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César Ramírez
@caralvasalvador
Hemos estudiado en artículos anteriores el fenómeno de la crisis económica de 1931, aquél escenario configuró elementos externos e internos como el momento actual 85 años después, he dejado claro que no es una traslación mecánica de eventos de la situación histórica, pero son acciones demostrables y verificables, incluso con datación de Diario Latino. Entre los antecedentes mencionados tenemos, incumplimiento de pago a maestros, fuga de oro, monedas circulando que el público se niega a aceptar y demandas por el decreto de emergencia 09OCT931: “Fondo de oro intangible en custodia”, etc., que es simplemente una acción constitucional de Gobierno legítimo de Araujo.
Los banqueros norteamericanos del Anglo South American Bank Ltd, de Londres publicaron en Diario Latino el día 18 de noviembre de 1931, ocho días antes del Golpe de Estado, el informe rendido por el Presidente del Consejo de Directores a la Junta General de Accionistas el 20 de octubre 1931, lo calificaron así: “últimamente la situación ha empeorado hasta el grado que el gobierno se vio obligado a decretar moratoria parcial para evitar la salida del oro y proteger el cambio. Parece que el gobierno tendrá que considerar un plan financiero a plazo largo para aliviar la situación y conseguir el equilibrio del presupuesto…” hablamos ahora de términos muy cotidianos en este momento, pero ello no debe causar confusión sobre el tema, distinguiendo entre el colapso del patrón oro y en nuestro caso de un potencial incumplimiento de pagos que paradójicamente no es por falta de dinero, sino por leyes que han afectado al Estado en su obligación dineraria por el sistema de pensiones y otros compromisos fiscales.
Es muy significativo que las leyes se interpreten como intereses privados y no como objetivos nacionales, afectando de esta manera a los trabajadores en sus propios recursos.
Si hace 85 años un decreto de “emergencia” fue la respuesta al caos económico ¿por qué el escenario no podría repetirse? Si la Constitución de la República prevé este caso en los artículos 29, 30, 31 y el régimen de excepción podría continuar indefinidamente mientras no se reestablezcan las condiciones que generaron tal crisis. De tal forma que gobernar por decreto legislativo o ejecutivo sería cuestión de paz social, puesto que en nuestro caso no es por falta de activos o dinero circulante, es por un bloqueo político perverso que tiene por objetivo conducir a la nación al caos.
Es muy sintomático este fenómeno político, puesto que de llegar a ese extremo las entidades bancarias internacionales que tienen arraigo local serían las principales intervenidas, de igual forma todo el sector privado pues sus valores caerían en las bolsas internacionales con resabios de daños incalculables. Es un suicidio económico-político y no contribuye a solucionar los problemas de seguridad, educación, saludos, infraestructura etc… olvidando que el arte de la política es “hacer el bien a la nación”.
La confusión de algunas personas es considerar al Gobierno como extensión de un Partido político, puesto que si lo consideramos de esa forma, nunca se logrará la gobernabilidad de la nación… los proyectos de beneficio económico-social en las poblaciones son para todos.
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