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@arpassv
Representantes de las comunidades y organizaciones que integran la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica presentaron ayer, públicamente, una propuesta de decreto ejecutivo que prohíbe la explotación minera.
La propuesta, aunque insuficiente (porque la prohibición definitiva debe ser por ley que la derecha se niega a aprobar en la Asamblea) constituye una oportunidad para evitar la llegada de más empresas mineras al país o nuevas demandas contra el Estado ante tribunales internacionales.
La presentación de la propuesta de la Mesa es oportuna, pues este momento es propicio para concretar una prohibición de la minería de metales, sobre todo porque la resolución favorable del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones) es un argumento que el gobierno debe aprovechar para poner al país a salvo de esta nociva industria.
El CIADI estableció que la transnacional Pacific Rim/Oceana Gold no cumplió los requisitos para realizar su proyecto minero en Cabañas y que el Estado no estaba obligado a otorgar el permiso de explotación si éste era inviable.
Está dicho que la minería metálica en El Salvador es inviable ambiental, social y económicamente. Esto debido a la estrechez territorial, alta densidad poblacional y grave deterioro de los recursos hídricos.
Por eso el Presidente Salvador Sánchez Cerén debe promulgar de inmediato el decreto propuesto por la Mesa, debe demostrar que realmente está en contra la tenebrosa minería de metales. El gobierno consideraba contraproducente establecer una prohibición mientras se desarrollaba el arbitraje en el CIADI, pero ahora ya no tiene esa excusa.
El Arzobispo de San Salvador pidió el fin de semana prohibir la minería metálica. Y el gobierno, así como quiere que ARENA escuche el llamado a resolver la crisis fiscal y no llevar al país al impago, debe acatar la exhortación de concretar una prohibición aunque sea por decreto ejecutivo.
Todas las organizaciones populares, movimientos sociales y toda la población debe respaldar la propuesta de la Mesa que el Ejecutivo promulgue un decreto contra la minería y que la Asamblea apruebe una ley que la prohíba definitivamente.
La ley prohibitiva de la minería metálica duerme el sueño de los justos desde hace 10 años en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. La derecha parlamentaria, especialmente ARENA, se niega a aprobarla, a pesar de que es una medida necesaria y urgente.
