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Brasilia/PL
Una nueva denuncia contra el presidente Michel Temer es aguardada aquí a partir de hoy, cuando el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Rodrigo Janot iniciará su última semana de mandato en esa institución.
No solo el hecho de comenzar su conteo regresivo al frente de la PGR debe acelerar la presentación de la acusación, sino también la decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin de someter a consideración del plenario de esa Corte un pedido de Temer para suspender cualquier nueva denuncia de Janot contra él.
La solicitud se sustenta en la presunta actuación irregular del procurador y cuestiona la validez de la delación premiada de los empresarios Joesley Batista y Ricardo Saud, quienes ayer se entregaron a la justicia y se presume ocultaron información de interés en sus testimonios.
En mayo último Temer se convirtió en el primer presidente brasileño en pleno ejercicio de sus funciones en ser denunciado por corrupción pasiva.
La acusación se sustentó en pruebas aportadas por Batista que implicaban al gobernante en actos corruptos y revelaban además su intención de obstruir la justicia.
La denuncia contra Temer no prosperó entonces ante la negativa de la Cámara de Diputados de no dar curso al proceso en la Corte Suprema por considerar que el momento no era oportuno para ello.
Según anticipó la semana pasada el diario digital Brasil 247, la nueva acusación de Janot contra el inquilino del Palacio de Planalto sería robusta, fundamentada en varios pilares y diferente de la anterior, en la cual el foco era solo Temer, pues ahora se trataría de la formación de una organización criminal.
La acusación, abundó el periódico, será reforzada por nada menos que siete delaciones, entre ellas las del operador del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) Lúcio Funaro, cuyo testimonio ya fue homologado por el Supremo Tribunal Federal (STF).
Funaro aseguró que Temer hacía lobby para políticos, cobrando transferencias de la llamada caja dos (recursos no declarados) y también recibía sobornos; aunque admitió que nunca trató directamente con él, porque de eso se encargaba el ex titular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, quien cumple una condena de 15 años de cárcel.
La propia publicación alertó hoy que el ministro de Justicia Torquato Jardim pretende ejecutar su papel dentro de un gobierno que tiene como principal misión ‘estancar la sangría’ ocasionada por la operación anticorrupción Lava Jato en el gobernante PMDB y sus aliados.
Jardim confirmó que cambiaría el alto mando de la Policía Federal y que intentaría anular las pruebas aportadas por los delatores Batista y Saud, cuya aceptación -dijo- tendrían consecuencias graves para la credibilidad del proceso.
Por su parte, el criminalista Vera Chemin declaró que si bien sería probable anular ‘una u otra prueba’, serán necesarios indicios muy consistentes para dejar sin efecto todo el contenido de los audios aportados por Batista sobre la comprometedora conversación con Temer grabada en marzo pasado en el Palacio de Jaburu.
