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Buenos Aires / Prensa Latina
El presidente argentino, Alberto Fernández, encabezó el viernes la primera reunión del Consejo Federal contra el Hambre, en la que convidó ante referentes empresariales, sindicales y organizaciones sociales, a poner todo el empeño para acabar con este flagelo en el país.
‘Este plan no es el plan del gobierno ni de Alberto Fernández, es el plan de la Argentina. No soy el dueño de este plan, los dueños somos los argentinos de bien que no queremos que ningún pase hambre’, le apuntó el gobernante a varias personalidades presentes.
Al encuentro asistieron, entre otros, el escritor Martín Caparrós, el locutor Marcelo Tinelli, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y varios rostros del sindicalismo y el sector empresarial.
Fernández llamó a desterrar el nosotros, ‘de quienes somos, cómo pensamos y que representamos y admitir lo indigno que es ser parte de una sociedad que no se preocupa por la gente que pasa hambre’.
Acompañado por varios ministros el mandatario insistió en tratar el problema del hambre de manera integral tras señalar que esta iniciativa es una política de Estado para garantizar el derecho a la alimentación de la población vulnerable.
El plan abarca varios ejes entre estos garantizar la alimentación a través de la Tarjeta Alimentar, de recarga mensual y habilitada exclusivamente para la compra de alimentos, que no permitirá la extracción de dinero ni compras de otro tipo de productos, como bebidas alcohólicas.
Sus beneficiarios directos son quienes cobran una asignación universal por hijo (AUH), una asignación por embarazo o una por discapacidad. Además, se propone la figura del Promotor de Seguridad Alimentaria y Nutricional, a cargo de los gobiernos provinciales y encargados de realizar el asesoramiento nutricional pertinente a los titulares de este derecho.
El programa cuenta con dos entidades encargadas de articular, monitorear y evaluarlo, entre ellas el Consejo Federal Argentina Contra el Hambre conformado por el Ejecutivo nacional, los Gobiernos provinciales y municipales con las organizaciones sociales, religiosas, los sectores laborales, económicos, productivos, las universidades y los medios masivos de comunicación.
