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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
David Pereira, activista ambientalista de CEICOM, que integra la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas (RedCAT), advirtió sobre el alcance de contaminación que tendría el proyecto minero “Cerro Blanco” en los mantos acuíferos que comparte el país con Guatemala.
La mina Cerro Blanco, enclavado en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, Guatemala, que está en manos de la transnacional Bluestone, de capital canadiense, espera explotar metales preciosos a través de la modalidad de minería a cielo abierto, luego que las altas temperaturas de las aguas (termales) de la zona, no les permite ingresar al fondo.
A 3 horas de distancia (164.5 kilómetros) de El Salvador, la contaminación de la mina Cerro Blanco afectaría gravemente la Cuenca Ostúa -Güija-Lempa, así como la vida de la población salvadoreña que se abastece de este enclave hídrico a diario.
El colectivo guatemalteco “Madre Selva” ha reiterado que el permiso ambiental entregado por la Unidad de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala, tiene un rastro de “corrupción”, luego que el gobierno de Oscar Berger destituyó a los técnicos que rechazaron la primera solicitud de explotación minera.
En junio de 2007 los funcionarios recién nombrados aceptaron el Estudio de Impacto Ambiental y la factibilidad para explotar la mina Cerro Blanco de la empresa Entre Mares, subsidiaria de Gold Corp, quien vendió la trasnacional a Bluestone Resources.
“Anteriormente, Gold Corp se planteaba una mina subterránea que les fue imposible realizar por las altas temperaturas de las aguas que hay en la zona, pero ahora Bluestone se propone hacer minería a cielo abierto y esto es mucho más grave tanto para la población guatemalteca en la zona de Asunción Mita como para la población salvadoreña”, explicó Pereira.
La problemática de la minería transfronteriza, añadió Pereira, es que afecta los mantos acuíferos de los países de la región y como en Guatemala y Honduras permite la minería metálica se está llevando a un riesgo los cuerpos de agua y ríos compartidos como el Paz, Goascorán, Torola y Lempa, y el lago de Güija, que estarían expuestos al impacto de sustancias tóxicas de la actividad minera provenientes de los países vecinos, así como los agroquímicos de los cultivos en puntos fronterizos.
“La mina el Cerro Blanco ya deposita las aguas termales sobre el río Ostúa y llegan a través de una quebrada que va de la mina hasta el río que desemboca al lago de Güija y este es tributario importantísimo del río Lempa -esto significa- que en un mediano tiempo las aguas del lago Güija y el río Lempa van a ser contaminados por los desechos de las minas”, expresó. “Lo más peligroso de la actividad minera son los altos contenidos de arsénico que tienen esas aguas y eso está demostrado con nuestros propios análisis y también los del MARN que ha hecho análisis de esas aguas y se determinó que estaba siendo contaminado por arsénico y esos niveles van a ser mucho mayores en la medida que Cerro Blanco entre en operación”, sostuvo Pereira.
Las organizaciones salvadoreñas han venido trabajando una propuesta de un Tratado de Aguas Compartidas, desde el año 2008, a fin que la minería transfronteriza no afecte directamente las cuencas hidrográficas compartidas entre Guatemala, Honduras y El Salvador.
“Tenemos entendido que la empresa (Bluestone), al terminar el 2021, tendrá en sus manos el documento del estudio de Impacto Ambiental, para presentarlo al gobierno guatemalteco y en un plazo de un año obtener el permiso de explotación”, señaló.
“Es decir, contamos con un año para hacer las gestiones respectivas y parar el proyecto minero Cerro Blanco y esta es una responsabilidad de Cancillería salvadoreña y le hacemos un llamado demandándole a interponer sus oficios para detener este proyecto minero”, apremió Pereira.
En cuanto a los funcionarios guatemaltecos, agregó que han sostenido algunos debates sobre el tema en donde alegaron la soberanía de su gobierno y pueblo para tomar las decisiones que consideren pertinentes en su territorio. No obstante, Pereira, señaló que respetan esa soberanía pero no les reconocían ningún derecho a envenenar las aguas que corren hacia El Salvador.
“Le advertimos al gobierno salvadoreño que está en juego hacer valer derechos fundamentales de la población que se encuentran contemplados en la Constitución de la República como el derecho humano al agua, a la salud, la vida y al medio ambiente sano así como el derecho a la información porque el gobierno no está informando sobre la amenaza de este proyecto minero”, afirmó.
“Además, existe suficiente recursos y marcos jurídicos de los que puede echar mano el gobierno y hacer uso de estos para defender los derechos fundamentales de la población salvadoreña como el Convenio Internacional de Derechos Humanos y el Plan Trifinio, que en su artículo 3 establece que cualquier proyecto que se ejecute en esa zona deberá contar con el visto bueno de las tres partes y la mina Cerro Blanco queda dentro del territorio del Plan Trifinio”, argumentó Pereira.
Para David Pereira, la pregunta inmediata para la administración del presidente Nayib Bukele debe ser “¿Cuál es la posición del gobierno salvadoreño ante la autorización de ese proyecto minero?”, así también cuestionar a sus pares de la región el porqué no existió ninguna consulta del Plan Trifinio, entonces ante esa violación deberá hacer valer su autoridad y es lo que exige RedCAT.
