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Miembros de CONFRAS rechazan y condenan las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la CSJ por atropellar a la gran mayoría de salvadoreños entre estos los agricultores que no recibirán sus paquetes. Foto Diario Co Latino / Juan Cortez

Agricultores consideran que resoluciones de Sala de lo Constitucional “crean procesos de desestabilización”

@OscarCoLatino

La Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS) consideró que las recientes resoluciones de la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) afectan negativamente la vida social, política y económica del país y por tanto al sector agropecuario.
Abel Lara, presidente de CONFRAS, expresó que “no podemos permitir que (los magistrados) nos estén pisoteando y que puedan hechar a perder la democracia y los avances de este país”, ante las sentencias de la Sala de lo Constitucional.
Asimismo, Lara argumentó que cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional “tomaron la agenda de las demandas de justicia de las
organizaciones sociales para ellos crear procesos de desestabilización económica y política en el país, si fuera para hacer justicia
estaríamos de acuerdo”.
Por lo mismo, CONFRAS exigió a la Asamblea Legislativa derogar el  decreto por el cual fueron electos los magistrados de la mencionada
Sala, ya que para ellos son funcionarios de segundo orden, es decir no fueron electos por el pueblo.

Lara explicó que la sentencia que evita la emisión de $900 millones en bonos, afectó al sector agropecuario, ya que el Gobierno destinaría parte de esos fondos para la compra y distribución del paquete agrícola y para la compra de la producción a los
agricultores.

“No dejar que el Gobierno utilice los $900 millones, para nosotros eso no va en contra del Gobierno, sino en contra de la población y de
nosotros los agricultores que nos dedicamos a producir alimentos, porque dentro de esos $900 iba una cantidad específica para financiar
los paquetes agrícolas”, dijo Lara.
CONFRAS aseguró que por la sentencia de la Sala de lo Constitucional, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tiene problemas para
pagar a los agricultores la cosecha de maíz producida en 2015, la deuda asciende a $15 millones.
“Para los campesinos que estamos produciendo esa alimentación nos queda claro que la Sala está respondiendo a intereses corporativos y
oligárquicos de éste país porque con este tipo de resoluciones no toman en cuenta a la población salvadoreña”, aseveró el presidente de
CONFRAS.

CONFRAS aseguró que los agricultores nacionales produjeron el 95 % de la semilla de maíz consumida en el mercado nacional, “eso es
importante porque nos acercamos a ser soberanos en la producción de la semilla”, indicó Lara.

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