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Luis Arnoldo Colato Hernández
Ecuador. El día 27 de julio y sobre el tema de la financiación de las pensiones, un diputado de la oposición y a través de Twitter publicó una suerte de queja en torno al porcentaje que de los fondos de pensiones se autorizó a utilizar por parte del Estado, comenzando por aquel 30% que autorizó el señor Saca, hasta el 50% solicitado por la actual administración, poniendo en duda si ello alcanzará para atender tal obligación, y ¡por supuesto que no alcanzará!
No alcanzará porque el gobierno administra un Estado que no produce merced a la improductividad heredada de acuerdos y tratados celebrados por la derecha, y que acabó, por ley, con toda forma de producción en aquellos años y que ahora padecemos.
Baste recordar cómo los activos del Estado fueron privatizados, vendidos y concentrados en pocas manos, incrementando las fortunas de las élites y empobreciendo a la ciudadanía.
Las pensiones para el caso, se entregaron a las AFP quienes las administran ahora mismo, y habiendo generado a la fecha, beneficios para sus dueños de alrededor de 1,600 millones, mientras que los pensionados reciben pensiones del 30% de su salario, que impone el artículo 100 de la ley de pensiones (para ejemplificar, si una persona gana $900 como salario, recibirá $240 y por ley), por lo que las pensiones son “de hambre” en el actual modelo, y durarán mientras haya ahorros del pensionado, lo que no excede apenas 10 años en el mejor de los casos, para ser retomada luego por el Estado, que no percibe ningún aporte del mismo o de las AFP.
Es como se nota, un gran negocio que beneficia a los privados, que sin mayor riesgo y a costa de los trabajadores se han agenciado una gran fortuna.
Por ello la defensa a ultranza del modelo actual, al extremo de que el poder judicial se oponga a través de la Sala de lo Constitucional, al uso de tales recursos por parte del Estado y para favorecer siempre a los privados, quienes ganan más invirtiendo en otros rubros que en el Estado, que pagará menos intereses naturalmente.
De ahí que el problema de origen que demarca las pensiones debe ser abordado finalmente y de modo estructural, superando el permanente problema de su financiación en que ha degenerado la administración de los mismos por privados, y que idealmente debe ser a través de la administración de los mismos y de modo solidario, por el Estado, excluyendo a privados, asegurando que cada nueva generación laboral sustente con sus aportaciones a la generación anterior, que hará lo mismo con la que la antecedió, y que con el mayor volumen de la masa laboral de cada nueva generación, garantizará mejores pensiones, vitalicias y dignas, lo que históricamente se ha demostrado es el modelo más eficiente.
Es, por tanto, la solución un problema de voluntad política y sentido común, de imponer los intereses de las mayorías a los de las élites, lo que no será difícil si se es patriota. Verdaderos patriotas.
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