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Bogotá / AFP
Diego Legrand
A Yovana Sáenz se le heló el cuerpo cuando leyó el mensaje en su celular. Ahora era objetivo militar de las Águilas Negras, la tenebrosa «marca» tras la cual se esconden narcos, paramilitares o agentes estatales para aterrorizar en Colombia.
«Ustedes no son mujeres que se dejan amedrentar fácilmente, por eso el único camino que queda es la muerte». La notificación fue enviada por WhatsApp el 20 de agosto a seis personas, pero en ella revivió una huella indeleble.
Hace diez años, dos hombres armados la violaron en Cazucá, un municipio aledaño a Bogotá donde vivía. «Vales menos que una bala», le dijeron. Yovana pagó en carne viva su defensa de las mujeres víctimas del conflicto armado, como otras lideresas de su colectivo, también ultrajadas.
Aún llora al recordar la pesadilla.
«Cada vez que llega una amenaza yo me enfermo. Me da pánico que me vuelva a pasar algo a mí o que le pase algo a mis hijos por una labor que es defender derechos humanos», dice Sáenz, de 44 años, mientras atiende a AFP en el centro de Bogotá, lejos de su casa por seguridad.
Detrás de sus temores están las Águilas Negras, la organización clandestina y antiguerrillera que se creía oficialmente extinguida, pero que revivió como un logo: un águila de alas negras, cabeza y cola blancas, con las patas agarrando dos fusiles.
«No hay una sola captura, no le han tomado fotos a ningún campamento. Se coincide en que es (…) una sigla de algo que existió y que sigue siendo utilizado» para amenazar con distintos propósitos, explica Camilo González Posso, presidente del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz.
– Zozobra –
El siniestro nombre se escuchó por primera vez a principios de siglo en el noreste del país, cerca de la frontera con Venezuela. Bajo ese término se agruparon unos 800 paramilitares, según la estatal Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Luego de la desmovilización de las milicias de extrema derecha (que llegaron a sumar unos 30.000 hombres en todo el territorio), las siglas cayeron en un olvido relativo hasta poco después de la firma de la paz con las poderosas FARC en 2016.
Entonces se desató un nuevo ciclo de violencia, con asesinatos selectivos, amenazas y destierros, en las zonas dejadas por los rebeldes marxistas que no fueron ocupadas rápidamente por el Estado, donde persiste el narcotráfico.
Dentro de los responsables, sobre todo de las intimidaciones, se repite un nombre: el de las Águilas Negras, cuya ola de terror ha golpeado lugares tan alejados unos de otros como la ciudad de Cali en el suroeste, Soacha en el centro o Aguachica en el noreste entre 2016 y 2017, según la Fundación Ideas para la Paz.
Los panfletos con ultimátums que llevan esa marca tienen como destinatarios a opositores como el excandidato presidencial Gustavo Petro, activistas de derechos humanos e indígenas que promueven los acuerdos de paz y defienden sus territorios.
El tema ha escalado hasta convertirse en «prioritario» para las autoridades por la «zozobra e intranquilidad» que genera, indica el coronel José Restrepo, del cuerpo élite de la policía que indaga amenazas a activistas.
Pero el cuerpo especializado de la fiscalía, creado hace cerca de un año para este tema, aún no ha logrado determinar qué es o quiénes son las Águilas Negras.
– Fachada –
Policía y analistas coinciden en que puede tratarse de una fachada tras la cual se esconden políticos, remanentes de paramilitares e incluso particulares con el fin de amedrentar.
Las amenazas apuntan a «sectores de oposición, organizaciones sociales (y) movimientos de protesta», nunca a «sectores de ultraderecha», lo que explica que sus víctimas le atribuyan un tinte político, apunta el analista González Posso.
La impunidad alimenta este fenómeno, afirma por su parte el investigador de la ONG Somos Defensores, Leonardo Díaz.
Y aunque no se ha informado oficialmente de capturas o de asesinatos recientes de Águilas Negras, la Defensoría del Pueblo (ombudsman) llamó la atención sobre un grupo que opera bajo ese nombre en barrios del suroeste de Bogotá, donde conviven líderes sociales desplazados por el conflicto y exintegrantes de grupos armados.
Desde 2017 Yovana Sáenz, habitante de esa zona, ha recibido cuatro amenazas con esa marca.
El miedo la acompaña cada vez que recibe un mensaje y tiene que recorrer en transporte público -por falta de dinero para pagar un taxi o un vehículo privado- el camino de regreso a casa, acompañada por un escolta asignado por el Estado.
«Si nos van a matar, que nos maten de frente, pero no así», dice la lideresa, agotada de «tanto castigo».
