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Por Leonel Herrera*
“En El Salvador no hay Presidente”, dijo en una ocasión Nayib Bukele, refiriéndose a la falta de liderazgo del entonces Presidente Salvador Sánchez Cerén. Esto fue en un evento con la diáspora en 2018, cuando Bukele ya había perdido la posibilidad de ser candidato presidencial del FMLN y con semejante declaración buscaba provocar su expulsión para irse con otro partido.
Obviamente Bukele mentía, pues Sánchez Cerén era el presidente legal y legítimo. Es claro que Bukele quería asestar el golpe más bajo posible al FMLN y lo mejor era denostar a su figura principal: el Presidente de la República.
Es ahora cuando legalmente no hay Presidente, aunque en la práctica Bukele siga gobernando a su antojo. La licencia otorgada por la Asamblea Legislativa la semana pasada es absolutamente ilegal y -como bien señalan SUMAR y otras organizaciones ciudadanas- constituye un múltiple fraude constitucional, pues violenta al menos una docena de artículos de la Carta Magna.
La licencia dada por los diputados oficialistas al Presidente y al Vicepresidente de la República viola, en primer lugar, los artículos de la Constitución que prohíben la reelección presidencial continua (Arts. 75, 88, 131, 152, 154, 235 y 248). Esto significa que la Asamblea dio licencia para que ambos funcionarios hagan ilegalmente campaña electoral, ya que sus candidaturas son inconstitucionales.
En segundo lugar, violenta el Artículo 156, que establece la “irrenunciabilidad” del Presidente y del Vicepresidente de la República. Esta disposición constitucional determina que dichos funcionarios sólo pueden dejar sus cargos “por falta grave” que debe ser comprobada por la Asamblea Legislativa. La licencia otorgada a Bukele y a Ulloa es ilegal, pues la razón no es válida.
En tercer lugar, como señalan las organizaciones, la licencia a Ulloa también violenta el Artículo 152 (inciso 6), según el cual corresponde al Vicepresidente asumir la Presidencia de la República en ausencia del Presidente.
En cuarto lugar, se violentan los artículos 153 y 168 referidos al nombramiento de los designados presidenciales. Es notorio el hecho que Bukele no presentó una terna, sino sólo a una persona; y la Asamblea no verificó si Claudia Juana Rodríguez, la secretaria personal de Bukele designada a la presidencia, cumplía o no los requisitos.
Y en quinto lugar, se violaron los incisos 14 y 15 del Artículo 131, según los cuales Bukele debía ir personalmente a pedir permiso a la Asamblea Legislativa y la designada presidencial electa tenía que llegar para ser juramentada en el cargo. Ambas cosas no sucedieron.
A lo anterior se suma el hecho que los diputados y diputadas oficialistas aprobaron mantener los privilegios y prerrogativas del cargo, tanto al Presidente como al Vicepresidente; es decir: seguridad, residencias, transporte, viáticos e inmunidad.
Así que ahora sí, El Salvador no tiene Presidente. Lo que tenemos es un sujeto enfermo de poder que quiere perpetuarse en el cargo pasando por encima de la Constitución y las leyes, usando como fuente de legitimación los altos niveles de popularidad logrados mediante una eficaz estrategia de propaganda.
Lo que hay es un gobernante de facto cuya deslegitimación empezó el 9 de febrero de 2020 cuando asaltó con militares y policías la Asamblea Legislativa, siguió con la toma de la Sala de lo Constitucional (y la Fiscalía) el 1o de mayo de 2021 y culminó con su candidatura inconstitucional inscrita el mes pasado por los cobardes magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
El Salvador no tiene Presidente ni Vicepresidente. Existe una persona formalmente usurpando el cargo y un mandatario de facto que sigue gobernando ilegalmente mientras hace campaña electoral inconstitucionalmente.
*Periodista y activista social.
