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Gloria Silvia Orellana
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“Quizás la única petición al Estado salvadoreño en este momento es que la Agenda de las Mujeres sea un asunto de desarrollo para todas las políticas públicas de El Salvador”, pidió Silvia Juárez, coordinadora del Programa Derecho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de ORMUSA, quien reveló, entre otras hechos de violencia, la violencia sexual que fue de 28, 734 casos.
En la conferencia “Consideraciones para el Abordaje Noticioso de la Categoría de: Feminicidio” , Silvia Juárez, analista jurídica, realizó un intercambio de información con los medios de comunicación con el fin de establecer reflexiones y nuevas lecturas de hechos de violencia hacia las mujeres que permitiría dimensionar el problema que se vive en El Salvador.
La violencia es el principal mecanismo que impide a las mujeres el goce y ejercicio de sus derechos humanos. Y que muchas han experimentado la violencia como “algo inalterado en sus vidas” , que advierte la magnitud de esta situación en donde las mujeres experimentan una de las principales prácticas de violación a sus derechos.
“Creemos que la violencia contra las mujeres es un hecho que no se ha alterado prácticamente nunca. No es una cosa nueva de este gobierno, eso lo quiero aclarar. La violencia contra las mujeres es algo que se ha mantenido casi inalterable en la vida de las mujeres de este país”, afirmó.
“El Estado salvadoreño sigue teniendo políticas públicas para las mujeres como la LEIV y la LEID, y siguen siendo políticas de Estado, pero la implementación de estas son las que vemos con preocupación”, agregó Juárez.
Para la abogada, es muy claro que el debilitamiento institucional en cuanto a la protección de las mujeres salvadoreñas por parte del Estado, se manifiesta en la “disminución recurrente” del presupuesto como el ISDEMU, al expresar que es la única institución pública dedicada a defender los derechos a más de la mitad de la población salvadoreña que son las mujeres, pero la baja de recursos le restan capacidad como ente rector.
Solo en los “hechos de violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia” (2018 a 2022), visualizaron entre las muertes violentas 951 casos, violencia sexual, 28, 734 casos; violencia física, 34, 718; violencia patrimonial, 30,450 casos; delitos LEIV; 18,879 casos, y Trata de Personas 269 casos, que sumaron un total de 114 mil hechos de violencia. Solamente, hubo un 5% de sentencias condenatorias, un 2% de sentencias absolutorias, un 9% de sobreseimientos y un 16% en salidas alternas.
“Hasta el mes de marzo del presente año, hemos registrado siete feminicidios, es decir, uno menos al compararlo con el año 2024, en que registramos 8 casos, es una mejoría en términos que hay una vida -digamos-, que se ha salvado, pero no es alentador”, sostuvo.
“No podemos tener un discurso triunfalista, cuando el dato en cuanto a los feminicidios es poco perceptible. Y también en los casos siguen siendo mujeres las asesinadas en ámbitos de confianza (hogar) y de estos 7 casos (2025), al menos 2 podemos advertir que fueron muertes de mujeres en estos ámbitos de confianza”, reseñó Juárez.
Definición de los feminicidios y las autoridades
En cuanto a los hechos de violencia que reporta la Policía Nacional Civil (PNC) y la forma de caracterizar o definir el feminicidio, Juárez señaló que no tenían claro si existe una falta de conocimiento de las categorías y tipificación de esta violencia o se trataba realmente de una medida para encubrir estos crímenes de odio.
Juárez agregó que esto al final va a generar un efecto negativo, porque al no tipificar estos feminicidios correctamente, el Estado, puede decidir bajar las alertas y que no se considere en las políticas públicas que los crímenes de odio existen en El Salvador.
“Es importante advertir dos elementos, que la víctima tenga la condición de pertenecer a esta población históricamente desaventajada o discriminada como son las mujeres, la diversidad sexual, la niñez y las personas indígenas”, indicó.
“Y el segundo elemento, que esa identidad haya sido la motivación del crimen. En el caso salvadoreños bajo una realidad generalizada de desigualdades, de desprecios y de misoginia consideramos que todas las muertes violentas de mujeres son feminicidios”, manifestó Juárez.
Del mismo modo, señaló como dato importante de investigación y análisis los “casos de desapariciones”, al considerar que podrían ser una forma en que se “aniquila también la vida de las mujeres”, y en las que es difícil obtener la certeza que haya sido feminicidio.
“Para nosotras, lo más alarmante, si bien hay una caída importante de las muertes violentas en general del país, son los hechos de violencia contra las mujeres que no registran esa percepción de caída sustantiva, porque la violencia sexual, intrafamiliar, física y patrimonial, están a la orden del día y en cifras altamente masivas”, alegó.
“Con las desapariciones de mujeres no tenemos mayores datos, y es una de las situaciones más limitantes para analizar el fenómeno porque de entrada El Salvador no cuenta con un registro único confiable que nos pueda dar el dato de desapariciones o acceso a la información que es bastante limitado”, argumentó Juárez.
Los feminicidios no son hechos aislados
Para Silvia Juárez es importante aclarar que el feminicidio no es un hecho aislado, por el contrario, se debe poner atención a los hechos pre delictivos a estos y atenderse para su prevención.
“Aquí se debe atender primero la violencia intrafamiliar, las desigualdades económicas y esta idea social de racionar hombres contra la mujeres, es decir, esta construcción social no se ha alterado”, expresó.
“En el sistema educativo se está considerando como proscrito lo que denominan la ideología de género, cuando sabemos que esto desencadenará en un feminicidio”, reiteró la abogada.
En datos generales, el promedio de hechos de violencia del país suman los 12 mil casos al año, que consideró Juárez, un “número considerable”. También se ha aumentado las solicitudes de medidas de protección, cifras que se han mantenido inalterables año con año.
“Vemos que la violencia contra las mujeres tiene un carácter masivo, pero la capacidad que tiene el sistema de procesar en términos de acceso a la justicia y condena es bastante baja en términos de la carga que entra y sale en el mismo período de tiempo y que los resultados sean de un 5 % o máximo 8%, es lamentable“, reseñó.
“Si de todos los casos que ingresan sólo se obtiene un 8% máximo de condenas y todo lo demás es por salidas alternas o procesos que no llegan a concluirse rápidamente, son preocupantes. Porque las mujeres tienen que pasar todo ese tiempo (judicialización) en situaciones de riesgo”, puntualizó Juárez.
