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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Coordinación General de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva (ALAMES) se adhierió a la campaña internacional por la liberación de los ambientalistas salvadoreños, quienes guardan detención desde el pasado 11 de enero del presente año, y quienes han sido trasladados a diferentes centros penales, como el de Izalco.
A cuatro meses de su captura esa madrugada de ese miércoles 11 de enero, mediante un amplio dispositivo policial y agentes de la Fiscalía, fueron detenidos cinco líderes comunitarios y defensores de derechos humanos y ambientales de ADES y de Santa Marta.
Los líderes comunitarios Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas, junto a los directivos de ADES, Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas, siguen acumulando adhesiones nacionales, regionales e internacionales, así como organismos de derechos humanos como la ONU y la CIDH.
En un pronunciamiento a la Comunidad Internacional, la Coordinación de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva (ALAMES) expresó su “creciente preocupación por la deriva del gobierno de Nayib Bukele hacia el autoritarismo, la supresión de libertades y derechos fundamentales, la concentración del poder y el ejercicio despótico de este último”.
ALAMES alegó que esa “política dictatorial” provoca la intolerancia extrema y, por tanto, la utilización de tortura y manipulación de la información, sin importar la justas demandas de la población.
Entre sus observaciones ALAMES menciona que la “captura arbitraria” de estos cinco defensores ambientales y de derechos humanos se enfrentaron al gobierno a partir que la Comunidad Santa Marta, se ha distinguido por su organización social y la defensa de los bienes naturales como el agua y la tierra frente a la minería metálica.
La detención arbitraria de los 5 líderes comunitarios ha sido por oponerse al proyecto minero del presidente (Nayib Bukele), acto que fue precedido por otros que apuntaban a convertir en letra muerta la Ley de Prohibición de la Minería Metálica (aprobada en 2017 por amplio consenso nacional), agrega ALAMES.
“La inclusión del país en un foro intergubernamental que promueve la minería, el regreso de las mineras, la creación de una Dirección de Minas e Hidrocarburos, reactivación de prestanombres tratando de comprar tierras sobre los presuntos yacimientos fueron algunos actos premonitorios”, señala ALAMES.
En cuanto al proceso judicial que se les sigue a los cinco ambientalistas, ALAMES señaló enfáticamente que la evolución de este caso ha estado “plagado de violaciones” a los derechos humanos que inicia con la arbitrariedad de las detenciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de “pruebas inconsistentes” y el incumplimiento de los tiempos procesales que son 72 horas según la ley.
“Ya suman 4 meses en privación de libertad, una base jurídica inconsistente y errónea que tergiversa y viola el marco jurídico que emergió de la Declaración Franco-Mexicana, los Acuerdos de Paz (1992) y la Ley de Reconciliación Nacional”, agrega.
ALAMES no solo critica la detención provisional injustificada, sino también la reserva total del proceso afectando el derecho a la información y la libertad de prensa. A lo anterior se suma el rechazo injustificado de petición de la defensa de dictar medidas sustitutivas a la detención provisional y el confinamiento extremo privando a los detenidos de asistencia en salud y pruebas de vida a sus familias (en una situación de centenares de muertes en los centros penales con señales de tortura y/o supresión de medicamentos) .
ALAMES invitó a la “Comunidad Internacional a sumarse a la Campaña por la libertad de los capturados, denunciando y demandando al Gobierno de El Salvador”, así como, el cese a la criminalización de la protesta social y el rechazo a la exploración y explotación minera en El Salvador.
