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@arpassv
Representantes de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) presentaron este día un escrito ante la Sala Constitucional pidiendo agilizar la resolución definitiva de dos demandas contra la Ley de Telecomunicaciones.
La primera demanda impugna los artículos 80-85 y 100 de la referida ley que establecen la subasta al mayor postor cómo único mecanismo para asignar frecuencias del espectro radioeléctrico. Esto violenta los principios constitucionales de igualdad, purchase libertad de expresión, orden económico con justicia social, prohibición de prácticas monopólicas y prevalencia de tratados internacionales sobre leyes secundarias.
Dicha demanda fue presentada el 23 de agosto de 2012, fue admitida el 14 de diciembre del mismo año y la medida cautelar solicitada fue ordenada hasta el 16 de mayo de 2014 en el marco de una cuestionada subasta de frecuencias que pretendía realizar la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).
Mientras que la segunda demanda es contra disposiciones de los artículos 15, 115, 118 y 126 de la Ley de Telecomunicaciones. Esta demanda cuestiona el carácter de bien privado de las frecuencias que permite la mercantilización de estos bienes públicos, la renovación automática de las concesiones que deriva en una “eternización” indebida de las mismas, la falta de límites antimonopólicos que genera concentración mediática, el uso ineficiente del espectro radioeléctrico con excesivos anchos de banda que impiden crear nuevas frecuencias y la falta de reconocimiento de los medios comunitarios y públicos.
Tales disposiciones violentan –además de los principios constitucionales aludidos en la primera demanda– aspectos fundamentales del régimen de concesiones estatales.
Esta demanda fue presentada el 9 de abril de 2014, fue admitida el 20 de junio del mismo año y posteriormente acumulada a la primera demanda para ser resueltas las dos en una misma sentencia.
El propósito de ambas demandas es contribuir a la democratización de las comunicaciones a través de la construcción de un marco normativo democrático, incluyente y transparente. Las disposiciones impugnadas impiden una mayor diversidad de medios públicos, privados y comunitarios.
Por eso, un año después de presentada la segunda demanda, la ReDCo pide que la Sala agilice la sentencia definitiva. Una pronta resolución de inconstitucionalidad propiciaría un proceso de profunda reforma al marco normativo de las comunicaciones acorde con los principios constitucionales, los tratados internacionales y las nuevas realidades tecnológicas.
