Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Ramala/Prensa Latina
Más de la mitad de las escuelas que albergan desplazados en la Franja de Gaza fueron atacadas por Israel en los últimos 10 meses, denunció este martes una agencia de la ONU.
En su cuenta en X, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (Unrwa) señaló que desde el 4 de julio fueron bombardeados 21 de esos planteles, que provocaron al menos 274 víctimas mortales.
La institución reiteró su llamado a un alto el fuego en ese enclave costero para aliviar la situación de los más de dos millones de palestinos que allí viven.
En la misma red social, Philippe Lazzarini, comisionado general de Unrwa, reclamó ayer la protección a los civiles en Gaza y condenó los ataques contra escuelas, hospitales y viviendas.
“Hay que proteger a los civiles, a las mujeres, a los niños y a los detenidos (…) a las escuelas, los hospitales, las casas, al personal humanitario…”, escribió el funcionario.
Recordó que hace 75 años se promulgaron las Convenciones de Ginebra para resguardar a los civiles en tiempos de guerra.
Son reglas universales destinadas a limitar el impacto devastador de los conflictos en la humanidad, subrayó.
Sin embargo, destacó, en los últimos 10 meses esas normas fueron violadas flagrantemente en Gaza por el Ejército israelí y los grupos armados palestinos, incluido Hamas.
Más preocupante aún es que Estados firmantes de los Convenios de Ginebra no cumplan con sus responsabilidades de respetar dichos acuerdos y garantizar que las partes en conflicto los acaten, alertó.
Lazzarini advirtió que “nuestros valores compartidos consagrados en las Convenciones están en juego, como también nuestra humanidad compartida”.
Es hora de restablecer esos valores y renovar el compromiso con las Convenciones, que son la brújula del derecho internacional humanitario, indicó.
Recientemente, el comisionado denunció que más de 200 trabajadores de Unrwa murieron por ataques israelíes en Gaza desde el inicio de la guerra, en octubre del pasado año.
“Eran maestros, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, ingenieros, personal de apoyo, logísticos y técnicos de comunicaciones”, criticó Lazzarini.
