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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“El Lempa es la columna vertebral hídrica en El Salvador”, reconoce Julio González, activista del colectivo Madre Selva, al fundamentar la necesidad de cerrar de inmediato el proyecto minero “Cerro Blanco”, porque al contaminar la cuenca Ostúa-Güija, se convierte en un problema de aguas transfronterizas.
“El tema Cerro Blanco es un problema binacional. Se genera por la falta de regulación ambiental, en Guatemala y El Salvador, por eso, creemos, es el momento para ponerle freno a estas empresas”, reafirmó.
Las organizaciones Madre Selva, CRIPDES y UNES, que conforman el colectivo regional ACAFREMIN, sostuvieron una reunión con los procuradores de Derechos Humanos Raquel Caballero de Guevara y Jordan Rodas Andrade, sobre la problemática socioambiental que generará el proyecto minero “Cerro Blanco”, afectando la frontera lacustre entre ambas naciones.
El proyecto minero Cerro Blanco es, en suma, una historia de permisos irregulares, de rechazos de estudios de impacto ambiental y de contaminación de aguas trasnacionales, que el colectivo Madre Selva denomina como “La mina que nació muerta”.
Desde el año 2004 la minera Entre Mares S.A., subsidiaria de Gold Corp, ahora con su nuevo dueño BlueStone Resources de origen canadiense, trata de echar a andar su proyecto “Cerro Blanco”, que se enclava en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala.
Entre Mares, explicó González, obtuvo su licencia de explotación luego de un largo período de un tira y encoge con la Unidad de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente guatemalteco, que señalaba deficiencias de información técnica en el Estudio de Impacto Ambiental en el año 2004, que culminó con la remoción de esos funcionarios del gobierno.
“En junio de 2017, Entre Mares presentó nuevamente ese estudio deficiente de impacto ambiental y lo aceptan las nuevas autoridades. El 23 de julio, Madre Selva presentó su oposición a ese estudio y así iniciamos la resistencia y la lucha frente a la institucionalidad del Estado, que se convierte en defensora del proyecto. Y el 14 de agosto de 2017, le es aprobado el estudio a Entre Mares para explotar la mina”, resumió.
Sobre el impacto en la cuenca Ostúa-Güija, parte alta del río Lempa, sobresale el lago de Güija, que sería contaminado por aguas con arsénico (metaloide altamente tóxico), así como la generación del drenaje ácido que se utiliza en la industria minera.
“Todas las descargas del río Ostúa, en Guatemala, caen al lago Güija en El Salvador y precisamente la mina Cerro Blanco vierte sus aguas en la cuenca. Solo han extraído aguas termales peligrosas (80 a 120 grados centígrados) con arsénico y metales pesados y no han sacado oro. Tanto así que en el año 2012 pidieron al Ministerio de Energías y Minas un cierre temporal de dos años, por fallas técnicas e inundaciones de túneles, entonces lo conveniente es que cierren ese proyecto fallido”, consideró.
Sobre la discusión de la soberanía territorial González consideró que los países podrán ser soberanos, pero radica en su pueblo y son estos los que están exigiendo que los Estados regulen y hagan valer el enfoque de derechos humanos por sobre los privilegios de las empresas nacionales o transnacionales relacionados al extractivismo.
“El desarrollo debe de medirse por una regla igualitaria, aunque por ahora el desarrollo va más enfocado a las ganancias que obtienen las transnacionales para extraer nuestros recursos o por aprovecharse de estos.
Y al pueblo solo nos va quedando el pasivo ambiental, así como cubrir los daños y remediar lo que se pueda, cuando estas empresas se van luego de saquear lo que han querido.
Yo creo en ese sentido que el desarrollo sostenible ya no llena el requisito de que sea respetando el medioambiente y el futuro de las nuevas generaciones”, aseguró.
Mientras, Rodolfo Calles, de CRIPDES El Salvador, consideró que la reunión de ambos procuradores de derechos humanos se puede convertir en un punto de partida para fortalecer los lazos de cooperación entre ambas naciones, en defensa de los derechos de los pueblos centroamericanos.
“Me da la impresión, después de la reunión de las dos procuradurías, sea un hecho que pase, aparentemente desapercibido. No obstante, tiene una connotación política en ambos países. Las procuradurías, tanto la de Guatemala y El Salvador, si bien es cierto, sus recomendaciones no son vinculantes, pero si tienen un peso moral para los gobiernos y si están preocupados por garantizar los derechos humanos frente a las empresas, eso implica también que se van a preocupar por el respeto de los derechos humanos por las empresas, entonces estarán preocupados por los efectos de las empresas mineras que estarían violentando los derechos de ambas poblaciones y vamos a dar seguimiento al proceso, para que no quede en un esfuerzo de buenas intenciones”, puntualizó.
