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@SilviaCoLatino
“Este día estamos informando oficialmente, que María Teresa Rivera, una de las 17 mujeres que ha enfrentado una de las condenas más altas del Estado salvadoreño, por un delito que no cometió, recibió asilo político en Suecia”, anunció Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
La Dirección General de Migraciones de Suecia, concedió el estatus de “refugiada” a María Teresa Rivera y su pequeño hijo, por “persecución política y jurídica” en El Salvador.
Rivera fue sentenciada en el año 2012 a 40 años de cárcel por el supuesto delito de “homicidio agravado”, de los cuales pasó cuatro años recluida, pero fue dejada en libertad luego de comprobarse que hubo una “equivocada interpretación” desde el Sistema Judicial, ante un parto que fue precipitado y extra-hospitalario.
En el año 2011, Rivera tuvo problemas de salud manifestado en dolores de vientre bajo y sangrados vaginales, diagnosticándole una infección en la vejiga. Luego en la letrina de su casa tuvo una hemorragia calificada como “shock hipovolémico”, sin saber que estaba embarazada porque mantuvo sus períodos y su vientre no creció.
No obstante, el personal de salud la acusó de haberse provocado un aborto y la Fiscalía General de la República la acusó y mandó a las bartolinas de la Policía Nacional Civil. Y debido a la intervención de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, apoyaron a María Teresa hasta lograr establecer que ella, en ningún momento cometió un aborto y que fue una “interpretación errónea de los hechos ocurridos”.
Morena Herrera explicó que este caso es emblemático, porque les permite hacer notar a la ciudadanía y clase política, sobre este tipo de casos, que por negligencia del personal médico y judicial, las mujeres están siendo víctimas del Estado.
“Esto va a permitir que María Teresa y su hijo, puedan rehacer su vida, desde una situación de mayor tranquilidad y la protección que el Estado salvadoreño no le ofreció. Esto marca un precedente histórico no solo para el país, sino también la Comunidad Internacional, por ser la primera vez, que un país otorga asilo político por esta razón”, reflexionó.
Mientras, Nelson Flores, de FESPAD, calificó de ineficiente a las entidades del Estado salvadoreño y principalmente a la Fiscalía General de la República, al considerar que no está haciendo investigaciones a fondo sobre los casos.
