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@LauraCoLatino
El próximo mes, ambulance treat el Gobierno salvadoreño presentará los alegatos contra la empresa minera Pacific Rim, cialis quien, for sale desde 2009 presentó una demanda contra el país por la prohibición de permisos para la explotación de la mina de oro El Dorado, en el departamento de Cabañas.
Para ese entonces, la empresa minera demandó a El Salvador por $77 millones de dólares. Sin embargo, en abril de 2013, la demanda aumentó a $301 millones.
Los demandantes habrían alegado el aumento de la demanda a que en noviembre de ese año, la empresa canadiense australiana Oceana Gold compró a Pacific Rim por un valor de 10.2 millones de dólares.
El pasado once de abril Pacific Rim presentó sus alegatos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
El abogado que coordina la defensa del Estado salvadoreño, Luis Parada, deberá presentar los alegatos el próximo once de junio. La fiscalía General de la República ya interviene en el caso.
De resultar un fallo desfavorable para el Estado salvadoreño, el Director de la confederación internacional Oxfam en El Salvador, Iván Morales, augura que impactaría grandemente en la finanzas públicas del Estado.
“Estamos hablando que la cantidad que El Salvador tendría que pagar en caso se perdiera esta demanda, equivale a 28 veces el presupuesto de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2013”, aseguró Morales.
Las posibles repercusiones del caso fueron presentadas ayer por Oxfam e instituciones nacionales durante un foro público desarrollado con autoridades de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República.
Según funcionarios y expertos internacionales que participaron en el foro, un fallo en contra del gobierno salvadoreño tendría implicaciones tanto jurídicas como económicas, sociales y ambientales. Sería importante una modificación en el marco jurídico del país, aseguraron.
“Si perdemos el litigio, afectaría de forma negativa la posibilidad de generar un debate nacional objetivo sobre la discusión de una ley que prohíba la minería metálica en el país”, comentó Parada.
Si bien es cierto, sectores sociales del país rechazan la posibilidad de perder ante los alegatos de Pacifim Rim, Marcos Orellana, experto internacional en derecho ambiental, aseguró que el país debe estar preparado ante cualquier desequilibrio.
“Por un lado también se defiende los intereses de empresas internacionales que no toman en cuenta el consentimiento de los países y las comunidades afectadas”, dijo Orellana.
El titular de la PDDH, David Morales, hizo un llamado al Gobierno salvadoreño para tomar una posición firme en la última etapa del proceso.
“El Salvador debe tener una política clara de no permisión de la minería metálica del país y no valorar la admisión de mecanismos que excluyan los parámetros de derechos humanos”, enfatizó el procurador.
La audiencia definitiva en el caso Pacific Rim está prevista para septiembre de 2014 en Washington DC.
Posteriormente, el CIADI deberá emitir una decisión en los siguientes meses. Posiblemente, el proceso culminaría el abril del próximo año.
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