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La estratégica Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, viagra de la Asamblea Legislativa, aprobó el lunes una transferencia de recursos por un monto de $ 9.5 millones, provenientes de un ahorro por la reducción de la factura petrolera internacional, para ser destinados, entre otros rubros, a más de 35 mil familias amenazadas por la hambruna a causa de la sequía.
El monto proviene del Ministerio de Economía por la reducción del financiamiento al subsidio del gas licuado, y por la caída internacional del precio del crudo en los últimos años, explicó la presidenta del congreso Lorena Peña.
Además de los afectados por la sequía, el dinero será empleado para sufragar un programa de ayuda a miles de veteranos de la pasada guerra civil salvadoreña (1980-1992), a los que el Estado destinará $ 2,5 millones, $ 950 mil de los cuales irán para desmovilizados del FMLN, y el resto para el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), detalló la funcionaria.
Otros $ 1,488,410 millones serán entregados a la Fiscalía General de la República (FGR), de los cuales $ 1,040, 300 serán destinados para el pago de servicios jurídicos internacionales, por el litigio entre el Estado salvadoreño y la transnacional Pacific Rim, ahora OceanGold, indicó Peña.
El resto del monto dirigido para el Ministerio Público, $ 448,110, agregó la parlamentaria, servirá a la Fiscalía para cubrir un “déficit” en el pago de los servicios básicos, mantenimiento y arrendamiento de locales, entre otras cosas, así como para los gastos de la Dirección y Administración de esa institución, así como para el reintegro de fondos a esa institución por procesos jurídicos relacionados con los proyectos FOMILENIO-MECO.
La Procuraduría General de la República (PGR) también recibirá del ahorro del gobierno, $ 440 mil para cubrir remuneraciones en lo que queda del año y un déficit en el pago de Bienes y Servicios, indicó la parlamentaria.
El ramo de Justicia y Seguridad Pública recibirá $ 2, 413,830 millones para cubrir los gastos en alimentación, al mes de septiembre, de una población reclusa que sobrepasa las 30 mil personas, dijo la presidenta del congreso.
Otros $ 2,640,000 millones irán al Ministerio de Agricultura y Ganadería para cubrir la alimentación de más de 35 mil familias amenazadas por la hambruna en los próximos meses a causa de la sequía que ha afectado a este país desde abril último.
“Es prioridad atender a estas familias que se han quedado en la calle”, exclamó la parlamentaria, quien advirtió que los afectados por el fenómeno meteorológico, “no tienen para comer ya, ni para comercializar”.
Presupuesto General
Peña también anunció que la otra semana inicia el desfile de funcionarios por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para explicar o justificar los recursos que han solicitado para su funcionamiento de sus instituciones en 2016, incluido en el Presupuesto General de la Nación para ese período, que es de $ 4, 860 millones.
El primero en asistir a la cita del lunes próximo será el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Oscar Cabrera, “para que explique las bases económicas sobre las cuales se sustentan las proyecciones del Presupuesto”, dijo Peña.
También lo hará ese mismo día el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, “para nos explique sus proyecciones de ingresos y gastos para el 2016”, dijo la funcionaria.
El titular de Obras Públicas, Gerson Martínez, también tiene previsto llegar el lunes al seno de la comisión legislativa para justificar el presupuesto solicitado por su Cartera de Estado, que no fue detallado por las autoridades de Hacienda, aunque se prevé que los Gastos Corrientes, es decir, mantenimiento de infraestructura, construcción del nuevo edificio de la Fiscalía y del hospital de San Miguel, que corren por cuenta del MOP, es de $ 3,500 millones.
Por otra parte, Peña confió en que el congreso apruebe antes de concluir 2015 un impuesto a la Seguridad Pública, del que existen en el parlamento varias propuestas, entre ellas aumentar el cobro de un impuesto al consumo de la telefonía, encarcelar a los evasores y cobrar impuesto a las empresas que obtengan más de $ 500 mil en ganancias.
