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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Los 300 agentes despedidos adscrito a la División de Protección de Víctimas y Testigos (DPVT) de la PNC, pidieron al gobierno hacerles efectivo el pago de la indemnización, ya que esta prestación es considerada en la normativa jurídica vigente del país, sin embargo, durante los años de servicio nunca fueron indemnizados, a pesar de que cada año se renovaba el contrato.
Además, durante16 años tampoco se les pagó vacaciones, pese a que estaba considerado en el convenio con la Unidad Técnica Ejecutiva del sector Justicia (UTE), de donde fueron despedidos a partir del 1 de enero 2023, por lo cual consideran es una violación a los derechos laborales y un delito, al apropiarse de fondos públicos por parte de los titulares responsables del convenio UTE-PNC.
Asimismo, los agentes pidieron tomar en cuenta al personal que cumpla con los requisitos para ser reasignado a otras funciones y dependencias de la PNC, a fin de generar estabilidad laboral y aprovechar el recurso humano capacitado y calificado para el desarrollo de funciones de seguridad. “El personal Supernumerario que padece enfermedades crónicas y no tiene posibilidades de pensionarse porque le faltan años, y por su condición no puede seguir laborando, que se le asigne una pensión mensual para que pueda sufragar gastos médicos y procurar que no quede sin cobertura médica que pueda comprometer su condición”, reza el documento enviado al presidente de la República, Nayib Bukele.
Para los agentes despedidos, es paradójico que la UTE se haya desligado del pago de indemnización a este personal, si en el ejercicio fiscal 2023 le ha sido asignado el mismo presupuesto, e incluso, tiene un incremento de $200 mil dólares, siendo que ya no contará con la planilla de 300 Supernumerarios, que implicaba el pago de salarios, bono de $200 mensual, bono trimestral de $400, pago de bono en junio y aguinaldo.
Así como el pago de inmuebles donde estaban los testigos protegidos, gasto de combustible, comida y pago de servicios, por lo tanto, tiene los fondos suficientes para pagar las indemnizaciones, lo cual ronda los $2.5 millones y cumplir con el derecho de los trabajadores a recibir indemnización de salario de un mes por año de servicio al ser despedidos de sus empleos.
Según el Movimiento de Trabajadores de la PNC, desde el 23 de diciembre de 2022 inició la notificación al personal del cese de sus funciones, al no renovarles contrato para 2023, estas disposiciones fueron acordadas entre la directora de la UTE y el director de la PNC, en donde se dejaban sin efecto los servicios de los 300 agentes.
