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Al menos 139 guías y funcionarios siguen retenidos en cinco cárceles de Ecuador

QUITO/Xinhua

Al menos 125 guías penitenciarios y 14 funcionarios administrativos continúan retenidos en cinco cárceles de Ecuador, tras disturbios y amotinamientos ocurridos el pasado lunes, informó este miércoles el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Los retenidos están en las cárceles de las provincias de Azuay y Cañar (sur), de Napo (centro-norte), Tungurahua y Cotopaxi (centro), por lo que “la Policía Nacional y Fuerzas Armadas continúan trabajando articuladamente” para su liberación, indicó a los periodistas el servicio estatal de prisiones de Ecuador.

Los incidentes en las cárceles ocurrieron después de las autoridades confirmaran el domingo la fuga de Adolfo Macías, alias “Fito”, el principal narcotraficante del país y líder de la banda criminal “Los Choneros”, de la Cárcel Regional 8 de la ciudad de Guayaquil (suroeste), sin dejar rastro.

Los disturbios, que derivaron en la retención de funcionarios penitenciarios, se dieron además en rechazo al traslado de líderes de bandas criminales a otros penales y a la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad para aislar a los presos más peligrosos.

La situación llevó al presidente Daniel Noboa a ordenar la intervención de militares y policías en los centros carcelarios para retomar el control, el cual todavía no se recupera en algunas prisiones.

El SNAI no ha confirmado posibles víctimas durante las revueltas en las cárceles, después de que en las últimas horas circularan en redes sociales videos de reos ahorcando a guías penitenciarios.

En todo el territorio nacional, incluidas las cárceles, rige desde el lunes pasado un estado de excepción decretado por el Gobierno, ante la escalada de la violencia en el país desencadenada por la actividad de grupos narcoterroristas.

La medida, que durará 60 días, incluye un toque de queda nocturno.

Adicionalmente, el martes, el mandatario declaró “conflicto armado interno” en el país, tras la inédita irrupción de hombres encapuchados armados en un canal de televisión y una serie de hechos violentos en varias ciudades, que han dejado 10 muertos y más de 70 detenidos.

La declaratoria implica el despliegue e intervención de los militares para neutralizar a 22 grupos identificados como “terroristas”.

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