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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La falta de leyes a bienes hídricos, la deforestación de bosques, la criminalización de personas defensoras de derechos ambientales y falta de políticas en materia de riesgos por desastres enmarcan el balance ambiental comunitario, presentado por líderes y lideresas de MESUTSO, la Mesa por la Sustentabilidad del Agua y del Medio Ambiente de Ahuachapán, y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
“Nos preocupa que en la discusión del nuevo Presupuesto General de la Nación, los ministerios estratégicos como Agricultura y Ganadería (MAG), o del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) tienen menor asignación de recursos financieros. Eso implica que, cuando lleguemos a esos ministerios con nuestras demandas, lo que nos van a decir es que no tienen recursos y no pueden supervisar permisos, abusos en el uso de recursos naturales y otros temas”, explicó Sara Guardado, de la Mesa por la Sustentabilidad del Agua y del Medio Ambiente de Ahuachapán (MESAMA).
Las hipótesis no están lejos de ser ciertas, el Ministerio de Medio Ambiente tendrá 3.8 millones de dólares menos (-20.5 % del presupuesto de 2019), frente al Ministerio de la Defensa, que tiene asignado 26.7 millones de dólares más que el año pasado, al subir en un 18 % en cuanto a recursos financieros.
“Estamos demandándole y exigiéndole al presidente, Nayib Bukele que priorice estos problemas que son graves a nivel nacional y no lo estamos inventando; como organizaciones MESUTSO, MUINA, PRONATURA y UNES, constatamos que no le están dando prioridad a la problemática ambiental, para favorecer el desarrollo económico, que al final solo empobrece a las comunidades y somos los más vulnerables, los que enfrentamos de inmediato estos impactos de problemas ambientales como la contaminación y la sobreexplotación de bienes naturales. Entonces qué modelo de desarrollo quieren, para quién lo quieren, esa es nuestra realidad”, agregó Guardado.
Otro de los componentes que abona a la crisis ambiental que afecta directamente la biodiversidad, señaló Nicolás Sánchez, del Movimiento de Unificación Indígena de Nahuizalco, es la deforestación de bosques naturales que son afectadas en zonas estratégicas, como Juayúa que se constituye en una importante zona de recarga hídrica, que abastece a ríos, nacimientos y manantiales, y afectan directamente a las comunidades y pueblos indígenas.
“Es preocupante la situación ambiental, cultural y climática que estamos viviendo en nuestros territorios, con toda la problemática que se ha venido generando que se intensifican con la deforestación como el caso de Juayúa, que abastece a Nahuizalco, y pese a que tenemos leyes que afirman defender el medio ambiente se ha dado la tala indiscriminada de los bosques montañosos; así como la contaminación del río Ceniza, por la construcción de la urbanización Acrópolis y por la contaminación del penal de Izalco, lo más preocupante son las enfermedades que la gente está comenzando a tener en su piel, porque se bañan con esa agua contaminada, lo que genera mayores problemas en el acceso al agua, es una incertidumbre a los pueblos indígenas y comunidades”, sostuvo Sánchez.
Sobre la crisis ambiental que vive el país, y la postura “casi indiferente y superficial” del actual gobierno, Manuel Alfredo Guevara, del comité ambiental de Metalío expresó la preocupación de que la política del Estado en general solo abandera temas de inversión como principal fuente para el desarrollo, acompañado de un modelo extractivista que termina impactando a las comunidades más pobres de la zona rural.
“En materia de cambio climático y riesgos por desastres, nos preocupa porque las comunidades se han vuelto más vulnerables frente a los impactos que generan los fenómenos como inundaciones, sequías, enfermedades, falta de empleo, lo que genera migración. Es por esto que exigimos a la Asamblea Legislativa aprobar una Ley para el Cambio Climático y Gestión de Riesgo a Desastres, y lo hacemos porque estamos siendo invadidos por el monocultivo de la caña, que nos contamina con los tóxicos en nuestras comunidades y tenemos nuestros ríos y mantos acuíferos más secos, porque toman el agua para el riego y las enfermedades que nos afectan a la salud y pérdidas humanas con enfermedades, como la enfermedad renal, y cuando no logramos resistir el impacto que da el evento (climatológico) vemos poca motivación de legisladores, de aprobar leyes que nos protejan; entonces, ¿dónde están nuestros derechos humanos?”, cuestionó Guevara.
En cuanto a las demandas al órgano Ejecutivo, las organizaciones exigieron articular acciones para garantizar los derechos de las personas, antes que la inversión empresarial, y una regulación efectiva y profesional de los permisos ambientales en obras que generan riesgos a amplios grupos poblacionales, así como estimular la agroecología como modelo alternativo de producción amigable con el medio ambiente.
“La explotación de agua que hace la industria cañera en San Julián, en los ríos y cuencas (hidrográficas) que tenemos, podemos ya comprobar cómo las comunidades, no importa en qué zona estén, puede ser alta, media o baja, es impactada por la disminución del vital líquido, porque ya no tenemos y no queremos más permisos del MARN o MAG para empresas, porque están acabando con el agua, los animales silvestres, los cultivos y aparte de eso el cambio climático nos ha afectado de lleno con el aumento del calor, así como las enfermedades que nos causan los químicos de industria cañera”, reafirmó Kenia Murcia, del comité ambiental de San Julián.
Mientras, al órgano Judicial le exigieron el cumplimiento de las leyes ambientales, acompañar los procesos de denuncia ambiental de las comunidades y resguardar a las personas defensoras, para no permitir la criminalización injustificada. Y, a los gobiernos locales, a cumplir con espacios de participación en proyectos que afectan el medio ambiente.
