Redacción Nacionales
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Para dar cumplimiento a los estatutos, la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales de El Salvador (AGEPYM) se prepara para llevar a cabo en los próximos días su segunda asamblea general, donde cada tres años se desarrollan las votaciones para avalar a las nuevas autoridades. Este año consideran necesario el fortalecimiento de las bases para enfrentar la usurpación de identidad por un grupo con intereses políticos.
Mario Montes, presidente de AGEPYM, señaló que ante la usurpación de identidad de la asociación por parte de diferentes grupos de poder con fines políticos, se inició a un proceso judicial para evidenciar las irregularidades de las cuales ha sido blanco la institución, el caso fue expuesto ante el Ministerio de Gobernación, que emitió y firmó una resolución que demuestra la nulidad de la inscripción de la otra junta que pretendía sustituir a las actuales autoridades legales.
Explicó que la otra junta directiva fue impuesta por un sector que no estaba afiliado oficialmente a AGEPYM, sino por funcionarios del actual gobierno, además, estas personas tienen firmas de una cuenta bancaria y están haciendo uso ilegal de esos fondos; esta situación trajo una serie de retrasos en diferentes áreas y beneficios que se otorgan a los afiliados, sin embargo, con el pago de aportaciones en ventanilla se logró solventar la planilla de empleados y gastos básicos.
“Rescatar nuestra identidad, nuestra asociación, es nuestra lucha, llevamos un año en esta lucha, seguimos luchando con toda la legalidad, pero este caso sigue amenazando el desarrollo de nuestra entidad. Esta asamblea general ordinaria de delegados nos ha permitido estar de cerca con cada uno de los miembros, que conforman nuestra asociación y con la visión de abordar puntos de interés”, externó Montes.
AGEPYM es una organización de proyección económica y social, de cobertura nacional, conformada por empleados que laboran en el gobierno central, instituciones descentralizadas y gobiernos municipales. Fue fundada el 1 de octubre de 1966, con la misión de velar por los derechos de sus socios bajo una serie de principios.