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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
A la utilización de las instituciones públicas, especialmente del sistema judicial, para perseguir opositores, se le ha dado en llamar “lawfere”.
Este “lawfere” también es utilizado para impedir el acceso de unos a las instancias de gobierno y para mantener el orden al servicio de sectores dominantes, y se ha convertido en una práctica bastante extendida en nuestro continente.
Se utilizó en Brasil, Ecuador, Argentina, Paraguay y se utiliza aquí en nuestro país El Salvador.
Generalmente usan la mentira como arma predilecta, en campañas de descrédito contra personas o fuerzas sociales y políticas, que les son inmanejables. Operan esas campañas a conveniencia de quienes manejan como “poder real, detrás de las instancias legalmente constituidas.
Se crean dudas, animadversiones y odio hacia personas o movimientos sociales y políticos; la burla, para procurar el debilitamiento de su credibilidad y, sobre esa base, instruyen procesos judiciales mediante la manipulación de funcionarios, en instituciones claves en el control, en las fiscalías o procuradurías y jueces, de modo de obtener condenas judiciales y, a la vez, contra las personas o fuerzas objeto de persecución.
Eso hicieron contra Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, contra su ex vicepresidente y contra ex funcionarios de la Revolución Ciudadana ecuatoriana, que supo aplicar una reforma constitucional e impulsar cambios importantes para la vida de sectores que eran excluidos.
Eso hicieron Contra Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, y eso hacen en El Salvador contra varias decenas de ex funcionarios de los gobiernos del FMLN.
En Argentina, el blanco principal de esa persecución ha sido la actual vice presidenta de la república, Cristina Fernández de Kirchner, y otros. En esta semana, por esa vía, consiguieron contra Cristina una condena judicial a seis años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Una importante diferencia, en este último caso, es que una gran mayoría del pueblo argentino asumió con claridad el proceso judicial, como lo que es: persecución política, lo ha señalado, lo ha condenado, ha hecho evidente su repudio a ese proceso viciado.
Y, lo más importante, es que antes de que se produjera esa condena han evidenciado la forma en que personeros del gran capital de ese país, de medios de comunicación de ese país, de jueces y fiscales vinculados al proceso, viajaron juntos en avión privado hacia un exclusivo lugar propiedad de una persona beneficiada de ese sistema, seguramente a recibir instrucciones ilegitimas e ilegales de ese poder mafioso.
Eso no es acorde a la conducta que se supone deben tener jueces y fiscales.
El presidente Fernández, denunció el hecho y ha pedido una investigación penal de esa conducta. No hay donde perderse, el poder económico teme que Cristina sea candidata a la presidencia y necesitan impedir que eso ocurra.
Eso es el lawfer, eso es la persecución judicial a políticos incomodos, “locos”, capaces de hacer de la función pública algo beneficioso para las mayorías, un ejercicio autónomo que no conviene a quienes quieren mantener privilegios económicos, políticos, judiciales, para hacer y disponer de los recursos y del trabajo de la gente.
Tanto en Brasil como en Argentina, esas prácticas están al descubierto. Son condenadas por mucha gente, en esos países y por gobernantes, fuerzas políticas y personas que rechazan el uso abusivo, la instrumentalización de las instancias estatales para beneficio de pequeños grupos privilegiados.
Aquí, en nuestro país, para adormecer a los seguidores de los actuales gobernantes, para alimentarlos con odio, para hacer olvidar el precio del frijol y el maíz, para engañar con una falsa reforma de pensiones, para que la gente consuma el miedo de los cercos militares y las capturas ilegales; se miente, se calumnia, se gastan fondos públicos en campañas de odio.
También aquí, como en Brasil y Argentina, un día se debe lograr que más personas sepan la verdad que hay detrás de la persecución y del afán de mantener en la cárcel a unos, en el exilio a otros y callados a muchos.
Esa es la política de quienes buscan afanosamente reafirmarse en el poder, cambiar el orden constitucional y consolidar un régimen de dictadura.
Por ahora la verdad se oye menos que la mentira, pero eso no durará siempre, porque cada vez las víctimas de esa forma de ejercer poder se darán cuenta que, con su apoyo a este tipo de gobiernos, solo afilan el cuchillo con el cual el sistema se vuelca contra ellos mismos, como estará ocurriendo ya con parte de sus propios sirvientes.
La instrumentalización del sistema judicial con fines de persecución política, debe ser desenmascarado y derrotado.
