos.
Juan José Ortiz, representante de los afectados de COSAVI, expuso que deben dar mayores soluciones y esperan integrar una mesa de diálogo. “Es lamentable venir a las instalaciones de una institución del Estado y encontrarlas cerradas ante un malestar de un problema que genera implicaciones para el país”. También, pidieron la destitución de la superintendenta, Evelyn Gracias por incompetente ya que han pedido reuniones con ella, pero no han tenido respuestas.
La Superintendencia del Sistema Financiero anunció ayer que a partir de hoy martes 13 de agosto se activará la novena capa de la devolución del 100% de los ahorros a quienes tienen una o más cuentas de depósitos que sumen un monto menor o igual a $15,000 en COSAVI, de R. L.
“La mayoría de señores de la tercera edad que estamos aquí pertenecemos a una capa alta, de $50 mil a $500 mil aproximadamente; a este ritmo que vamos definitivamente nosotros nos vamos a morir sin poder recuperar el dinero”, comentó Julio Flores, uno los representantes de los afectados de COSAVI.
José Orlando Romero, otro de los afectados dijo que toda esta situación es lamentable porque ellos confiaron por el momento no van agilizando las capas, “se han estancado, ahora, aparentemente han agilizado una, pero el monto que nosotros tenemos, es mucho más, queremos el apoyo de la superintendenta y del presidente de la República para recuperar ese dinero, aquí lo ven como que andamos mendigando con nuestro propio dinero”.
La noche del 9 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado de prensa que investigaba a 32 personas de COSAVI por defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, en un fraude que ronda los $35 millones. Según la FGR, los directivos incrementaron sus patrimonios personales y los fondos fueron extraídos a Estados Unidos y Alemania.