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Por Leonel Herrera*
El Salvador es el país centroamericano con el mayor deterioro de los bienes hídricos: posee la menor reserva de agua dulce y -según datos oficiales- el 90% de sus ríos están contaminados, entre éstos el Río Lempa, el principal afluente nacional que provee la mitad del agua potable al Área Metropolitana de San Salvador, sus centrales hidroeléctricas cubren el 33% de la demanda energética nacional y su caudal es de vital importancia para la agricultura, la pesca, el turismo y otras actividades de sobrevivencia para la población de 162 municipios.
Esta situación se agrava con proyectos urbanísticos depredadores de los ecosistemas, como Valle El Ángel, que la oligárquica familia Dueñas construye sobre una zona de recarga acuífera al norte de San Salvador; y podría ser todavía peor si el actual gobierno concretara su intención de reactivar la minería metálica. La explotación minera sería el acabose ambiental del país, sobre todo porque daría el tiro de gracia al ya moribundo Río Lempa, como he argumentado antes.
(https://www.diariocolatino.
En este contexto conmemoramos esta semana el Día Mundial del Agua, teniendo también como colofón de fondo la detención arbitraria y el injusto proceso penal contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, quienes están aislados, sin acceso a sus abogados defensores y sufriendo graves complicaciones de salud. Según denunciaron sus familiares ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dos de ellos que padecen enfermedades crónicas han sido trasladados a un centro de salud penitenciario.
Esta es la razón principal para insistir en la petición de otorgar medidas sustitutivas a la detención provisional, además de la ausencia de peligro de fuga y al hecho que en otros casos sobre delitos de la guerra civil los acusados son procesados en libertad. Ni siquiera los militares enjuiciados por la Masacre de El Mozote están en prisión, como lo están los luchadores sociales de Santa Marta y ADES.
Vale recordar también que éste es el único caso sobre delitos del conflicto armado donde Fiscalía y Sistema Judicial han decretado reserva de información, lo cual restringe el ejercicio periodístico y violenta el derecho ciudadano a la información pública, como bien señaló hace un par de semanas el Colectivo de Docentes del Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador (UES).
El colectivo de académicos sostiene que “los procesos judiciales sobre delitos cometidos durante el conflicto armado deben ser objeto de un debate abierto, transparente y plural, pues tienen que ver con la memoria histórica, el conocimiento de la verdad, la aplicación de justicia, la reparación moral de las víctimas y la reconciliación nacional”; y que las reservas de información van en total contrasentido con este propósito.
Los docentes universitarios también señalan que “dadas las dudas y señalamientos sobre supuesta falta de pruebas y posibles objetivos ajenos al conocimiento de la verdad y la aplicación de la justicia, planteadas por personas y organizaciones cercanas al caso, la mejor forma de transparentar el proceso es eliminar la reserva de información establecida”.
Finalmente, esta semana ADES y Santa Marta también solicitaron a la PDDH pronunciarse con urgencia ante las preocupantes señales de la posible reactivación de la minería metálica en el país, situación que constituye la verdadera razón de la detención y enjuiciamiento de los líderes comunitarios y defensores ambientales: debilitar la resistencia anti minera en el departamento de Cabañas para viabilizar la ejecución de esta nociva industria extractiva que pone en grave riesgo la continuidad de la vida en el país.
(https://twitter.com/ades_sm/
Ojalá que la institución defensora de los derechos humanos sea consecuente con su histórica postura contra la minería dado que esta nociva industria violenta directamente el derecho al agua, a un medioambiente sano, a la salud y a la vida; e indirectamente vulnera otros derechos económicos, sociales y ambientales.
*Periodista y activista social.
