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@arpassv
Tal como sus organizadores anunciaron a inicios de semana, la “Caravana contra la evasión tributaria” continuó este día. Durante la mañana recorrió varias calles de San Salvador y denunció a empresas señaladas de incumplir sus responsabilidades tributarias; y en las próximas semanas seguirá hasta llegar a todas las que aparecen en las listas de deudores y morosos con el fisco publicadas recientemente por el Ministerio de Hacienda.
La “Caravana” también denunciará a las empresas que más cotizaciones deben al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Estas empresas descuentan las cuotas a sus empleados pero no las entregan al ISSS, acto que también constituye una apropiación indebida de recursos públicos y otra forma de evasión.
La “Caravana” avanza en medio de la creciente discusión sobre la urgencia de combatir la evasión y judicializar todos los casos de corrupción. Esta semana se reanudó el debate sobre sanciones para los evasores y la Corte Suprema de Justicia admitió demandas sobre el posible enriquecimiento ilícito de los ex presidentes areneros Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol.
Se suma a esto la exigencia al Fiscal General de procesar a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar por el caso FECEPE, judicializar al magistrado Belarmino Jaime por presunta evasión de su empresa CGA Telecom, incluir en el caso del ex presidente Saca a Ana Vilma de Escobar y su ex secretario jurídico Luis Mario Rodríguez, retomar la lista de “destinatarios” de las donaciones de Taiwán y ampliar el caso INFOCENTROS hacia los directivos del BMI, Infocentros y FANTEL.
Además de visitar a los evasores tributarios y deudores de cotizaciones del ISSS, la “Caravana” incluirá en los siguientes recorridos a la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación de la Ley de Cobro Coactivo, reformas a los códigos tributario y penal que pongan cárcel para los evasores, la derogación o reforma a las leyes de la elusión y la aprobación de la política fiscal progresiva.
Las organizaciones de la “Caravana” proponen un solución integral a la crisis fiscal del gobierno mediante un combate efectivo contra la evasión y la elusión, la aprobación de impuestos directos a los ricos (al patrimonio, a la gran ganancia empresarial, a bienes y servicios de lujo) y la reforma al sistema de pensiones.
También se plantea la necesidad de auditar y renegociar la deuda pública, interna y externa. La propuesta es que el gobierno suspenda temporalmente el pago de la deuda y destine esos fondos para impulsar el desarrollo integral del país: salud, educación, generación de empleos, prevención de la violencia, servicios básicos, saneamiento ambiental y demás necesidades del país.
