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Tomado de Univisión
En los dos primeros años de gobierno el presidente Joe Biden ha emprendido más acciones ejecutivas que su antecesor Donald Trump encaminadas a la recuperación del debido proceso, pero los esfuerzos de la Casa Blanca por reducir el tamaño de la crisis en la frontera con México no han sido los esperados. Tampoco soluciones permanentes para los 11 millones de indocumentados que viven en el país.
Así lo determina un estudio elaborado por el Instituto de Política Migratoria (MPI) publicado este jueves titulado ‘Biden at the Two-Year Mark: Significant Immigration Actions Eclipsed by Record Border Numbers’ . En el documento los investigadores señalan que el mandatario demócrata ha tomado 403 acciones ejecutivas migratorias en los dos primeros años de gobierno frente a las 476 emprendidas por su antecesor republicano, Donald Trump, en sus cuatro años.
A pesar del alto número de decretos y memorandos para anular gran parte de las medidas del gobierno anterior y deshacer la denominada política migratoria de ‘tolerancia cero’, una de las principales conclusiones del reporte es que “la crisis en la frontera sur persiste”.
Durante el año fiscal 2022 agentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) llevaron a cabo 2,378,944 arrestos en la frontera con México frente a 1,734,686 detenciones registradas en el año fiscal 2021.
El informe fue elaborado por los analistas del MPI Muzaffar Chishti y Kathleen Bush-Joseph.
Cambios silenciosos
El informe señala que, a pesar de los esfuerzos, la Casa Blanca “no ha podido lograr los cambios legislativos radicales en el sistema de inmigración de Estados Unidos que prometió Biden al asumir el cargo”, situación que deja al gobierno con una baja capacidad de respuesta para atender una crisis agravada en la última década y un sistema migratorio deficiente que rige desde 1965.
Las distintas acciones, llevadas a cabo por los departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS), al igual que en el gobierno anterior, han permitido una “transformación silenciosa” de la aplicación de la ley de inmigración en el interior del país, pero parte importante de los resultados penden de decisiones judiciales tras demandas de estados gobernados por republicanos quienes añoran las restricciones antiinmigrantes de Trump.
Una de ellas son las prioridades de deportación. Desde un comienzo del mandato de Biden la Casa Blanca desmanteló las preferencias del gobierno anterior, quien criminalizó la estadía indocumentada y puso en el banquillo de las deportaciones a los 11 millones de indocumentados. Además, redujo al mínimo la política de asilo, un recurso legal disponible autorizado por el Congreso.
Biden, por el contrario, priorizó las deportaciones de aquellos inmigrantes que constituyen una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos y recuperó el debido proceso en la frontera para despejar el camino del asilo y que sean los jueces de inmigración quienes decidan el futuro de los peticionarios en Estados Unidos.
Sin embargo, a pesar de la férrea defensa mostrada en un comienzo, entre octubre y enero el mandatario cambió la política de asilo, sin la autorización del Congreso, para limitar el acceso al asilo a inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Y la Corte Suprema de Justicia decidirá en el verano el futuro inmediato de las prioridades de deportación vigentes desde 2021.
Los más afectados
Los autores del documento señalan que las acciones ejecutivas de Biden “han tocado muchas facetas del sistema de inmigración”. Y que, si bien la mayor parte de la atención pública y política se ha centrado en la frontera con México, “que está experimentando niveles récord de encuentros con migrantes, se ha revisado la aplicación de la ley de inmigración dentro de Estados Unidos”.
Pero entre ambos grupos de inmigrantes, los 11 millones de indocumentados y los cientos de miles que huyen de sus países en busca de asilo en Estados Unidos, quienes están fuera quizás sean quienes más se han visto afectados por restricciones que no desaparecen, como la aplicación del Título 42 (que permite deportaciones expeditas por la pandemia) y la incertidumbre de ganar un caso de asilo en una Corte de Inmigración que rebasa los 2 millones de casos.
En cuanto a los indocumentados que están dentro del país, muchos de ellos por más de dos décadas con familias establecidas e hijos y cónyuges estadounidenses, les queda todavía la esperanza de que el Congreso alcance un acuerdo bipartidista en ambas cámaras y apruebe un camino a la ciudadanía. Pero por ahora no existen indicios, quizás hasta después de las elecciones presidenciales de 2024.
“Los abrumadores desafíos en la frontera sur, que está experimentando niveles récord de encuentros con migrantes por parte de la CBP, han eclipsado las acciones en otras partes del ámbito de la inmigración”, escribieron los autores.
Entre esos cambios citan, por ejemplo, la publicación de un nuevo reglamento de DACA para alejar los argumentos de demandas en contra del plan original de 2012, ampliación del Programa Alternativas de Detención (ATD), esfuerzos por disminu9r los retrasos en los tribunales de inmigración; cambios en el sistema de inmigración, nuevos Estatus de Protección Temporal (TPS) y en enero un programa de libertad condicional de dos años para inmigrantes de Cuba, Haití y Nicaragua, quienes fueron agregados a un plan anunciado en octubre para venezolanos.
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